En el 13 Encuentro Regional para la Paz las posturas de un líder social llamaron la atención de los presentes. Sus posiciones críticas frente a lo planteado por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en dicho evento, han sido expuestas en varios escenarios durante los últimos años. José Murillo Tobo es ese líder y habló con Confidencial Colombia sobre la construcción de paz desde la región. Entrevista.
La vida de José Murillo se ha movido en el accionar social desde que tenía quince años. Este hombre robusto, nacido hace 37 años en Arauquita, Aruaca, ha sido líder desde esa época.
Hoy en día es dirigente del Movimientos Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente. Este movimiento tiene presencia política en Cundinamarca, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Las bases populares que representa han adelantado varias jornadas de protesta como el paro cívico que tuvo lugar en el departamento de Arauca en 2013.
Murillo fue detenido en 2003, acusado de rebelión junto a 19 líderes sociales y cívicos más. Su detención y condena fueron objeto de críticas y revisión por parte de organismos como el equipo de investigación Nizkor o Human Rights First.
Él fue uno de los invitados al panel principal del 13 encuentro Regional para la Paz que tuvo lugar en Arauca entre el 11 y 12 de junio. Su posición en la mesa fue de abierta crítica a los planteamientos del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Su discurso y sus planteamientos levantan ampolla donde son expuestos, tanto así que, como lo dijeron fuentes cercanas a Confidencial Colombia en Arauca, la ausencia de representantes de la OXY, empresa petrolera con fuerte presencia en el departamento, en el mencionado encuentro habría obedecido a la presencia de este líder social.
Confidencial Colombia. ¿Cómo ve la iniciativa de los encuentros regionales para la paz?
José Murillo. Es una apuesta importante en la medida en que permita escuchar a las comunidades y al movimiento social en sus diferentes posturas y sus diferentes visiones sobre la paz. Si el encuentro lo permite es un ejercicio válido, si, por el contrario, es una tribuna de aplausos a la política de paz del gobierno no tendría mucho sentido ni validez. Estos eventos no se deben tratar de eso ya que el Estado colombiano tiene muchos escenarios para hacerse escuchar.
En cambio la población, las comunidades, el movimiento social tiene un espacio reducido para expresarse. Desde esa perspectiva el encuentro me parece importante porque abrió el escenario para que el Gobierno Nacional, a través de su comisionado de paz, escuchara de viva voz a la dirigencia, al movimiento social y se llevara las diferentes críticas, inconformidades y propuestas que tiene el pueblo colombiano sobre cómo debe interpretar el proceso de paz.
C.C. ¿Usted por qué habla de la paz de Santos?
J.M. Decimos que es la paz de Santos porque es la paz que impulsa el Gobierno Colombiano. Si fuera la paz de los colombianos se habría tenido que hacer un proceso de consulta y espacios de participación regional para que el gobierno nos preguntará cómo queremos la paz. De acuerdo, a eso el gobierno plantearía una política de paz desde las regiones y para el país. Eso no lo hizo ni creemos que lo vaya a hacer porque la paz que va a tener que hacerse en las regiones es la que implica inversión, reformas a las estructuras del Estado y al modelo económico. Es una paz que las altas esferas del poder y el capital transnacional no quieren. La paz que ellos quieren es una paz que salga barata y que facilite el saqueo de los recursos naturales.
C.C. Dentro de esa dinámica que usted plantea, de construcción de paz desde la base y no desde el gobierno ¿cómo entrarían a jugar las Farc?
J.M. Siempre hemos dicho que la política de paz de Santos no recoge el clamor de lo que debería ser una política de paz para Colombia. De acuerdo a lo que han dicho los medios de comunicación y, en algunos espacios, el mismo gobierno ese proceso de paz ha adolecido de participación del pueblo colombiano.
Debe ser un espacio de participación más amplio, más participativo. La escogencia de los delegados a La Habana es limitada y reducida. Eso limita la participación del movimientos social. Por eso decimos que esa paz desde la región, que debe terminar en un gran escenario que nos permita desarrollar un gran proceso constituyente, popular y democrático. Que nos permita desarrollar las diferentes iniciativas del pueblo, pero que también el pueblo construya una propuesta y que la insurgencia diga nos identificamos con esto y no lo hacemos con esto otro.
No es un problema exclusivo de la insurgencia, lo es del Gobierno con el movimiento social. Por eso le apostamos a una mesa social por la paz como escenario para discutir todos los problemas del conflicto colombiano que no solo es armado sino político, económico y social. Sabemos que lo que pasa en La Habana y lo que pudiera suceder con el ELN no será suficiente para solucionar el conflicto que sufre el país; por eso es necesario que el movimiento social esté allí.
C.C. De acuerdo a esa lectura que hace del proceso de paz, ¿Cuál es su balance de lo hecho en La Habana hasta ahora?
J.M. En la mesa de diálogo de La Habana se han logrado cosas importantes pero no que no son suficientes.
