Alejandra Barrios directora de la Moe (Misión de Observación Electoral), habló con Confidencial Colombia, sobre las medidas que se tomarán en las próximas elecciones presidenciales en materia de fraude electoral. Además, sobre la transfiguración que ha sufrido el financiamiento de algunas campañas electorales, que se estarían valiendo de los recursos del Estado.
Barrios ha estado al frente de la dirección de la Moe desde su fundación en 2006. Hasta la fecha ha realizado siete observaciones electorales de orden nacional y más de 34 departamentales y municipales. Asimismo, ha sido observadora en diferentes misiones internacionales, y jefe de misión del Acuerdo de Lima en las elecciones presidenciales de Perú del 2009.
Teniendo en cuenta el gran número de denuncias de toda índole sobre fraude electoral, que fueron más de 2.000, como misión observadora electoral ¿Qué medidas tomarán para las próximas elecciones presidenciales?
Para este proceso electoral que se avecina para comicios presidenciales vamos a hacer lo que sabemos hacer. Primero, vamos a seguir recibiendo por parte de la ciudadanía información a nuestra línea atención las irregularidades electorales y en www.pilasconelvoto.com, por otro lado, lanzamos para este proceso electoral una aplicación móvil “Pilas Con el Voto”, en donde cada ciudadano puede ser un observador y señalar donde se están cometiendo posibles irregularidades y delitos electorales.
Asimismo, vamos a llevar unas propuestas concretas para mejorar la calidad del proceso a las autoridades electorales y con unas medidas especificas para la Registraduría y la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.
En el caso del candidato-presidente vamos a estar pendientes de que cumpla la Ley de Garantías. Ya vimos por ejemplo, este fin de semana como la Primera Dama estaba entregando las casas de vivienda gratis, eso no está prohibido por la Ley, ella no tiene ningún cargo ni ninguna función pública, solamente es la esposa del Presidente, pero son esas cosas que si bien no son ilegales empiezan a caminar por el filo. Es legitimo pero, es muy importante que siempre quede la claridad de que son programas del Estado y que esas casas gratis están financiadas con los impuestos que pagamos los colombianos, eso no sale del bolsillo del partido de la U ni de la Casa de Nariño, ni de ninguno de los miembros de la familia reeleccionista. Para los otros candidatos se hará esa observación con toda la normatividad electoral.
En lo que tiene que ver con las entidades electorales, y de manera particular con la Registraduría, hay unos temas que tenemos que ver con mucha seriedad y, es el tema de identificación de los ciudadanos, es decir, la biometría.
Pero además, lo que le vamos a proponer es que para este proceso electoral se establezcan unos mecanismos diferentes tan sencillos como un resaltador para señalar que una persona sí voto. Vamos a pedir el rediseño de los cubículos, pues por el tamaño del tarjetón se puede mostrar y ver, fácilmente, por quien se votó. Tiene que haber claridad sobre cómo votan las personas de la tercera edad, hay adolescentes de 14 años que acompañan al abuelito y votan por él y, por lo general, ellos son presionados por programas del Estado.
El uso de la biometría que fue usada en las regiones del país con más alto riesgo ¿mitigó un poco el fraude electoral o pasó sin pena ni gloria?
La biometría es un disuasor del fraude. Por eso nosotros no deberíamos tener biometría en todos los puestos de votación del país, sino en todas las mesas, pero tuvimos más de 160 puestos de votación con biometría eso es muy poco para un país que tiene más 99 mil mesas y 10 mil puestos de votación. Entonces, sí tenemos que pensar que la biometría se tiene que extender a todo el país. Debería ser un sistema que sea de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que no sea un sistema tercerizado o contratado.
Aquí, estamos haciendo las cosas al revés. Cada vez nuestras elecciones valen más y todos los equipos de tecnología y de modernización terminan siendo pagados por la Registraduría, pero al final esta maquinaria no le pertenece a la autoridad electoral.
¿Qué pasa entonces con el Registrador, está administrando de manera deficiente estos recursos?
