Un documento de la DIJIN fechado el 7 de noviembre de 1985 deja ver que el manejo de los cadáveres de algunos magistrados no fue el apropiado y que se usaron para intentar conseguir información de sus deudos.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual el Gobierno Nacional pedirá perdón por las omisiones y responsabilidades en los asesinatos y desapariciones en el marco de la toma y retoma del Palacio de Justicia, relaciona un documento de la DIJIN, el cual da cuenta de la identidad de varios cuerpos dispuestos en un cuarto de Medicina Legal destinado para los guerrilleros muertos en los hechos, además del uso de los cadáveres como medida para obtener información sobre sus actividades sin importar que los miembros de la DIJIN supieran que algunos no eran miembros del M-19.
El documento está fechado el 7 de noviembre de 1985, día en el que terminan los combates y se desaloja el edificio. La CIDH y los distintos organismos judiciales han sido claros en señalar que el levantamiento de los cadáveres, su manejo y el tratamiento del lugar en donde ocurrieron los hechos fueron, cuando menos, irregulares. Este documento daría cuenta de ese mal manejo por parte de la fuerza pública.
El folio lo usa la CIDH como prueba de que el cuerpo del magistrado Carlos Horacio Urán fue mezclado con los de los guerrilleros. La revisión de dicho documento permite ver que no fue el del magistrado Urán el único cadáver de alguien ajeno al M-19, que estuvo en ese cuarto.
Según se desprende de ese folio de la DIJIN, relacionado con “Asunto: Orden”, en ese cuarto de Medicina Legal fueron puestos los cuerpos de los vigilantes del sótano del Palacio de Justicia que cayeron muertos durante la entrada del comando que tomó el edificio.
También hay que mencionar la presencia de los cuerpos de los magistrados Manuel Gaona Cruz, Luis Horacio Montoya Gil y de los magistrados auxiliares Lisandro Juan Romero, Ana María Nieto, Luz Stella Bernal. junto a ellos estaban los cuerpos de guerrilleros como Andrés Almarales, uno de los comandantes de la acción.
La mencionada “Orden” tiene dos partes en las que da instrucciones sobre lo que debe hacerse con los cuerpos. “El señor comandante de guardia se servirá cumplir extrictamente (sic) la orden impartida por la Jefatura de la Sección Técnica de la Tejin, consistente en entregar los cadáveres que a continuación se relacionan a un solo deudo, el resto de las personas que los acompañen deberán permanecer fuera de la (sic) instalaciones en una parte visible y para ello deberá coordinar con los servicios de seguridad externa.
A continuación se hace la relación de los cuerpos presentes en el sitio, con su respectiva acta de levantamiento. Sin embargo los nombres de los magistrados auxiliares fueron agregados a mano sin acta relacionada.
A renglón seguido se puede leer “Nota: A las personas que vengan a reclamarlos se les deberá tomar una versión libre y espontánea sobre la relación que existió entre el occiso y reclamante, tratando de sacar buena información”. El folio lo firma José Tatis Pacheco jefe de la Sección Técnica del F2.
Una de las dudas que surgen al leer la nota es la razón para buscar información y el tipo de esta en los reclamantes de los cuerpos de los magistrados y de los magistrados auxiliares. Esta medida cobraría todo sentido de no tener certeza sobre la identidad de estos cuerpos, pero habiendo identificado plenamente los cadáveres no es claro por qué estaban mezclados en el mismo cuarto con los guerrilleros y por qué se necesitaba lograr información de sus familiares. Algo que sí es claro es que magistrados como Manuel Gaona Cruz habían tenido un papel protagónico en la limitación a los poderes que pretendían darse a las fuerzas armadas y de policía desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala.
Este documento deja entrever que el acceso a la verdad de lo ocurrido durante la retoma y después de esta aún está lejos de establecerse plenamente. Es claro que aún existen cientos de páginas y párrafos que podrían arrojar luz sobre hechos y motivos que hoy en día, 30 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, aún llenan de vergüenza a la sociedad colombiana.
