El aeropuerto civil de Tumaco está en la isla del Morro, allí se mezclan las operaciones de las aerolíneas Satena y Avianca con las avionetas turbo trush de Antinarcóticos. En este lugar se palpa la persistencia de la guerra interna. Las tres islas que conforman la cabecera municipal están dominadas cada una por un actor armado diferente: La zona de playas turísticas es donde las fuerzas militares ejercen control y cuentan con una enorme instalación que tiene base de helicópteros y puerto de la Infantería de Marina.
En esta parte de la ciudad los hoteles alojan a los pilotos de fumigación, tripulaciones de la fuerza aérea y comandos especiales de la Policía Nacional; en la isla del centro, se encuentra la mayor parte del comercio y se habla abiertamente del control que ejerce la columna Daniel Aldana de las FARC, la cual acecha la estación de Policía y dice la gente que ella “sacó a plomo” a los paramilitares de allí; en la última de las islas se comenta que actúa la banda criminal “los rastrojos”.
Pasto, la capital nariñense, está enclavada en los Andes y se notan las distancias en kilómetros y en los aspectos sociales y culturales con el Occidente del departamento. Son dos departamentos distintos. La costa pacífica, al norte en linderos con el Cauca, es otro mundo y los asentamientos humanos de las zonas de selva y rio que se desprenden desde la cordillera hasta el mar están desconectados del resto de Nariño y del país. En medio del avance de la minería y los cultivos de coca dedicados a pasta base la población está sumida en la pobreza y arrasa con los bosques.
Nariño es el primer sembrador de cultivos de coca. En el año 2013 fotografías de satélite del SIMCI de la UNODC registraron 13.177 hectáreas de esta planta. Desde 2003 este territorio se ubica entre los tres primeros del país en extensión sembrada de coca. Tumaco es el primero en la valoración municipio por municipio. Casi el 70% de estos cultivos se encuentran en predios pertenecientes a territorios de comunidades negras del Litoral Pacífico, resguardos indígenas y áreas protegidas. En el Monitoreo de cultivos de coca 2013 de esta agencia internacional, publicado en Junio del presente año, se reporta que en dicho periodo operaciones antidroga destruyeron 348 “laboratorios” de pasta base en este departamento.
En la década de los años 2000, el entonces Gobernador Parmenio Cuéllar planteó ante el Congreso de Estados Unidos que los cultivos de coca se estaban trasladando del Putumayo hacia Nariño como consecuencia de varios factores: La pobreza rural; los campesinos que estuvieron como colonos en el vecino departamento y que estaban siendo desplazados; la ausencia de estado social en la costa pacífica y en la región andina; la crisis de las economías rurales ante la falta de protección a los productos agrícolas, entre otros. Pero decía que todo esto tenía como motor de impulso las fumigaciones aéreas aplicadas en el marco del Plan Colombia. Ante esta situación varios gobernadores reclamaban inversión social a cambio de erradicación forzada y un reordenamiento del suroccidente. No tuvieron respuesta en Colombia ni allá donde pusieron un buen paquete de “ayuda” consistente en más del 80% para asuntos militares y el restante para desarrollo.
Muchos dicen que la Ley de fronteras aquí no ha servido mayor cosa. Algunos comparan los avances en infraestructura (la carretera panamericana después después de Ipiales) que se ven al otro lado de la frontera gracias al gobierno de Rafael Correa en Ecuador y se lamentan del tramo que les le corresponde a Colombia de esa vía entre Nariño y Cauca. Así mismo, el malestar por decisiones sobre combustibles que desde Bogotá les ha fijado un cupo “insuficiente” para abastecer el mercado regional, los ha movido en varias ocasiones a protestar y han presionado pequeños cambios en esa medida. Pero, aun persisten sus quejas por la caída de la economía campesina ante el contrabando de productos del vecino Ecuador y por los impactos del libre mercado sobre la agricultura.
