Con el motivo de la presentación del Plan Decenal de Justicia, que dicta los retos que debe enfrentar la justicia colombiana los próximos diez años, el presidente Juan Manuel Santos nombró a Enrique Gil Botero como remplazo de Jorge Londoño en el Ministerio de Justicia.
Luego de la renuncia de Jorge Londoño, quien aspira para el Senado en las elecciones de 2018 encabezando la lista del partido Alianza Verde, se desató una expectativa sobre quién sería su sucesor.
El presidente Juan Manuel Santos expresó: “Me alegra decir que el nuevo ministro de Justicia será el doctor Enrique Gil Botero, un jurista con las mejores credenciales”.
Enrique Gil Botero es un abogado egresado de la Universidad de Antioquia, con especialización en derecho administrativo en la Universidad Pontificia Bolivariana y en derecho constitucional en la Universidad de Salamanca.
Gil Botero ha sido presidente del Consejo de Estado, árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín y trabajaba como miembro de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), ahí “ha hecho un trabajo excelente porque las referencias que he recibido de sus colegas y de todo el engranaje de Derechos Humanos de allá en Washington han sido referencias impecables”, afirmó Santos.
El reto del nuevo ministro es continuar con el Plan Decenal de Justicia y refiriéndose a Londoño, el presidente dijo: “Le deseo al doctor Londoño todo lo mejor, y espero que llegue al Congreso para que desde allí siga defendiendo la Justicia y la paz”.
Una de las polémicas que ha atravesado el nuevo ministro es la de haber sido beneficiado por contratos otorgados por la Fiscalía con Eduardo Montealegre a la cabeza.
En febrero 2012, el Consejo de Estado anuló la elección de Viviane Morales como fiscal, Gil votó a favor de la anulación. El sucesor de Morales fue el abogado Eduardo Montealegre, quien llegaba a culminar el período de la hoy senadora hasta 2014.
A raíz de ello, se generó un debate para establecer si la permanencia en la Fiscalía debía ser personal (cada fiscal elegido debería durar 4 años) o institucional, que indicaba que cada 4 años se debería elegir fiscal independientemente del número de funcionarios que hayan pasado en ese lapso. El Consejo de Estado, a la cabeza de Enrique Gil Botero, determinó que Montealegre debía completar sus 4 años al frente de la Fiscalía.
En 2015, Gil fue contratado por la Fiscalía por el monto de $751 millones, para asesorar a esta con la formulación de políticas para prevenir daños antijurídicos.
