A través de una carta Alejandro Ordóñez respondió a calificativos como “mal intencionado” “malévolo” y “perverso” con los que el presidente Santos se refirió al pronunciamiento del jefe del Ministerio Público ante la posibilidad de que los desmovilizados hagan parte de una policía rural. Para Ordóñez la del mandatario es una “reacción desencajada”.
La pelea entre el Procurador y el Presidente volvió a agitarse ante las respuesta de Alejandro Ordóñez a los calificativos del presidente que fueron noticia cuando en la cuenta de Twitter de la PGN fueron publicados cinco puntos que sugerían que el hecho de pensar que los desmovilizados podrían formar parte de una ‘policía rural’ en un escenario de posconflicto, era una clara evidencia de que en la mesa de la Habana se estaba negociando la estructura de la Fuerza Pública. (Lea También Ordóñez ataca, Santos responde).
Momentos después desde Francia, Santos califico dicho anuncio como malintencionado y perverso, pues aclaró que fue una respuesta que dio en una de sus intervenciones en la capital francesa, cuando le preguntaron por esta posibilidad, pero que no es un hecho que este contemplado en las negociaciones que se llevan a cabo con las Farc. Asimismo el jefe de la guerrilla en las conversaciones de la Habana, Iván Márquez trino al respecto: “¿De qué policía rural están hablando? Para que “votar corriente” sobre un asunto que jamás se ha planteado en la Mesa”.
Reacciones que no dejaron contento al Procurador que reavivó la polémica con una carta dirigida al Jefe de Estado en la que argumento tras argumento reforzó su tésis sobre las negociaciones en la Habana.
“En su declaración de hoy, al evocar la pregunta sobre si desmovilizados de las guerrillas harían parte de una “nueva policía rural”, usted afirmó: “No lo he pensado, pero no lo descarto”. Luego agregó: “¿Y porqué no lo descarto? Porque yo sí he pensado que, por ejemplo, los desmovilizados pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, bajo el control y el dominio de la Policía. Lo hemos inclusive discutido con algunas personas. ¿Al fin qué, señor Presidente, lo ha pensado o no lo ha pensado?”. Fueron algunas de las palabras con las que el Procurador cuestionó la pocsión de Santos.
Y a pesar de que el mandatario desvirtùo el pronunciamiento y asegurò una tergiversaciòn de la informaciòn Ordóñez reiteró: “Entonces, señor Presidente, sí hay motivos y sí hay razones que sustentan la posición del Ministerio Público. No hay “mala intención”,“perversidad” o el carácter “malévolo” que predica”.
A continuaciòn el texto competo de la carta.
Bogotá D. C., 27 de enero de 2015
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
E.S.D.
Muy apreciado señor Presidente:
Me dirijo a usted en cumplimiento de las obligaciones señaladas al Procurador General de la Nación en la Constitución Política y en las leyes de Colombia. Lo hago como servidor público comprometido con la búsqueda de realizar el derecho de todos a la paz, la defensa de los derechos de las víctimas, la justicia y los intereses de la sociedad.
Su reacción desencajada que lo llevó a calificar de “malintencionada”, “perversa” y “malévola” la posición de la Procuraduría General de la Nación, respecto al anuncio de la posibilidad de crear una gendarmería rural, no se compadece con los esfuerzos que está adelantando para la consecución de la paz.
Señor Presidente, serénese.
Con profundo respeto le hago las siguientes observaciones.
En el marco del debate que debe darse para alcanzar un Pacto para la Paz, ninguno de los temas, propuestas o posiciones públicas del Gobierno Nacional con relación al contenido y alcance del Acuerdo de Terminación del Conflicto puede estar por encima del escrutinio público, mucho menos cuando las declaraciones del Jefe de Estado están destinadas precisamente a generar la sana controversia que es inherente a la democracia.
En su declaración de hoy, al evocar la pregunta sobre si desmovilizados de las guerrillas harían parte de una “nueva policía rural”, usted afirmó: “No lo he pensado, pero no lo descarto”. Luego agregó: “¿Y por qué no lo descarto? Porque yo sí he pensado que, por ejemplo, los desmovilizados pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, bajo el control y el dominio de la Policía. Lo hemos inclusive discutido con algunas personas”.
Con toda consideración, le pregunto: ¿Al fin qué, señor Presidente, lo ha pensado o no lo ha pensado?
Su respuesta además ratifica:
1. El Gobierno Nacional no solo ha pensado sino discutido con algunas personas que a la Policía Nacional se vinculen desmovilizados, así sea en calidad de “guardabosques”.
