La Unidad de Restitución de Tierras ha adelantado una labor titánica al pretender solucionar uno de los problemas más serios de la historia del país: restituir las tierras arrebatadas en medio del conflicto. Ricardo Sabogal, director de la Unidad habló sobre los retos de la restitución y las satisfacciones de un proceso complejo y vital para el posconflicto.
Ricardo Sabogal, abogado de la Universidad Nacional, es quien está frente a la Unidad de Restitución de Tierras. Su labor y la de quienes dirige es una de las más complejas del aparataje institucional colombiano. La posibilidad de que las víctimas del conflicto puedan restituir sus derechos de propiedad sobre los predios que les han sido arrebatados es una constante en su trabajo. Sabogal habló con Confidencial Colombia sobre los retos y satisfacciones que estos dos años de trabajo le han reportado.
¿Dos años después de creada la unidad cuál es el balance de la misma?
El balance la implementación de la política de restitución, que ya cumple dos años, es bastante positivo.
Pusimos a funcionar la institucionalidad, pusimos oficinas de la unidad a lo largo y ancho del país, en aquellas zonas donde había más problemas de abandono de tierras. De la misma manera se establecieron los juzgados y tribunales de restitución en esas mismas zonas.
Para hacer esto nos empeñamos en formar a la gente porque desafortunadamente en el país el derecho agrario se abandonó. Las escuelas de derecho no forman abogados en esta disciplina. Entonces formamos a la gente para ese trabajo de restitución.
¿Cuántas reclamaciones ha recibido la Unidad?
En este momento el país tiene poco más de 50 mil reclamaciones de restitución de tierras que provienen de personas que han venido a la unidad a decirnos que les han arrebatado sus derechos sobre la tierra o que las han obligado a desplazarse. Esas reclamaciones en este momento están siendo objeto de trámite, estamos trabajando en poco más de 26 mil reclamaciones.
¿Cómo trabaja la Unidad?
El trabajo se hace en las zonas en las que el Ministerio de Defensa nos dice que es posible hacerlo. Allí, en esas zonas estamos yendo con las víctimas, acompañándolas, midiendo predios, identificándolos, haciendo levantamientos topográficos. Vale advertir que casi en un 90% de los casos que estamos adelantando y llevando ante los jueces, se ha requerido hacer el levantamiento topográfico.
Eso evidencia que la información catastral en Colombia, en algunas zonas está desactualizada o no existe. En otras zonas hay temas de minas antipersona y eso no permite el avance de las labores.
Nos ha tocado salir a crear nuevos programas como segundos ocupantes para darle solución a quienes se asentaron en un predio que tiene otro dueño que también fue desplazado.
¿En qué punto están esas 26 mil reclamaciones?
El gobierno ya finalizó su trámite en más de 8 mil reclamaciones. Se escucha a la víctima se documenta lo dicho, se le da soporte probatorio se identifica el predio, se mide, se referencia y con esa información, si se encuentra que hay lugar a la restitución, se lleva el caso al juez de restitución. Con ese trámite ya hemos terminado más de 8 mil casos. Cerca de 5 mil de esos deben ser estudiados por los jueces de restitución.
Tenemos cerca 450 sentencias. En más de 3 mil casos se ha dado la situación de que hay varios que no pueden ser conocidos por esta justicia porque son casos anteriores a 1991 o porque el pleito que se tiene sobre determinado terreno no debe ser conocido por la justicia restitutiva sino por la justicia ordinaria. Si comparamos esta ley con lo hecho en justicia y paz encontramos una diferencia enorme. Mientras allá se han recuperado 22 predios acá ya hemos resuelto más de mil casos. Quisiéramos que avanzara más rápido pero también debemos entender que la violencia de medio siglo no se resuelve en dos años de implementación de una política que empezó de cero. Un camino que tocó inventarse en el país y en el mundo.
Hay que tener en cuenta que Colombia es el único país del mundo que implementa esta política en medio del conflicto. Siempre se espera al posconflicto, acá lo hacemos antes. Nos falta mucho por hacer, seguramente las futuras sentencias se harán con mayor celeridad.
¿Cuáles son esas zonas críticas para el trabajo de la Unidad?
Hay zonas muy complejas como el Catatumbo en donde hay varios factores que no permiten que esto avance con celeridad. Empezando por las minas antipersonales. El orden público es otro factor crítico. El Urabá es una zona compleja. El sur del Meta, sur del Tolima, Cauca, Putumayo y Caquetá.
Las reclamaciones están en las zonas en las que ha habido conflicto. Las reclamaciones no las encontramos en Boyacá, por ejemplo.
