El 8 de noviembre de hace 30 años, la escena de uno de los mayores crímenes de nuestra historia pudo estar siendo vilmente modificada. Confidencial Colombia dialogó con Jorge Molano, abogado representante de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.
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Ante el clamor de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el instituto de Medicina Legal trajo a un grupo de científicos genetistas y expertos forenses de España, Perú y Argentina, con el objetivo de adelantar la identificación de los cuerpos y brindar garantías a los familiares de los desaparecidos exhumados.
Confidencial Colombia consultó al doctor Jorge Eliece Molano, abogado defensor de derechos humanos y representante de algunas de las víctimas del holocausto.
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Un día antes de la petición pública de perdón por parte del Estado, representado por el Presidente Santos, las víctimas hicieron una nueva solicitud, en aras de esclarecer lo sucedido hace 30 años:
“La solicitud que hemos elevado a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, dice que se requiere de manera urgente proceda a abrir una investigación y citar a indagatoria a Belisario Betancur, por cuanto primero el ha manifestado recientemente que primero reconoce los errores cometidos durante la Toma del Palacio, que nosotros preferimos no llamarlos errores sino crímenes y que asume la responsabilidad.
(…) Entonces ante esas manifestaciones públicas lo más lógico y lo idóneo ante un juez natural comparezca a decir la verdad a calificar cada uno de los aspectos relacionados con estos crímenes”
En tanto a las razones por las cuales, la justicia no ha llamado a indagatoria a expresidente, Molano argumentó: “Creemos que es porque hasta hoy en muchos sectores del poder permanece el pacto de silencio, el pacto de encubrir los crímenes, el pacto de ocultar la verdad, el pacto de favorecer a los victimarios.
(…) Nosotros creemos que es el momento de romper ese pacto, más aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que todo obstáculo de hecho o de derecho que exista debe ser removido y aquí desafortunadamente la Comisión de Acusaciones, pese a que las víctimas han denunciado de la Fiscalia a compulsado copias.
(…) La juez tercera compulsó copias, la Juez 55 y el Tribubal de Bogotá en las 5 oportunidades que se ha pedido investigación. Entonces, la Comisión de Investigación y Acusaciones ha sido una comisión ciega y sorda ante el clamor de las víctimas.
Refiriéndose a las últimas pruebas documentales reveladas: “Hay nuevos elementos físicos de los que se conocieron en los juicios anteriores, hay nuevos informes elaborados por la Fuerza Pública que permiten corroborar todas las afirmaciones que se hicieron por la Fiscalía General de Nación.
(…) Existen nuevos videos que permiten confirmar la salida de empleados de la cafetería, pero además la salida de integrantes de M19 que después aparecieron asesinados dentro del Palacio.
(…) Se ha podido tener acceso a las actas de los consejos de ministros, en las cuales se ven las discusiones y debates que allí se presentaron y el papel que jugaron cada uno de ellos dentro del Estado. Y hay una serie de pruebas, estamos de hablando de un expediente de más de cien diez mil hojas, 900 videos y audios”.
En tanto al último hallazgo de restos en un cementerio de Bogotá, el representante de las víctimas se mostró escéptico: “Nosotros tenemos varias inquietudes y tenemos un problema. El 20 de octubre citaron a los familiares y a los abogados con el fin de informar sobre los hallazgos que se habían realizado.
(…) Hasta la fecha, es decir 20 días después de que se hiciera esa reunión y en días de conmemoración, no se ha rendido ningún dictamen por parte de Medicina Legal y la Fiscalía. Los abogados aún no sabemos los procedimientos, las bases, aún no conocemos el carácter científico de todos los hallazgos.
(…) En el caso de los restos de Cristina del Pilar Guarín, su familia enfrenta una situación similar a la que enfrentan los hijos de Marina Isabel Ferrer, quienes han indicado que los restos entregados no corresponden a los de la señora Ferrer.
(…) En el caso de la señora Guarín, sus familiares no reconocen los objetos encontrados junto a los restos. Es decir, que en vez de esclarecer, se está sembrando más la duda en los familiares”.
Sobre las causas históricas que rodearon la toma y retoma, y el contexto latinoamericano de la época, el representante de las víctimas argumentó: “Es importante señalar que dentro del Palacio de Justicia se encontraban eminentes juristas como Alfonso Reyes Echandía, como Manuel Gaona Cruz y como Emiro Sandoval Huertas entre otros; pero especialmente estos tres juristas venían en sus charlas académicas y en sus diferentes intervenciones, cuestionando el poder militar y su desbordamiento frente al poder civil.
(…) Reyes Echandía era claro en rechazar las atribuciones de la seguridad nacional y las atribuciones que los ejércitos estaban teniendo en Amércia Latina.
(…) Es decir había un debate en contra del poder militar, y ese poder militar es que resulta arrasando esa corte durante el proceso de retoma, incendiándola y asesinando a gran parte de los magistrados. Ya que se ha establecido que gran parte de las balas con que fueron asesinados provenían del Ejército Nacional.
(…) Segundo, se dice que el gobierno de Belisario Betancur fue asaltado por el Ejército. Si así fue, queremos que el expresidente lo explique antes de morir y ante la justicia. Si de verdad somos la democracia más antigua de América Latina o si ese es otro embeleco que le han entregado a la sociedad colombiana”.
