Después de que el ejecutivo, en cabeza del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, pusiera a andar la aplanadora de la Unidad Nacional en aras de aprobar en el Congreso el proyecto que garantizaba el Fuero Penal Militar, la noche de ayer esta ley de la República fue declarada inexequible, por vicios de trámite, por la Corte Constitucional.
Las reacciones no se han hecho esperar. El parte de victoria dado por los demandantes del proyecto de ley, congresistas Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Germán Navas y Guillermo Rivera. Así como los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina y la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la CCJ, ha sido una de las manifestaciones más claras de triunfo político de aquellos que vieron en la implementación del fuero penal militar una amenaza a la justicia y la puerta de entrada a la impunidad de las fuerzas armadas colombianas.
Según los demandantes además de los vicios de trámite “el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad del 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia”.
A su vez, Clara López Obregón, Presidenta del Polo Democrático Alternativo, aseguró que además de la demanda por los vicios de trámite sobre la que decidió la Corte, existen otras demandas que dan cuenta de vicios de fondo en el articulado que, hasta anoche, garantizaba garantías jurídicas especiales para los miembros de las fuerzas armadas.
Sin embargo, otras voces se manifestaron de manera contraria, siendo el Ministro de Defensa y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, los más preocupados por la decisión de la Corte Constitucional. El ministro Pinzón manifestó que con este concepto de la alta corte la seguridad jurídica de los uniformados queda en peligro y que indirectamente se estaría afectando la seguridad el país, toda vez que estaría acrecentando la “desmoralización” de las tropas.
Por su parte el procurador Ordóñez aseguró que la Corte se equivocó ya que se garantizan ciertas prebendas jurídicas a los miembros de las Farc, con la aprobación del Marco Jurídico para la Paz, algo que no se hizo con los uniformados que representan la fuerza estatal. Las declaraciones del jefe del ministerio público podrían anticipar un nuevo choque de trenes entre Ordóñez y la Corte Constitucional.
La decisión de la Corte Constitucional no permite que el proyecto de ley del Fuero Militar se presenté de la misma manera, sin que ello excluya la posibilidad de que se radique un nuevo proyecto en la siguiente legislatura. Sin embargo, el Ministro de Defensa anunció que radicará ante el Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto de ley que permita crear un fondo destinado a la seguridad jurídica de los miembros de la fuerzas militares que se vean incursos en investigaciones por posibles abusos en el ejercicio de sus funciones. Anuncio que hace pensar que el ejecutivo no está interesado en volver a tramitar un proyecto fuero penal militar.
En virtud de la decisión de la Corte Constitucional, será el Consejo Superior de la Judicatura el que decidirá en los conflictos de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar al momento de juzgar las acciones realizadas por los uniformados, bien sea en actos de servicio o ajenos a este.
La decisión tomada por la Corte vuelve a poner la mirada sobre la mesa de diálogo de La Habana en la que la presencia de los Generales (r) Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo es un elemento que equilibra las negociaciones con la guerrilla de las Farc. La reacción de los representantes de las fuerzas armadas en la mesa negociadora será clave para comprender el malestar que se puede presentar al interior de las tropas oficiales después del anuncio de la alta corte.