2. Esa nueva policía rural, conformada con desmovilizados, obliga a suprimir o replantear las funciones que cumple la Dirección de Carabineros y de Seguridad Rural de la Policía Nacional, al igual que impactaría el papel de las Fuerzas Militares en los territorios.
3. La creación de un nuevo cuerpo para la seguridad rural conlleva una reforma a la estructura actual de la Policía Nacional.
¿Cómo negar, entonces, que dicho planteamiento no producirá cambios estructurales en las Fuerzas Armadas?
Es el Presidente de la República quien afirmó frente a la vinculación de desmovilizados a la nueva policía rural que “bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido”. Sobra decir que la contraparte son las FARC y que lo que “bien puede negociarse” afecta la estructura de la fuerza pública.
Entonces, señor Presidente, sí hay motivos y sí hay razones que sustentan la posición del Ministerio Público. No hay “mala intención”, “perversidad” o el carácter “malévolo” que predica.
Dos cosas adicionales. La creación de una policía rural con desmovilizados lleva al absurdo de dejar la seguridad de las víctimas en manos de sus victimarios. Hacerlo sería tanto como haber integrado un cuerpo de policía con desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia con el fin de brindar protección a las víctimas de masacres, desplazamientos y de los delitos sexuales que ejecutaron en múltiples regiones del país.
El Gobierno Nacional debe comprender la dificultad natural de aceptar que responsables de los peores crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, perpetrados en el hemisferio, sean de quienes dependa la vida, honra y bienes de los colombianos que viven en las zonas más afectadas por la violencia.
La fuerza pública siendo la depositaria de las armas de la República debe ser la principal defensora de los derechos humanos. No puede estar integrada por los autores de execrables atrocidades.
Además, ratifica que sí se están negociando asuntos relacionados con la fuerza pública el hecho de que los documentos sobre lo convenido parcialmente con las FARC y que fueron revelados por el Gobierno Nacional, se refieren en el punto 4.1.3.1. a “la concepción de seguridad contemplada en el Acuerdo Final”, esto es, que la Mesa de Conversaciones de La Habana negociará una “concepción de seguridad” “para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”.
Y el punto 2.1.2. se refiere a una “concepción de seguridad” basada “en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos”.
No nos digamos mentiras, la realización de ambos acuerdos comprende obligatoriamente la revisión y discusión de aspectos de doctrina, estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Los Acuerdos Parciales, revelados por el Gobierno, configuran un modelo de dominación del territorio y la población que coincide con la aspiración manifestada el pasado 10 de enero por las FARC, a través del señor Jesús Santrich, al indicar que “mantendremos nuestra cohesión en el ámbito territorial y social. Eso no lo podemos perder de vista, no nos vamos a desarticular”.
Muy grave es que la creación de una “gendarmería propia” haga parte de ese modelo y refuerce el peligro de “institucionalizar” a las FARC en determinados territorios, consecuencia de varias de las medidas contempladas en los Acuerdos publicados. Más grave aún que llegara a utilizarse esa figura para mantener en la práctica unas FARC armadas pero “reinsertadas”.
Es mi obligación como representante de los intereses de la sociedad llamar la atención sobre estos temas, mucho más cuando los acuerdos no son inmodificables, conforme a la regla de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. La sociedad colombiana tiene el derecho a hacerse oír y el Gobierno la obligación de escuchar.
La transparencia es la base de un Pacto para la Paz que le de sostenibilidad a los acuerdos y garantice que lo que se firme con las FARC se cumpla. A dicho Pacto se llega a través del debate y la discusión civilizada, sin ofensas innecesarias, con serenidad, con talante democrático y con respeto por la opinión, nunca con intolerancia, estigmatización y la criminalización de la oposición o de los sectores que tienen criterios diferentes.
Lo invito, señor Presidente, a construir ese Pacto con quienes quieren la paz pero son críticos de aspectos del proceso, a hacer un debate argumentado y respetuoso, así como a tener una actitud constructiva ante las críticas. Es irracional que el Gobierno pueda dialogar y concertar con las FARC pero no con quienes dentro de la institucionalidad hacen observaciones.
Le recuerdo que el año pasado en la misma época en que presenté la propuesta de un Pacto para la Paz usted me invitó a una reunión para analizar conjuntamente el proceso de La Habana. Le ratifico mi disposición, siempre con el fin de lograr la unidad de todos los colombianos alrededor de la paz. Sin unidad no habrá paz estable y duradera.
Cordialmente,
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
