El Gobierno argentino ha convertido al Fisco en una suerte de gigantesco “Gran Hermano” que controla desde los gastos de la compra de los consumidores hasta sus planes de vacaciones.
En su afán por aumentar la recaudación y “desdolarizar” la economía, el Gobierno de Cristina Fernández ha reforzado el papel de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente recaudador de impuestos.
A las restricciones cambiarias impulsadas por el Ejecutivo, conocidas popularmente como “cepo al dólar”, se han sumado en los últimos meses controvertidas iniciativas como el control de las facturas de servicios o la lista de la compra.
El “cepo al dólar”, que comenzó como una fórmula para reducir la fuga de divisas, se fue endureciendo progresivamente hasta el punto de que sólo los argentinos que puedan demostrar que viajarán al exterior pueden conseguir autorización de la AFIP para acceder a moneda extranjera.
A partir del próximo lunes, los viajeros no conseguirán dólares sino la moneda del país de destino, con un máximo para gastos equivalente a 70 dólares por día.
Las restricciones al dólar se han traducido ya en una significativa caída de las ventas de inmuebles, una actividad “dolarizada” en Argentina que se está “pesificando” progresivamente, mientras la divisa estadounidense alcanza en el mercado negro niveles hasta un 40 por ciento superiores al valor oficial en las casas de cambio.
La polémica sobre el impacto de estas medidas en el sector inmobiliario alcanzó el pasado julio tintes rocambolescos cuando la propia Fernández se refirió en público al caso de un empresario que había hecho declaraciones a un diario local sobre la caída de la actividad por las restricciones al dólar.
La presidenta sorprendió a propios y extraños cuando, en un discurso transmitido en cadena nacional, explicó que había pedido a la AFIP un informe sobre el empresario en cuestión y había comprobado que no presentaba declaraciones de ganancias desde 2007.
El tema volvió esta semana a recuperar protagonismo después de que un juez del balneario bonaerense de Mar del Plata concediera el martes un amparo a una pareja que pretende comprar su vivienda en dólares.
El juez ordenó a la AFIP que autorice de forma inmediata a la pareja a adquirir 16.000 dólares para cubrir parte de una operación inmobiliaria y calificó las restricciones como “ilegítimas y arbitrarias” porque “cercenan los derechos de los ciudadanos.
Pero el escrutinio de la Hacienda argentina se extiende hasta alcanzar los detalles domésticos.
El Gobierno ha puesto sus ojos en los “grandes consumidores” de servicios, como la electricidad o el teléfono, y la AFIP prestará mucha atención a partir de ahora a los usuarios que paguen más de 1.000 pesos (unos 225 dólares) en sus facturas.
Hasta la lista de la compra del supermercado es objeto de investigación para la AFIP, que, en virtud de una vieja resolución de 1998, puede investigar a los clientes que paguen más de mil pesos.
La cifra es fácilmente alcanzable por una familia estándar de cuatro miembros en un país donde los precios se han multiplicado en los últimos años, con una inflación real anual próxima al 25 por ciento, según cálculos independientes que el Gobierno se niega a reconocer.
La medida afecta a consumos en supermercados, tiendas de ropa y empresas de servicios, aunque algunas de las grandes cadenas, para evitar engorrosos trámites que puedan molestar a sus clientes, han optado por dividir las facturas que superan el límite.
El Fisco, explica a Efe el economista Fausto Spotorno, “actúa como un Gran Hermano, especialmente en el tema del dólar”, y el Gobierno trata de utilizarlo como “método de presión para evitar que los consumidores compren dólares y para controlar las operaciones inmobiliarias”.
Con estas medidas, no es de extrañar que la AFIP declarara recientemente que incrementó en cerca de un 30 por ciento las acciones de fiscalización y control durante el primer semestre de 2012 en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.
Sin embargo, agrega Sportono, las acciones de la AFIP no se han traducido en un aumento de la recaudación fiscal real.
“Sigue habiendo una evasión similar, de entre el 30 y el 40 por ciento, estimulada por el empleo en negro, que no baja del 34 por ciento”, opina el economista jefe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.
Frente al enorme peso de la economía sumergida, aumenta la presión fiscal sobre las empresas porque no en vano Argentina es el sexto país con mayor presión tributaria empresarial del mundo, según un informe del Banco Mundial, recuerda Sportorno para quien el “cepo al dólar” tiene todavía un largo recorrido.
“Hay un gasto público récord y Argentina necesita miles de millones de dólares para pagar su factura energética”, concluye.
