El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció hoy que la “campaña” del Gobierno venezolano contra la libertad de prensa durante 2012 tuvo como marco los comicios en los que fue reelegido el presidente Hugo Chávez y “se extendió más allá de las fronteras del país”.
En su informe anual “Ataques a la prensa: periodismo bajo fuego cruzado”, el CPJ asegura que en el periodo previo a los comicios en los que Chávez obtuvo su tercera reelección, el “Gobierno continuó su sistemática campaña contra la prensa crítica mediante iniciativas legales, amenazas y medidas regulatorias, a la vez que inundaba las ondas radioeléctricas mediante su imperio de medios estatales”.
Las elecciones “tensaron un contexto político ya de por sí polarizado: periodistas pro-gobierno y periodistas simpatizantes de la oposición fueron objeto de agresiones mientras informaban sobre acontecimientos de la campaña electoral”, afirma el CPJ en el informe.
En ese sentido, el CPJ, organización de defensa de la libertad de prensa, destaca que Globovisión, único canal de televisión crítico del Gobierno que aún continúa sus transmisiones, tuvo que enfrentar “multas del ente regulatorio, agresiones verbales de funcionarios gubernamentales y la violencia directa contra su personal”.
Esa campaña de “hostigamiento” contra Globovisión incluyó la agresión a dos periodistas mientras cubrían un acto opositor y una multa de 2,1 millones de dólares tras recibir una sanción por su cobertura informativa de un motín carcelario, reseña el organismo en el estudio, presentado hoy en la sede de la ONU y en que el denuncia un aumento “sin precedentes” del número de periodistas asesinados y encarcelados en el mundo el año pasado.
En su informe, el CPJ aborda también la situación política de Venezuela y señala que la salud del presidente Chávez, de 58 años de edad, en el poder desde 1999 y quien permanece en Cuba tras haber sido operado en diciembre pasado por el cáncer que padece, es un tema rodeado de “misterio” que “deja un panorama político incierto”.
El documento resalta que esa “campaña” del Gobierno se extendió “más allá de las fronteras del país” y, de hecho, Venezuela integró un bloque dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “que se esforzó por desmantelar el sistema de protección de los derechos humanos de la región, incluso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”.
El año pasado, recordó el CPJ, el Gobierno también anunció que presentaría “un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La organización sostiene, asimismo, en su informe de 2012, citando datos de la ONG venezolana Espacio Público, que las cuentas de correo electrónico o de Twitter de varios periodistas fueron objeto de ataques cibernéticos en 2012, “muchos de ellos ejecutados por un grupo pro gobierno llamado N33”.
Los medios de prensa, “tanto aliados del gobierno como opositores, también fueron blanco de ataques cibernéticos, al igual que escritores, activistas de los derechos humanos, políticos opositores y funcionarios gubernamentales”.
En cuanto a los controles gubernamentales, el organismo anota que ya transcurrieron dos años desde la última vez que se divulgaron las estadísticas de homicidios y recordó que existe un fallo de un tribunal que prohíbe informar sobre la calidad del agua sin referirse a datos de organismos gubernamentales.
Con EFE.