No, solo que es una manera de contratación. Pero nosotros sí creemos que es una mirada de contratación completamente equivocada, porque lo que termina siendo es un contrato para poder tener biometría. Entonces qué hacen; la empresa con la que contratan va y compra las maquinas de biometría con plata de la entidad y después vuelven y se las alquilan, es decir todo queda en manos de un tercero.
Nosotros tenemos que empezar a recuperar las diferentes riendas del proceso electoral. Aquí todo es absolutamente tercerizado, es más ni siquiera la Registraduría es la encargada de escrutar, aquí escrutan algunas empresas, aquí elaboran los tarjetones esas empresas, son las empresas las encargadas de la organización de la jornada electoral, también de transmitir el conteo de votos. Entonces cuando vamos a mirar nos estamos enfrentando a grupos empresariales y asociaciones.
¿Se ha identificado que estos grupos empresariales y asociaciones tienen algún vínculo con políticos que faciliten el fraude?
Bueno, yo creo que lo que sigue ahora es ver cómo se conforma y cómo está compuesto ese gran mapa de la contratación para las elecciones, porque es un tema que normalmente no estábamos viendo, es un tema que no se ve en un proceso electoral.
Nosotros cuando estábamos en procesos electorales anteriores veíamos quiénes son los candidatos. En tiempos de la parapolítica lo que veíamos era si tenían relaciones con grupos al margen de la ley o si eran familiares de personas que ya estaban condenadas. También nos fijábamos en cuánto puede costar una campaña, dónde están sus centros de poder, veíamos si tienen relaciones con grupos armados ilegales o empresas de palma y con la minería. Es identificar de dónde viene la plata. Sin embargo, nunca hemos entrado a ver con juicio quién organiza el proceso electoral, quiénes son los socios de esas empresas, cuánto tiempo llevan organizándolas, qué tipo de responsabilidad tienen. Por ejemplo, en el 2011 se vio que en Casanare los tarjetones salieron con una marca en un candidato.
¿Cuál es el proceso de identificación que ustedes llevan para decir que tal o cual municipio está en alto riesgo de fraude electoral?
El proceso de la elaboración de los mapas de riesgo electoral es el resultado de un ejercicio técnico del que hace parte la Moe, también están las universidades de los Andes, del Rosario, De Justicia, Codes y La Flip. Ellos son los que aportan la información.
Establecemos unos criterios para definir cuáles son los riesgos electorales y efectuamos un análisis estadístico sobre resultados electorales para identificar comportamientos atípicos y, en lo que tiene que respecta al tema de la violencia, vemos cuáles son las bases de datos de hechos de violentos que puedan afectar el proceso.
Por ejemplo, para nosotros está en riesgo extremo un departamento donde hayan asesinado o secuestrado a un registrador auxiliar, o a un periodista que cubre temas políticos y electorales, eso significa que hacer ese tipo de investigaciones es una actividad de alto riesgo. Finalmente definimos si es riesgo alto, medio o extremo.
Luego de obtener las denuncias de los delitos por fraude electoral ¿qué hacen con ellas?
Todo llega a las autoridades. Enviamos información clasificada dependiendo del destinatario. También priorizamos a los que tienen mayor confiablidad. Llegamos hasta la distribución de las denuncias en las autoridades, es decir si van para Fiscalía o Procuraduría de ahí ya depende de la celeridad del aparato judicial.
Lo que si nos satisface es que en este momento se logró una coordinación muy importante con el Estado colombiano y con las diferentes entidades de control para la observación electoral.
Seguridad no es lo mismo que transparencia, esa fue la conclusión a la que llegaron ustedes sobre las pasadas elecciones el 9 marzo. Esto comparándolo con anteriores procesos electorales no había sucedido, entonces ¿Qué pasó?
Esa afirmación resume lo que fue este proceso electoral. Indiscutiblemente fueron las elecciones más seguras, el mayor hecho de violencia política fue el atentado a la candidata, Aida Abella, en el departamento de Arauca. Es obvio que eso no debió pasar, pero nosotros venimos de procesos electorales en donde los candidatos estaban secuestrados, los mataban o donde los desplazaban, por ejemplo, en el Cauca normalmente las elecciones eran afectadas porque las Farc hacían algún tipo de acción violenta, afortunadamente esta vez no se vio.
