El del exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, podría entrar dentro de los anales de la historia de la justicia como uno de los casos más nocivos para la imagen del aparato judicial del país.
El 11 de abril de 2002 un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se hizo pasar por una unidad militar, asaltó la Asamblea de Valle del Cauca y secuestró a 12 diputados, entre ellos a López. En junio de 2007, las Farc anunciaron que 11 de los 12 diputados -menos López- habían muerto en un confuso incidente. En febrero de 2009, López fue liberado por las FARC, tras casi siete años de cautiverio, y entregado a la exsenadora Piedad Córdoba.
5 años después se le abrió un proceso judicial a López por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, terrorismo, homicidio agravado y perfidia. Después de que se anunciara con bombos y platillos que existía una prueba irrefutable que señalaría la culpabilidad de Sigifredo López en la planeación y ejecución en el secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca, la Fiscalía reversa los anuncios y los señalamientos y asegura que López no tiene nada que ver con el caso.
Cuando se difundió el video en el que se aseguraba que la punta de la nariz y de la barbilla de la persona que planeaba el secuestro de los 12 diputados del Valle, llevado a cabo por las Farc en 2002, correspondían a Sigifredo López, el país quedó estupefacto. Algunos periodistas y formadores de opinión no pusieron en duda la veracidad de la prueba a pesar de que uno de los testigos de la defensa aseguraba que la persona del video no era López.
El testimonio de alias “Santiago Anaya”, a quien la misma Fiscalía General reconoce como uno de los ejecutores del secuestro masivo, dice que la persona que aparece hablando en el video que la Fiscalía tiene en su poder no es el exdiputado López sino que es Milton Sierra Gómez, alias “JJ” quien habría planeado la toma de la Asamblea y el posterior secuestro de los diputados.
Además del video en cuestión la Fiscalía se valió de los testimonios de dos presuntos desmovilizados de las Farc que declararon en contra del exdiputado del Valle. Tomó por ejemplo la declaración de una mujer llamada María Eugenia Mina, desmovilizada de las Farc y quien aseguró, antes de que López fuera liberado por las Farc en 2009, que el hoy político detenido tenía privilegios con sus captores en la época en que estuvo secuestrado.
“A ellos (a los demás diputados secuestrados) les daban mala comida, en cambio el que está vivo (Sigifredo López) comía como comía el comandante (guerrillero)”, sostuvo la mujer en la Fiscalía. ¿Convierte este comentario a López en cómplice de las Farc en el secuestro de los 11 diputados? No necesariamente porque relatos de otros exsecuestrados dan cuenta de que el cautiverio los convierte en seres avaros y hasta mezquinos que por cualquier comodidad o ventaja respecto de sus compañeros de plagio tratan de hacerse a la confianza de sus secuestradores.
La exrebelde Mina agregó también que “me di cuenta que para lo del secuestro de los diputados todo había sido planeado por SIGIFREDO el cual en este momento está vivo y la guerrilla incluso a SIGIFREDO le permitía llamar a la familia e incluso un día la mujer fue a visitarlo…, yo la vi porque iba yo de seguridad y a la mujer de él le tuvimos que tapar la cara para que no viera cuál casa era”. Esta afirmación también es discutible porque Mina en ningún momento sostuvo que ella hizo parte de los guerrilleros que asaltaron la Asamblea del Valle. Además, la afirmación de que a López le permitían la visita de su esposa pareciera algo inverosímil y única en un país que como Colombia ha contado a sus secuestrados por miles.
A pesar de las inconsistencias de los testimonios y de la poca veracidad del video, toda vez que un peritaje llevado a cabo por el FBI desvirtuó el realizado por el DAS, Sigifredo López fue privado de su libertad y se lo conminó a detención domiciliaria, algo igualmente irregular dada la gravedad de los delitos imputados.
Sin embargo con la decisión del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre de dejarlo en libertad inmediatamente el panorama sigue siendo oscuro. No basta que López quede en libertad y regrese a la cotidianidad de una persona que no tiene deudas con la justicia, ya que su nombre quedó inmediatamente asociado al proceso seguido por el secuestro y asesinato de los diputados del valle.
Además no basta con que el ente investigador anuncie públicamente que hay un cartel de testigos y que está presto para investigarlos toda vez que esos testigos y quien denunció a López ya lo había hecho con el Senador Luis Fernando Velasco al asegurar que este tenía nexos con las Farc, denuncia que no prosperó por inconsistencias en los testimonios y por material probatorio insuficiente.
De lo anterior se puede derivar que la Fiscalía General no solo debe investigar el presunto carrusel de testigos falsos de los que habló el Fiscal Montealegre el mismo día que se ordenó la libertad inmediata de Sigifredo López, también debe hacerse un análisis profundo y una reflexión acerca de la manera en que ciertos testimonios son dados como ciertos a ojo cerrado, y otros no, a pesar de venir de una fuente que ya ha hecho una falsa denuncia en el pasado.
Desde ya se anuncian medidas judiciales por parte de la defensa de Sigifredo López como denuncias por falso testimonio en contra de los testigos usados por la Fiscalía además de una virtual demanda al Estado que permita limpiar la honra y el buen nombre del exdiputado. Ambas acciones no dejarán de ser polémicas en la segunda parte de un caso que más pareciera un juicio político que un proceso judicial.