El proceso marcha aun mejor ritmo en los Montes de María, Sucre, Córdoba en ciertas zonas, en el Cesar. Con las complejidades propias de una política que le quita tierras a unos y se las da a otros.
Además de los inconvenientes de orden público ¿cuáles son los escollos que ha encontrado la unidad?
El tema del catastro es un problema serio. Hay zonas que no ha actualizado su catastro, en otras zonas la información contenida no coincide con la realidad. También tenemos problema de orden legal, en muchas de las zonas que se está interviniendo hay afectaciones de ley segunda del 59, que es una ley que protege ciertas zonas.
El otro problema es que muchos de los que salieron de sus tierras no están concentrados en un mismo punto esperando la restitución de sus predios. Muchas se dispersaron por el país y por el mundo. Eso complejiza la intervención.
El nodo del conflicto es la tierra, entrando a un posconflicto ¿cómo podemos garantizar que no vuelva a ser la tierra el origen de otro ciclo de violencia?
Lo importante para que esto no vuelva a suceder es certificar los derechos de propiedad., titularlos y fortalecer la institucionalidad en las regiones apartadas del país. Tener una justicia agraria para que los conflictos sobre la tierra los diriman los jueces y no los jefes guerrilleros o paramilitares como se hizo. En esas zonas va a estar la policía cuidando los derechos de propiedad de todos los que estén titulados y restituidos.
Lo otro es darles instrumentos a los campesinos para que las tierras se vuelvan productivas. Hay que crear la infraestructura. Debe haber capacidades para enfrentar la actividad productiva. Así no se tendrá un caldo de cultivo para un nuevo ciclo de violencia.
¿Existen casos en los que quienes piden las tierras no sean los legítimos dueños?
Claro que sí, cerca de tres mil casos estudiados no aplican en esta ley. Algunos de esos casos se han remitido a la fiscalía porque hay actuaciones indebidas para beneficiarse de la ley.
Lo que hemos llevado al juez, tenemos la tranquilidad de que eso ha sido fallado justamente.
¿Por qué se activaron las críticas a la unidad en esta coyuntura electoral?
Este proceso tiene muchos ojos vigilantes y eso nos ha llevado a actuar con la mayor responsabilidad. Nos vigilan la Procuraduría, además nos acompaña en el proceso, está la comisión de seguimiento. Tenemos una comisión de seguimiento del Congreso de la república que la preside el senador avellaneda. Hay organizaciones de la sociedad civil y observatorios académicos. Algunos nos reconocen cosas, otros nos critican.
Nosotros somos los más interesados en que esto mejore. A veces no les prestamos atención porque o son visiones muy académicas que no se corresponden con la realidad o porque son críticas con un interés político y un sesgo claro. Las recibimos a beneficio de inventario. De todas maneras recibimos esas críticas de la mejor manera a ver qué podemos mejorar.
Frente a los cuestionamientos que nos hacen debemos decir que esta institucionalidad y estas políticas hace dos años no existían. Quisiéramos que este proceso fuera más rápido, pero es un tema tan complejo que exige prudencia extrema. Encontramos en las propuestas que nos han hecho últimamente. Una que nos hizo el Senador avellaneda implica que hagamos un trámite administrativo para aquellos casos que no hay oposición, allí hay un espacio que nos permitirá hacerlo con un proyecto de ley mediante.
Cuando no hay oposición, cuando no hay controversia la idea es decirle al campesino: Tome su título.
¿Qué es lo más satisfactorio para usted?
Lo más satisfactorio para mí es haber conseguido una institucionalidad de cero en escasos dos años, hacer institucionalidad no es fácil. Arrancar de cero y crearla en tan poco tiempo es un logro para mí. Eso es algo que me realiza. El país nunca había restituido tierra. Por eso empezar a hacerlo es algo que se configura en un triunfo. Hay mucho que mejorar. Todo el tiempo. Es complicado porque no puedo mirar experiencias ajenas porque este proceso es único. Si lo estuviéramos haciendo en el posconflicto sería ,más rápido y lo seguiremos haciendo.
¿Usted cree que los diálogos de La Habana van por buen camino?
Yo soy uno de los convencidos en que el proceso de paz va a resultar exitoso y que habrá un proceso de reconciliación., este proceso será el detonante para un mejor desarrollo en esta sociedad, tanto económico como humano. Yo rezo todos los días para que este proceso vaya bien y que ojalá en un futuro cercano haya acuerdo para que Colombia vaya por buen camino.
