Se llegó el momento esperado, el equipo negociador del Gobierno Santos y el de las FARC se sientan a partir del próximo lunes 19 de noviembre a abordar los temas de la agenda acordada en el documento “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” de agosto pasado.
Después de un aplazamiento de cuatro días, mientras terminaban de acordar aspectos procedimentales, finalmente las dos delegaciones van a abordar el primer tema de la agenda, que lo enuncia el documento del Acuerdo de la siguiente manera:
“Política de desarrollo agrario integral, el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. Sistema de seguridad alimentaria”.
Este conjunto de temas efectivamente les van a permitir a las delegaciones hacer una revisión general de la problemática del mundo rural colombiano y en esa medida, quiérase o no, del modelo de desarrollo que ha tenido el sector rural –es inevitable- y el que, o los que, eventualmente podrían ser los deseables. Seguramente hablar de desarrollo agrario integral conlleva no sólo discutir sobre el uso de la tierra, la productividad de las distintas actividades y cultivos, sino también, de las condiciones de vida de los pobladores del mundo rural, el acceso de éstos al recurso productivo tierra, pero igualmente a la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes del mundo rural y sus familias (las condiciones de trabajo, la educación para los hijos, la salud para las familias campesinas, vías de comunicación y otras infraestructuras productivas, servicios públicos esenciales, etc.).
Al respecto de este punto seguramente habrá algunas convergencias que son evidentes y aceptadas por las partes como el alto grado de concentración de la tierra expresado en el índice o coeficiente de Gini, la necesidad de clarificar la titulación y la propiedad de la tierra, el tema de la frontera agrícola y las zonas de reservas de campesina –su apoyo, expansión y protección-, los componentes del desarrollo agrario, que deben tener un enfoque territorial, no se puede pensar que son uniformes en el país –crédito agropecuario, asistencia técnica, mercadeo, la generación de ingresos-, la importancia del desarrollo social y de la soberanía alimentaria, la organización campesina, no sólo para las actividades productivas sino para expresar sus demandas y ser un legítimo representante social de las mismas, entre otros.
Pero igualmente, aflorarán diferencias acerca de cómo se concibe el desarrollo rural, por ejemplo en relación con el rol de la agroindustria y el impacto de los monocultivos, la inversión extranjera en la compra de tierras y su relación con la soberanía nacional, o el apoyo a un modelo de desarrollo agrario en el cual los medianos y pequeños productores campesinos jueguen un rol fundamental en la producción de alimentos para el mercado nacional y eventualmente para la exportación.
Sin embargo, si bien pueden haber posiciones antagónicas entre las dos delegaciones, no se puede descartar la construcción de acuerdos alrededor de un modelo de desarrollo agrario que articule desarrollos de agroindustria con apoyo y fortalecimiento de la producción de medianos y pequeños campesinos y allí puede entrar a jugar un papel fundamental el desarrollo con enfoque territorial, porque dependiendo de las regiones una u otras modalidades de desarrollo agrario pueden ser más o menos viables.
Ahora bien, más allá de los distintos temas de convergencia y diferencia que se pueden evidenciar en las dos delegaciones en relación con el desarrollo agrario y sus aspectos relacionados, vale la pena señalar los alcances propios de la Mesa de Conversaciones. Esta no es un sustituto del Congreso, ni es un ente con capacidad decisoria, ni un ente para recibir solicitudes de demandas particulares, ni va a ser una sustitución o duplicación del INCODER o de la institucionalidad agraria del Estado, es decir, la Mesa no se va a poner, por ejemplo, a clarificar la titulación y propiedad de la tierra, esa es una tarea de la institucionalidad del Estado. La Mesa de Conversaciones va a ser un espacio en el cual se llegará FUNDAMENTALMENTE A ACUERDOS POLÍTICOS.
Pero, esos Acuerdos Políticos van a requerir en la tercera fase, la de la implementación de los Acuerdos, que éstos se traduzcan en decisiones legales, vía Congreso de la República si se trata de cambios legales y allí podría acordarse un mecanismo de presencia transitoria de delegados de las FARC en el Congreso, previa dejación de armas, para que junto con los voceros del Gobierno, impulsen esas iniciativas legislativas; también se podrían estudiar otros mecanismos de refrendación democrática como serían un referendo o eventualmente una Asamblea Constituyente. Pero todo ello va a ser parte de las conversaciones relacionadas con la fase de implementación de los Acuerdos Políticos.
Por lo tanto, creo que lo pertinente es dejar a las dos delegaciones tranquilas que trabajen sin presiones de los medios de comunicación y de la llamada opinión pública; que en la Mesa expongan, debatan y busquen construir esos Acuerdos Políticos y si lo requieren hagan sus consultas con expertos o con dirigentes de organizaciones sociales, pero para tratar de llegar a los Acuerdos. De eso se trata esta segunda fase del documento firmado por el Gobierno Nacional y las FARC.
Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición N° 00329 – Semana 16 al 22 de Noviembre de 2012