Teniendo en cuenta esto ¿los diálogos de paz que se adelantan en La Habana influyeron para que los hechos violentos se redujeran?
Aquí ocurrieron dos cosas. En primer lugar, las Bacrim no se comportan de la misma manera que los paramilitares, es decir, tienen lógicas de comportamientos y de relación con el territorio totalmente diferentes.
Cuando nosotros estamos hablando de paramilitarismo y política estamos hablando de una relación muy fuerte con políticos de la región con grupos armados ilegales que obligan a las personas a votar por determinado político. También se daba el caso de que tenían candidatos únicos porque a los otros los habían matado o los tenían amenazados.
Las Bacrim no funcionan así. Ellos tienen intereses económicos y territoriales que guardan relación con la economía ilegal, es decir, aprendieron la lección: si yo me meto con políticos puedo terminar mal, pero además funcionan totalmente diferente. Aquí no hay ‘Mancusos’, ni ‘Jorges 40’, lo que tenemos son narcotraficantes, contrabandistas de precursores químicos y que se relacionan con la minería ilegal.
Y en segundo lugar, sí hubo un impacto de las negociaciones en la Habana, en el Sur Oriente del país (Vichada, Vaupés, Guainía…). Antes se organizaban paros armados para evitar que la gente votara en estas elecciones, esta vez no lo fue así. Pero vamos a ver qué pasa con las elecciones locales, porque allí sí la minería y el tema de restitución de tierras están directamente relacionados.
Lo que sí se dio fue un telón de fondo que silencioso. Porque un candidato asesinado llama más la atención que las estructuras clientelista. Es decir, el Estado como botín. Ya no son los narcotraficantes los que dan plata, justamente lo que pasó con el proceso 8000, ya no hay un Pablo Escobar que financie campañas.
¿Entonces, ahora es la famosa ‘mermelada’?
Es la contratación del Estado en donde tienen la capacidad de decidir sobre estas contrataciones, pidiendo unos porcentajes de los mismos y como en Colombia no hemos sido capaces de tener unas buenas interventorías para saber si las obras quedan bien hechas no existen medidas regulatorias reales a esa situación.
Incluso, antes de Juan Manuel Santos, acordémonos de lo que fue la ola invernal, en donde todos estaban encima de los subsidios, y después nos vinimos a dar cuenta, dos años después, de que todo estaba igual. Además, en la ola invernal se robaron una cantidad de plata en Santander y en la Costa y aparece gente subsidiada que ni siquiera vive en Colombia, sino en Venezuela.
El tema de los recursos del Estado para financiación de la política se ha venido utilizando siempre, solo que ahora el dinero de los narcotraficantes no está. Ahora quedó el Estado como botín. Esos delitos no se castigan con la extradición, no pierden las personerías jurídicas, no tienes la silla vacía. Además, si antes se robaban una cantidad pequeña ahora la cantidad es exorbitante. Van por todo el paquete. El mejor ejemplo es Bogotá. Aquí los costeños no se inventaron nada que Samuel Moreno no haya hecho en Bogotá. Decimos que en la costa se roban hasta un hueco, aquí se robaron toda la 26.
¿Faltan campañas de prevención y pedagogía en el tema del fraude electoral? Es decir, si el Estado hace campañas para incentivar a la ciudadanía para que vote, ¿por qué no hacerlo para que la gente no venda su voto?
Es falta de calidad de la democracia. Faltan muchas cosas, en términos de la ciudadanía que es lo más grave. Los colombianos no se toman la democracia en serio, nosotros pensamos que solo es la resolución de conflictos entre una clase política que no tiene nada que ver con nosotros. Necesitamos entender que hacemos parte de la democracia. Que si ese 57% de ciudadanos que no votaron, hubieran votado y de una manera diferente, esa cantidad de votos hubiera modificado la composición actual del Congreso, pero lo que está ahí, es el voto clientelista. Los partidos tampoco regulan a sus candidatos, eso también es falta de democracia.
