Colombia está paralizada. Su desarrollo social, económico y político no despega. Seguimos siendo la gran promesa no cumplida de la región. Lo dramático es que llevamos muchos años en este estado de paraplejia funcional. No es culpa de este gobierno o del anterior o del de antes. La causa es más grave y estructural: El interés colectivo siempre pierde frente al interés particular.
En la atribulada Colombia, cada vez que se busca hacer algo por el interés general, el interés individual le salta a la yugular y lo derriba. Vivimos en el país de la Ley del Embudo: Lo ancho para mí, lo angosto para el resto.
Los ejemplos abundan: El propietario de un terreno que decide paralizar una obra de infraestructura clave para el desarrollo nacional; las comunidades que surgen de la nada exigiendo ser consultadas sobre cualquier proyecto y que han convertido el derecho a ser escuchados en un lucrativo chantaje legitimado por la autoridad (arrinconada por un galimatías de normas, tratados y controles).
También están los abusadores profesionales de la tutela, aquellos que se inventan tutelatones para paralizar la justicia o aquellos que buscan que los recursos de la salud paguen sus cirugías estéticas innecesarias, a costa de poner en jaque la supervivencia del sistema. Están los que quieren pensiones vitalicias exorbitantes sin haber nunca trabajado para ganarlas.
No importa! Nunca importa de dónde tengan que venir los recursos y que costo de oportunidad tengamos que pagar todos los ciudadanos para satisfacer ese abusivo derecho individual. Que el Estado (el colectivo) pague por por llevar mis derechos individuales hasta el paroxismo. Y si las generaciones futuras no pueden gozar de esos privilegios…que importa! El problema será de ellos.
Esto sin hablar de los que usan su poder para beneficio personal, olvidando su función. Algunos de esos legisladores que llegan al cargo para sacar prebendas y contratos, y no para aportar y legislar en beneficio del colectivo nacional. No podemos olvidar aquí los reyes del abuso: los corruptos. Todos ellos, en el Estado y en sector privado que creen que al robarse la plata de todos, no roban a nadie.
En Colombia confundimos el derecho individual con la aceptación condicionada de las leyes. Las leyes son aplicables y legítimas mientras no me afecten mis intereses. Eso no es democracia ni estado de derecho. Es la anarquía de la ley del más fuerte, o del más vivo.
Una de las grandes paradojas de la política nacional es que la izquierda, la que siempre ha criticado (con razón muchas veces) al capitalismo salvaje y al interés privado, es la principal defensora de la ley del veto individual por encima de la construcción de lo colectivo.
En Colombia, nos ha hecho falta y nos sigue haciendo falta un sentido de propósito colectivo. Ese proyecto de país por el que todos aceptemos que tenemos que aportar y trabajar y no simplemente sacar provecho o exprimir. Como lo dijo recientemente Moisés Naim, los partidos políticos no aglutinan alrededor de grandes proyectos sino aglutinan pequeños grupos de interés, con lo cual no lideran la construcción de país, pero tienen capacidad de veto para bloquear toda iniciativa. Por eso el interés colectivo sigue su vía crucis, sin mucha esperanza de redención.
Parafraseando a la Madame Roland, partidaria de la revolución francesa que terminó en la guillotina durante la era del terror, “¡Oh derecho individual! ¡Cuántas injusticias se cometen en tu nombre!”