Nariño tiene una seguidilla de gobiernos alternativos: Ya van cuatro gobernadores independientes y una constituyente departamental. El programa “sí se puede” en el periodo del Gobernador Antonio Navarro fue impulsado para sustituir cultivos de coca y obtuvo logros valiosos en medio de las fumigaciones desplegadas por el gobierno nacional. La cooperación internacional acumuló también importantes lecciones en su intervención en una región conflictiva. Existen múltiples organizaciones sociales que reflejan la diversidad geográfica, étnica y poblacional: Hay una red de consejos comunitarios y asociaciones de autoridades indígenas. También hay mesas de juventud, mujeres, víctimas y campesinos que tienen muchas ideas y procesos en marcha. Recientemente, la consejería de paz del Departamento se alió con una Agencia de Desarrollo Local y emprendieron juntos la construcción de una Agenda de Paz con el apoyo de las Diócesis católicas.
No obstante, la guerra ataca gravemente el tejido social. Más de 170 mil personas son víctimas en esta sección del país, de los cuales más de 100 mil lo son del delito de desplazamiento forzado; así mismo, varios cientos de miles de colombianos se han refugiado en Ecuador. Los territorios de comunidades negras e indígenas han sido violentados por actores armados legales e ilegales. Las autoridades de estos territorios y sus planes de vida no han sido reconocidos por el Estado, a pesar de la existencia de instrumentos como la Ley 70 o los avances de la Constitución del 91. Las formas de organización social de estas comunidades reclaman visibilidad, participación efectiva y autonomía.
Un retrato del vacío
Si calculamos que la coca sembrada en Nariño puede producir según estudios en terreno hasta 5 cosechas al año, y que cada hectárea de hoja de coca puede rendir hasta dos kilos de pasta base, tenemos que solo en Nariño se producen al año cerca de 130 toneladas de dicha pasta, las que aun en deflación (hay partes en que pagan el kilo a menos de un millón de pesos) representarían un ingreso bruto de 130 mil millones de pesos. De esto al campesino es al que menos parte le corresponde. Pero esa “mercancía” transformada en clorhidrato de cocaína y puesta en México DF puede costar hasta 50 veces más y vendida al detal en calles de ciudades arriba del rio Grande puede subir hasta 60 veces comparado con la zona donde se produce la materia prima. Es decir, por un kilo de cocaína en Estados Unidos a redes de microtráfico le ingresan hasta 60 millones de pesos. Visto en dólares esto representa un paso de 500 a 30 mil dólares aproximadamente.
Esas “hiperganancias”, como las llama el economista Felipe Tascon, son muy atractivas. La salida de escena de las FARC como regulador social y de precios en zonas de cultivo y producción de pasta base (tal como dice el preacuerdo que se ha dado a conocer desde La Habana), genera unos vacíos que son imposibles de ocupar por la actual institucionalidad estatal. Sería muy curioso que la fuerza pública o una entidad de carácter social quisiera encargarse de la regulación de precios y transacciones de esta economía ilícita. Tampoco se avizora que el Estado sea capaz de acudir con prontitud a ocupar la escena social y organizativa de las comunidades que cultivan coca en aras de animarlas a dejar atrás su dependencia de esta actividad. Y mucho se duda que las FARC obren en el post-acuerdo como policías antinarcóticos. A lo que se suma el hecho de que los productos sustitutos no “pelechan” de un día para otro.
Esos vacíos se hacen más grandes puesto que el mercado de cocaína sigue intacto; casi tres cuartas partes de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasa por la frontera con México; más del 80% de la cocaína incautada en calles de ese país es de origen colombiano, según dicen autoridades estadounidenses; los carteles mexicanos y centroamericanos han asumido el riesgo de venir hasta las costas colombianas a llevar la “mercancía” y por eso cobran una mayor cuota de participación en el negocio; los campesinos, indígenas y afros continúan siendo invisibles para las políticas estatales y la institucionalidad no puede o no quiere llegar hasta donde se necesita, entre otras situaciones que propiciarían la persistencia de los cultivos, no solo en Nariño sino en todo el Andén Pacífico.
La mano de obra barata, en una zona -vaya paradoja- sin autoridad y sin confianza de las comunidades hacia este tipo de Estado, unido a las condiciones geográficas tambien estimula un buen negocio del cual se obtienen enormes dividendos económicos que se disputarían facilmente otros actores -nuevos o reciclados- como ya sucedió en el caso de la desmovilización de las AUC en la década anterior. Esos vacíos los prevé el preacuerdo entre FARC y Gobierno Nacional pero bastante difícil será llenarlos!
