Se estima que el esquema de corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa entre 2004 y 2012, desvió aproximadamente 10.000 millones de reales (unos 3.200 millones de euros). El escándalo también involucra a empresarios de grandes constructoras brasileñas como Odebrecht, y a tres expresidentes de Brasil.
Petrobras es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de Latinoamérica, hoy en el ‘ojo del huracán’ por corrupción y con el relevo inminente de toda su cúpula. Fue fundada en 1953, ha sido durante décadas el orgullo del país. Emplea a 87.000 personas y produce dos millones y medio de barriles de crudo al día. Tanto el expresidente Lula da Silva como la presidenta Dilma Rousseff depositaron en la petrolera “el futuro de Brasil” tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006.
La Operación Lava Jato (desmantelamiento) llegó al gran público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios Estados de Brasil, pero había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y São Paulo. Tras meses de investigación, el hilo acabó llevándoles de vuelta al Estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, viejo conocido de la Policía Federal y un personaje fundamental en el engranaje descubierto.
Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro ‘colaborador’ con la Justicia, Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso, que ha salpicado a políticos brasileños. La Fiscalía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8.000 millones de dólares (20.000 millones de reales): el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña.
Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política ‘Compre Nacional’ implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía para estimular la creación de empleo. De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos.
Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas ‘fachada’ y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las compañías, pura cosmética financiera, simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.
La trama de financiación irregular de partidos políticos afecta en principio a todo el arco parlamentario, aunque señaladamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y al Partido Progresista (PP). El caso ha destapado prácticas corruptas extendidas desde hace lustros entre la élite del país.
Los ‘peces gordos’ de este caso son los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (del gobernante Partido de los Trabajadores, PT), Fernando Collor de Melo (actual senador del Partido del Trabajo de Brasil, PTB, de Alagoas, que ya está siendo procesado en el Supremo Tribunal Federal) y la actual dirigente, Dilma Rousseff (PT), han sido mencionados en los autos del caso.
Las conexiones extranjeras del caso Petrobras son abundantes. En Estados Unidos, donde sus acciones cotizan en la Bolsa de Wall Street, es investigada por la Securities and Exchange Comission (SEC). Además, la policía encontró en casa de Alberto Yousseff un listado de 750 obras entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. Las ramificaciones de la Lava Jato llegan también al otro lado del Atlántico: concretamente a Suiza, adonde se han desplazado investigadores del caso para colaborar en el rastreo de activos ilegales.
La presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, presidió el Consejo de Administración entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso (entre ellas la más grave: la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil).
