La novela judicial de esta semana es la que involucra al procurador Alejandro Ordóñez y al Consejo de Estado en el caso que tiene que ver con su reelección y su posible ilegalidad. Es cuestión de tiempo saber cuál es la decisión del alto tribunal sobre la permanencia en su cargo del jefe del Ministerio Público.
Desde que se demandara la elección, para un segundo periodo, del procurador general Alejandro Ordóñez, muchas cosas han pasado en el Consejo de Estado. Esta semana es decisiva porque es cuando se decide en qué instancia se decide el futuro de Ordóñez.
Al finalizar este martes 15 de julio se pudo saber que el pleno del Consejo de Estado es el que decidirá sobre la ponencia del magistrado Alberto Yépez, quien considera que Ordóñez debe dejar su cargo vacante toda vez que su elección no se ajusta a la ley.
Sin embargo, este magistrado ponente y la magistrada Lucy Bermúdez fueron recusados por la defensa de Ordóñez. Recusaciones que, según fuentes consultadas por Confidencial Colombia, no prosperarán. La razón principal de que no prosperen es que de ser aceptadas sentarían un precedente en el que ningún magistrado podría cambiar de opinión o posición por elementos que hayan sido pasados por alto en la estructuración de las ponencias iniciales.
Además, existen casos en los que diferentes ponencias fueron cambiadas radicalmente porque fueron derrotadas en alguna votación o porque existió una omisión. Tal fue el caso de la ponencia a favor del magistrado Francisco Javier Ricaurte. En pocas palabras, el cambio de opinión no es recusable.
De otro lado que la decisión sea tomada por la Sala Plena de la corporación no es garantía de que Ordóñez salga triunfante, a pesar de que muchos de los magistrados actuales fueron compañeros de Ordóñez en algún momento y en alguna instancia judicial.
Por lo menos 10 de los magistrados actuales no votarían a favor de Ordóñez en este caso. Entre ellos cabe mencionar a los magistrados Gerardo Arenas Monsalve, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Stella Conto Díaz del Castillo, sin contar al magistrado ponente y a la magistrada Bermúdez. Al menos 6 de los miembros de este alto tribunal son incondicionales del procurador, tal es el caso de la magistrada Susana Buitrago que fue la única que se apoyó a Ordóñez al interior de la Sección Quinta del Consejo.
Así las cosas, quedan por lo menos 8 votos que deberán repartirse entre el respaldo a la reelección de Ordóñez o su salida de la Procuraduría General de la Nación.
También se deben tener en cuenta los impedimentos que se pueden dar durante el proceso de votación de la legalidad de la elección. El primero de ellos en ser presentado corresponde a la Presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, quien manifestó que se encuentra impedida por tener un hijo trabajando en la Procuraduría. Se espera que en los próximos días, antes de la votación en la Sala plena sean presentados los demás impedimentos y sean aceptados o rechazados.
Este otro factor reduciría ostensiblemente las posibilidades de Ordóñez al interior de la Sala Plena, de llegar a aceptarse esos impedimentos.
La recusación en contra de los dos magistrados, incluyendo al ponente tiene otro fin y es el de dilatar la diligencia para que Ordóñez pueda terminar de desplegar su estrategia, que hasta el momento ha mostrado una no tan nutrida manifestación a su favor en las calles del centro de Bogotá. En ese mismo sentido su defensa ha anunciado que no hará uso de la tutela como recurso que pueda mantener al procurador en su cargo. Sin embargo, la defensa habla a título propio y eso no garantiza que alguno de los simpatizantes del jefe del Ministerio Público pueda hacerlo, repitiéndose el caso de la “tutelatón” que logró atornillar por un tiempo a Gustavo Petro en su cargo.
En lo tocante a la decisión de discutir y votar el caso en la Sala Plena una fuente cercana a esa corporación señaló que existe una hipótesis jurídica según la cual ese hecho sería lago ilegal. Las razones para su ilegalidad se fundan en que ya se dio una votación en la que se rechazó esa posibilidad. Se emitió un auto y se ejecutorió el mismo. Decidir lo contrario el día de hoy afectaría el principio de Seguridad Jurídica toda vez que ya se estudiaron unos supuestos y se decidió sobre ellos, algo que impide hacerlo de nuevo en el mismo caso concreto.
Así las cosas, los recursos legales utilizados por Ordóñez y la decisión tomada por el Consejo de Estado sobre la votación en la Sala Plena han logrado darle tiempo y un respiro al procurador general que ve a cada momento más precaria su permanencia en su cargo.
