La democracia en España atraviesa su momento más delicado en su historia reciente. La insólita decisión del Gobierno catalán de sacar las urnas a la calle para votar unilateralmente un referéndum de independencia de España, es la mayor amenaza a un Gobierno en Europa desde los movimientos independentistas en los Balcanes, allá por los años 90, y que trajo una guerra en la ex Yugoslavia que dejó cientos de miles de muertos, la última gran vergüenza en Europa.
En este momento de desencuentro político y social entre esa región de España con el Estado central, la agresión al orden constitucional que sostiene el gobierno autonómico de Cataluña justifica sobradamente la respuesta que el Estado está desplegando con medida de proporcionalidad pero con toda firmeza. Ningún ciudadano celoso de su libertad política y preocupado por la integridad de su Nación perdonaría ahora forma alguna de inacción ni por parte de este Gobierno que preside Mariano Rajoy ni de los jueces ni de sus representantes electos en las cámaras legislativas.
Los lectores de Confidencial Colombia que hayan visitado España, bien saben que es un país en el que se puede pasear en libertad, se respetan las libertadas culturales, religiosas e ideológicas; las instituciones y los servicios públicos funcionan sin mayores problemas, donde la justicia es razonablemente justa (que es lo que debe ser) y actúa contra los que tiene que actuar, independientemente del color político que sea. Es decir, existe un régimen de libertades y hay separación de poderes.
En este sentido, la operación de desmantelamiento del referéndum ilegal que se produjo este miércoles, con el encarcelamiento de 14 altos cargos catalanes, marca un punto de inflexión que todo demócrata contempla con alivio y esperanza. Porque aquí no se está definiendo un duelo de legalidades en pie de igualdad, como pretende la propaganda independentista y populista, sino el restablecimiento de los derechos y las libertades de todos los españoles allí donde han sido atacados. Y en primer lugar de los catalanes, cuyas instituciones han sido usurpadas por un proyecto separatista que pretende monopolizar el espacio público y excluir al discrepante del debate político.
El intento de tumbar la ley por parte del sector más radical del independentismo catalán no puede quedar impune. Primero por la gravedad que entraña. Y, segundo, porque sentaría un precedente del que el Estado ya no se recuperaría. La ley SIEMPRE debe prevalecer. El Estado tiene la obligación de velar por los derechos de todos los españoles. Nadie está por encima de la ley, y menos cuando el independentismo, a quien primero afecta, es a los propios catalanes, que mayoritariamente no quieren aventuras independentistas.
