Germán Romero, el abogado de los desaparecidos del Palacio de Justicia, tenía muy claro que su misión era ponerse frente a la realidad del conflicto armado: “la opción no puede ser muerte, debe ser vida”. Bajo este lema ha buscado, a través de su oficio como representante legal, revindicar un poco la vida de aquellos que se fueron.
Romero, hace parte del grupo de abogados de DH Colombia en donde además de llevar casos de desaparición forzada, también lleva temas de ejecuciones extrajudiciales, la masacre de José Apartadó entre otras.
Confidencial Colombia: Si el candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, llegará a quedar como presidente y, teniendo en cuenta lo que dijo sobre el caso de coronel (r) Plazas Vega, de que buscaría su libertad ¿Qué opina al respecto, siendo usted uno de los abogados de los desaparecidos del Palacio de Justicia?
Germán Romero: En el caso de Palacio de Justicia y cuando se han producido las condenas contra Luis Alfonso Plazas Vega, en primera instancia por la desaparición de 11 personas y la segunda por la desaparición de dos personas la reacción del poder siempre ha sido la misma.
Entonces la declaración del Óscar Iván Zuluaga, no contradice ni rechaza la posición oficial tanto de Uribe como de Santos, lo que claramente sí significa es que Zuluaga se alinea con la impunidad, con el no castigo a los funcionarios públicos y a los integrantes de las fuerzas militares por su responsabilidad de la violación de los derechos humanos que son tipificados de lesa humanidad, como la desaparición forzada de tal manera que se burla de las víctimas de este caso.
C.C.: ¿Por qué cree que el poder es tan insensible para no reconocer y no ayudar con la verdad y la justicia?
G.R.: Hay varios factores como históricos y posiciones ideológicas, pero yo creo que hay uno muy importante y tienen que ver con el nivel de invasión del mundo militar a la vida civil. Uno siente que la institucionalidad de la guerra es un límite infranqueable para las investigaciones en derechos humanos. El nivel de poder que tiene el aparato militar de hoy en día es mucho más alto que si existiera una dictadura. Es decir, uno ve a los militares opinando de lo divino y lo humano y, especialmente, en el último Gobierno de Uribe y el primer periodo de Santos se ha fortalecido esa posición.
Los comandantes del Ejército opinan sobre reformas a la justicia, a la educación; deciden quien es criminal, en el tema de las protestas siempre todos los que protestas son tildados de guerrilleros por el ministro Juan Carlos Pinzón. Entonces, de ahí se desprende un respaldo a la institucionalidad militar.
C.C.: ¿Qué le falta a Colombia para llegar a la verdad, a la justicia y a la construcción de memoria como lo han hecho otros países?
G.R.: Reconocer que las cosas pasaron. Ese es el primer paso, también, no burlasen de las víctimas. La desaparición forzada en Colombia, pese a que esta semana se conmemora, la Semana Internacional del Detenido y Desaparecido, nunca antes se había creado un nivel de sensibilidad frente a la desaparición forzada, ya que, se realizaron actividades de carácter nacional y aquí en el Distritito, hubo un respaldo institucional tanto del Centro Nacional de Memoria, de la Alta Consejería de Victimas y otras entidades, pero el Estado sigue tratando la desaparición forzada por la puerta de atrás y no reconoce su existencia. Uno no ve al presidente Santos, un ministro o un comandante del Ejército diciendo —sí, a nosotros nos toca reconocer que aquí hubo desapariciones forzadas y en la inmensa mayoría son crímenes de Estado.
Si lo reconocieran ahí se traslada procesos de verdad y eventualmente de reconciliación. Asimismo, que el Gobierno haga lo que le corresponde empezando con el derecho a la verdad como entregando documentos, desclasificar archivos, informes de inteligencia. Abrir los archivos de los años de 1980 y 1990 de las dependencias de inteligencia. Todos los archivos del DAS los tiene la Procuraduría General para protegerlos, porque según ellos son asuntos de seguridad nacional. ¿Cómo es posible que si hoy visitáramos una dependencia militar para buscar informes o documentación de casos del 1987 sigan argumentando que se pueda afectar la seguridad nacional hoy en día?
C.C.: ¿La protección de los archivos tiene que ver actualmente con el procurador Alejandro Ordoñez?
G.R.: No, esto es una práctica sistemática de estamento militar. Y lo que considera uno es que ahí no se trata de proteger la seguridad nacional, porque si de verdad fuera eso se entendería; lo que se cree es que efectivamente se está protegiendo a los victimarios y, bueno, lo que necesita Colombia es: reconocer, allanar el camino a la verdad, discutir con las víctimas cuáles son los criterios de justicia que deben existir y un cuarto elemento que es fundamental y es que esto no puede seguir sucediendo. Y para eso tiene que acabarse el conflicto armado, hay que reconocer que el conflicto sigue de un nivel de violencia altísima como, por ejemplo, Buenaventura.
C.C.: ¿Qué efectos tiene la elección al Congreso de Thania Vega en el caso del coronel (r) Plazas Vega?
G.R.: Junto a Jorge Eliecer Molano con el que se adelanta la representación jurídica en este caso, somos muy respetosos de los derechos políticos de todos los colombianos y, ella estaba en todo su derecho de presentarse, así son las reglas del juego democrático, pero lo que se vuelve inconcebible es que ella planteé que su única bandera es lograr la absolución de los militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos como lo que cometió su esposo. Esto es instrumentalizar el poder público en este caso como el legislativo para buscar la impunidad. No puede pasar que tantos años de lucha de los familiares de los desaparecidos y funcionarios que han trabajado en esto sea en vano.
C.C.: Ya sabemos cuáles son las dificultades que hay desde Estado, pero ¿qué tan complicado es que el ciudadano de a pie tenga conciencia de lo que pasa con los casos, con las víctimas, con el conflicto armado para construir memoria?
G.R.: Nos hemos quedado con la versión de memoria que se ofrece desde las ciudades. La memoria se ha estado institucionalizando y al parecer solo existe la memoria des de las instituciones.
La práctica profesional dice que hay muchísimas experiencias sociales y culturales de hacer memoria en las comunidades, en las regiones, en los pequeños municipios que ha sido profundamente victimizados, es decir, el tema de la memoria no es solamente un interrogante, sino un quehacer. La gente sí recuerda a su manera, construye las verdades y tratan de pasar en generación en generación para que no se olviden. No es práctica masificada pero existe en muchas partes del país, pero sin duda alguna falta mucho.
