En medio del escándalo de acoso laboral y sexual que salpica al defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, el defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales, renunció este martes a su cargo.
Luego de que la exsecretaria privada del Defensor del Pueblo renunciara a su cargo por supuesto acoso laboral, y que el periodista Daniel Coronell lo denunciara en una publicación, sumándole una denuncia de acoso sexual al hecho, Luis Manuel Castro, otro de los funcionarios más cercanos al Defensor Otálora, también dimitió de su cargo:
“Renuncio porque considero que con su decisión (la del Defensor) de no separarse del cargo, la gestión de la Defensoría se verá afectada, especialmente, su legitimidad para asumir la defensa de los derechos de las mujeres; renuncio porque dado el contenido de las acusaciones en su contra, ética y políticamente, en mi criterio, usted podría renunciar, sin que ello necesariamente suponga una aceptación de responsabilidad penal o disciplinaria frente a los señalamientos en su contra”. El anterior, es uno de los argumentos expuestos por Luis Manuel Castro en su carta de renuncia.
Frente a las pruebas que reveló Astrid Cristancho por medio de la columna de Daniel Coronell, el alto funcionario agrego que, “ante la dimensión y la envergadura de las acusaciones, lo mejor sería que usted (el Defensor) se defendiera apartado de su cargo”.
También, advierte que aunque hay “personas que guardan una relación de lealtad con usted (Otálora) y que por ello se sienten en la obligación de acompañarlo en estos momentos”, Castro dice que, no se incluye “en ese grupo de personas”, pues su compromiso desde que ingresó a la entidad “ha sido con la función y el servicio público y, en este caso, con la defensa honesta de los derechos”.
Finalmente en su misiva de tres páginas, Luis Manuel Castro, dice que quiere creerle a Jorge Armando Otálora. “Quiero creer en su versión de los hechos, por eso sinceramente espero entonces que tenga todas las garantías en los ámbitos penal y disciplinarios, pero también que su respeto por la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos sea superior a su interés personal por demostrar la falsedad de las acusaciones”.
