“Uso preventivo de la pólvora por los Derechos Humanos” es la campaña que lanza la Defensoría del Pueblo haciendo un llamado a las autoridades y los ciudadanos para que acaten las recomendaciones sobre el riesgo que implican los juegos pirotécnicos y evitar episodios como el ocurrido en Soacha durante las últimas horas.
Con el fin de sumarse a los esfuerzos que en materia de prevención promueve el Gobierno Nacional para reducir el número de quemados, la Defensoría del Pueblo puso en marcha la campaña “Uso preventivo de la pólvora por los Derechos Humanos”, con el eslogan “Esta Navidad no queme la alegría”.
El Defensor regional Bogotá, William Suárez señaló que “La pólvora no es un juego. Estamos invitando a todas las personas a que hagan un uso responsable de la pólvora. Que las autoridades hagan control y que los niños definitivamente no usen pólvora”.
De esta manera se pretende evitar hechos lamentables como el ocurrido durante las últimas horas en el sector de Altos de la Florida, en el municipio de Soacha, donde cuatro personas resultaron heridas y 10 viviendas tuvieron que ser evacuadas por la explosión de una fábrica de juego pirotécnicos.
De las 891 personas afectadas durante la última temporada de fin de año, 256 sufrieron laceraciones, 154 presentaron contusiones, 63 tuvieron que ser amputadas, 46 padecieron daño auditivo y 26 consecuencias letales en la visión.
Entre diciembre de 2013 y enero de este año, 113 niños, niñas y adolescentes tuvieron que ser hospitalizados en virtud de las graves lesiones que les produjo la manipulación y exposición directa a la pólvora.
Los dedos de la mano con 271 casos, las manos con 168, la cara con 80 registros, los ojos con 68 reportes y las extremidades con 128 novedades, son los órganos más afectados por la manipulación indebida de juegos pirotécnicos según la estadística general.
Ante este panorama y los antecedentes que ya existen este año como el estallido reciente en Soacha, la Defensoría del Pueblo insiste en su llamado a las autoridades y a los ciudadanos para que se acaten las recomendaciones respecto al riesgo que implica el uso inapropiado de estos elementos, y para que se adopten las medidas de prevención y control correspondientes.
Dentro de las sanciones contempladas en la legislación se encuentra la multa hasta por 5 salarios mínimos para los padres irresponsables y hasta por 20 salarios mínimos sin prejuicio del cierre del establecimiento o a la suspensión de la licencia, para los expendedores.
Dentro de la ruta para el restablecimiento de derechos están las amonestaciones con asistencia obligatoria a cursos pedagógicos, el retiro de los niños en riesgo y su ubicación en programas de atención especializada, y de ser necesario la pérdida de la patria potestad.
