Luis Fernando Otálvaro es el presidente de Asonal judicial, la organización que tiene parada la justicia colombiana hace 14 días. Afirma que el gobierno no ha atendido sus demandas, que sus propuestas son “una burla” y que no volverán a trabajar hasta que logren un buen acuerdo de nivelación salarial.
Confidencial Colombia: Después de 14 días de paro, ¿cómo está la situación entre Asonal y el Gobierno?
Luis Fernando Otálvaro: Durante estos 14 días de paro, nos hemos reunido tres veces y Las conversaciones se han realizado en un ambiente bueno. Sin embargo, las propuestas del gobierno en cada una de las reuniones han sido supremamente gaseosas, no concretas. Eso ha llevado a que el movimiento se mantenga.
En el primer encuentro, el gobierno decía que estaba dispuesto a nivelar los salarios de funcionarios de la rama judicial, que se comprometían a hacerlo y que sería de manera plurianual, es decir en varios años y sin fijarle límites de tiempo. También dijeron que se demorarían unos sesenta días para determinar en cuánto se nivelaría la rama y cuál sería la nueva escala salarial de cada grado.
Nosotros discutimos esa propuesta y quedamos en que era imposible aceptar la propuesta porque esa palabra plurianual podría significar dos años o podría significar 20, 30 o 40, y eso volvería anulatoria el derecho nuestro a la nivelación porque se perdería en el tiempo.
CC: ¿Qué pide Asonal judicial y qué está dando el Gobierno?
LFO: El gobierno ofrece una nivelación de salarios plurianual, y el martes nos dijo qué significaba para ellos este concepto: nos afirmó que el proceso se iba a llevar a cabo en los siguientes 20 años. En ese tiempo no estamos ni nosotros ni la generación que viene atrás.
Por eso le manifestamos que no estábamos de acuerdo, que ofrecieron lo que nosotros temíamos y que no aceptábamos el ofrecimiento. La ministra afirmó en una reunión posterior que estaba dispuesta a ofrecer que la nivelación salarial se hiciera, entonces, en 15 años, y esa idea tampoco nos sonó.
Estamos hablando de unos periodos supremamente largos para la nivelación y ese tiempo es para una generación futura. Nosotros queremos que este proceso se haga en tres años, así que no hay ni riesgo de acercarnos.
El otro debate que se está dando tiene que ver con el tema del monto: nosotros pedimos lo que mínimamente tiene proyectada la judicatura, que son 758 mil millones para el sector rama y otros 758 mil millones para los empleados de la Fiscalía. Estamos hablando de 1 billón y medio de pesos, en tres años.
Y el gobierno nos ofrece, en quince años, 758 mil millones. O sea la mitad de lo que solicitamos y casi en 5 veces el tiempo.
Esos dos son los puntos centrales del movimiento, nosotros no pedimos nada más que una nivelación salarial justa en un tiempo prudente, que haga cumplimiento a la ley cuarta de 1992 que ya se ha aplicado a otras instituciones como la Registraduría, las Fuerzas Militares, a los Magistrados de los tribunales.
Llevamos 20 años esperando la nivelación, nos proponen 15 o 20 años más y fuera de eso en unos montos que no coinciden, eso es inaceptable. Por eso continuamos en el paro y le exigimos al gobierno que cumpla con la ley.
CC: ¿La nivelación salarial sería para cuántos empleados?
LFO: Sería para los 45 mil funcionarios del sector judicial. De la rama son más o menos 20 mil, y en la Fiscalía hay 25 mil más.
CC: ¿En este punto, la negociación está en un punto muerto?
LFO: La posibilidad de hablar está abierta, pero no veo la posibilidad de llegar a acuerdos. La ministra propuso un monto y un número de años para implementar la nivelación que significan que el gobierno no quiere negociar.
El gobierno está como el que quiere vender un carro pero le pone un precio que nadie puede pagar. No hay voluntad política de la otra parte. Si hubieran llegado con una propuesta de 10 años, y nosotros de tres, comenzaba la discusión y la negociación.
En esos términos no podemos entrar a negociar nada porque no se ajusta a la realidad. La propuesta del gobierno es como una especie de burla, es una propuesta indecente. Son los actuales funcionarios los que nos estamos peleando una nivelación que nos deben hace 20 años. No la estamos peleando para el futuro.
CC: ¿Qué porcentaje de la rama está parado?
LFO: En este momento, aproximadamente el 90 por ciento de empleados de la base están paralizados en casi todo el país. La justicia colombiana está parada hace 14 días en el país.
CC: ¿Qué significa eso para Colombia?
LFO: Que no haya movimiento de procesos, que no haya sentencias, que no se reconozcan los derechos, que no haya solución de los conflictos planteados a la justicia, que no se puedan mover las acciones penales lo que significa que hay riesgo de que muchas personas recuperan la libertad injustamente por el vencimiento de términos.
CC: ¿Quieren llevar la discusión a un nivel más alto y hablar con el Presidente?
LFO: Esa fue la conclusión que sacamos en la discusión del pasado martes. Esta discusión tendría que tratarse con el presidente Santos porque a la ministra le quedó grande este conflicto.
La actitud en una mesa de negociación debe ser proactiva, y no puede ser una actitud de “tome esta propuesta o déjela”. Aquí se trata de una negociación y no se pude tratar con la rigidez jurídica con la que la ministra lo viene tratando.
CC: ¿Cuántos procesos, según sus cálculos, pueden estar detenidos por el paro?
LFO: Solo en Bogotá hay 70 jueces de control de garantías; cada juez maneja alrededor de 15 audiencias diarias y esas son las que se dejan de hacer cada día del paro.
En civil, cada uno de los 80 jueces maneja más o menos 4 audiencias diarias. Hay 40 jueces laborales que realizan a diario cinco audiencias, fuera de los administrativos.
En este momento, de acuerdo al número de jueces que hay en el país, podríamos estar hablando de un total de 250 mil audiencias aplazadas, y alrededor de 500 mil procesos que no se han movido.
En esta parálisis, quien sufre es el pueblo. No es nuestra intención afectar al país pero debemos mediar entre los derechos de la gente y los derechos de la justicia. Nosotros como trabajadores también tenemos derechos y la única forma que tenemos para que nos escuchen es movilizarnos.
CC: ¿usted cree que el país está tratando este tema como un asunto menor?
LFO: Sí, en un país democrático un solo día de parálisis de uno de los poderes tendría que generar un caos y una tensión grave para el Estado.
Hemos visto cómo con desdén se manejan los temas de la justicia y se le dice a los empleados que entreguemos nuestras banderas. Es necesario que el gobierno ejecute acciones de forma efectiva, y deje tantos discursos.
CC: ¿Van hasta las últimas consecuencias con este paro?
LFO: Nosotros tenemos una consigna: este paro lo ganamos, valga lo que valga y cueste lo que cueste.