Sabemos de antemano que el gobierno cuando instaló el proceso de paz en Oslo, Noruega, fue enfático en señalar que no se modificará la estructura del Estado ni el modelo económico. Eso hace que señalemos que por muy buenas intenciones que haya en la mesa de La Habana va a ser difícil que haya acuerdos que logren unas grandes transformaciones en materia de paz. Si no hay esos cambios estructurales no habrá cambios profundos, serán paños de agua tibia.
C.C. Puede resumirme en tres puntos cuáles son esos cambios profundos que le urgen al país para lograr la paz.
J.M. Replantear la política agraria del país. No pueden seguir los grandes terratenientes con grandes extensiones de tierras mientras hay gente que fue despojada de sus tierras.
También tiene que haber una construcción de una política minero-energética para el país basada en principios de soberanía nacional, de autosuficiencia energética, de una renta minero energética favorable a los intereses del país, basada en los principios de la transferencia tecnológica, de respeto a los ecosistema y el entorno; por ejemplo, que se respeten las áreas estratégicas como los páramos o los territorios ancestrales de los indígenas o los colectivos de los afro.
Eso se debe construir en un gran diálogo nacional que cuente con quienes han sufrido los impactos negativos de la política minero-energética actual. Hay que involucrar la discusión medioambiental.
También urgen unas reformas sociales que toquen los temas de salud y educación para los colombianos.
C.C. ¿Qué papel jugaría la insurgencia en esa propuesta que usted plantea?
J.M. Yo le decía al alto comisionado de paz, que el gobierno tiene la fórmula para quitarle el respaldo, el apoyo y la simpatía del pueblo colombiano a la insurgencia. Es innegable que hay sectores que se identifican con las guerrillas; qué tanto, no lo se, pero si no fuera de esa forma ya estarían derrotadas hace mucho tiempo.
Esas simpatías por estos grupos, por sus ideas no tanto por sus acciones, puede ser acabada con acciones de fondo del gobierno. Con esas transformaciones el Estado se le quita el piso a lo que plantea la insurgencia.
Si la guerrilla dice que pelea por la nacionalización del petróleo, el gobierno al nacionalizarlo le quita esa plataforma. Pero no porque lo diga la insurgencia. El problema es que el Gobierno al estar comprometido con esos capitales transnacionales no invierte en las regiones porque eso es menos rentable para esos grandes grupos económicos. Las transnacionales que hoy están en el país y en Venezuela y en Ecuador, sin embargo, encuentran en Colombia un espacio más favorable para ellas.
El cuento del gobierno es que las regalías deben repartirse de la forma en que se hace para que el país sea atractivo para la inversión extranjera, pero eso es mentira, en esos países que mencioné las ganancias son menores y aún así hay inversión.
C.C. ¿Por qué el Gobierno plantearía las políticas públicas, como la minero-energética, de esa forma y no como usted lo propone?
J.M. Hay una razón sencilla; primero porque el gobierno responde a esos intereses y no a los del pueblo colombiano. Por ejemplo, judicializan la gente, la aporrean para favorecer esos intereses. Segundo, los ministros del gobierno son exfuncionarios o futuros funcionarios de esas transnacionales. Mire las hojas de vida de quienes trabajan con la ANH o la ANLA o con el Ministerio de Minas. Ellos tienen sus propios intereses.
C.C. ¿Cuál es el problema más profundo en cuanto a construcción de paz en Arauca?
J.M. Con absoluta seguridad el abandono del Estado y la situación minero-energética. Colombia del 70 a mediados de los 80 era importador de petróleo. Con el hallazgo de Caño Limón, pasó a ser exportador de crudo. Lleva más de treinta años de explotación petrolera y a pesar de ello esa inversión social que usted ve en la región ha sido fruto de la movilización social durante treinta años. No ha habido un interés real del Estado por invertir en Arauca.
El Gobierno Nacional y las transnacionales tienen una deuda histórica, económica, social, ambiental y humanitaria con esta región. Los costos ambientales son muy altos para que no recibamos nada a cambio. A eso hay que agregarle que las fuerzas armadas están al servicio de las empresas petroleras. En las zonas donde hay infraestructura petrolera se incrementa el índice de violación de derechos humanos. No existe una compensación real en términos de inversión social.
C.C. Basados en el balance que usted hace sobre la construcción de paz regional, ¿cómo ve usted a Arauca en diez años?
J.M. Con el Plan Nacional de Desarrollo no vamos a llegar a ninguna parte. Ese plan permite la explotación de recursos naturales en zonas de páramos, por ejemplo. Eso es una amenaza al capital hídrico del país.
A raíz de ese planteamiento habrá mayor cantidad de indígenas y campesinos despojados de sus tierras. Habrá un déficit en materia de salud y educación. Habrá mayores niveles de pobreza que llevarán a un aumento de la descomposición social.
