Confidencial Colombia publica hoy en EXCLUSIVA un capítulo del libro escrito por Noemí Sanín y el ex viceministro del Interior Miguel Ceballos, La Llegada del dragón, que será lanzado este lunes, en donde se demuestra como un presunto conflicto de intereses por la construcción de un canal interoceánico en los mares en litigio con Nicaragua, a manos de una juez china miembro de la corte de La Haya, puede ser la carta maestra para reconfigurar el fallo que le quitó 75 mil kilómetros de mar a Colombia y los puso bajo la soberanía nicaragüense.
La ex canciller Noemí Sanín y el ex viceministro del Interior, Miguel Ceballos, se dedicaron durante un año a estudiar el fallo sobre el litigio con Nicaragua, que profirió la Corte Internacional de la Haya y que le quitó a Colombia 75 mil kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Sanín y Ceballos encontraron una pieza clave, según ellos, para que Colombia interponga un recurso ante la Corte que haga inválida la decisión del tribunal internacional. Aseguran los investigadores que una juez china falló a favor de Nicaragua por los intereses que tiene su país en la construcción de un canal interoceánico que contempla su instalación en un tramo marítimo de anterior control colombiano, el cual plantea un escenario geopolítico complejo para toda la región.
Compendio del Capítulo: “Sorpresas te da la vida”, del libro La Llegada del Dragón
Mientras en el país hacia eco la noticia del fallo emitido por el tribunal internacional en y se agitaban las opiniones por todos lados, en Nicaragua, los medios informaban con “insistencia” sobre una empresa china de telecomunicaciones llamada Xinwei Telecom, a la cual el gobierno sandinista le había adjudicado una licitación de “manera poco transparente” para controlar un tramo de la telefonía del país.
Según dicta el texto, resulta que el presidente de esa compañía, Wang Jing, también es cabeza de HK Nicaragua Canal Development Investment, un organismo creado para la construcción de un canal interoceánico en aguas del Caribe bajo la dirección del gobierno de Nicaragua con la asistencia de la empresa china,
Este negocio fue la pista clave para que el equipo liderado por Sanín y Ceballos decidiera vigilar con detenimiento los nexos entre China y Nicaragua por la construcción del megaproyecto, el cual, según indica el libro, fue el sello con el que se firmó un documento al respecto el 31 de octubre del año pasado y que se reveló en junio de este año, que demuestra que la licitación realizada entre los dos países puede tener un conflicto de intereses impulsados por una juez de nacionalidad china que hace parte del grupo de magistrados de la Corte Internacional que dictó la sentencia.
El presunto fallo a favor de Nicaragua emitido por la juez y los intereses de por medio del gobierno chino en sintonía con la construcción del canal interoceánico, son causas lo suficientemente graves para que el tribunal de La Haya vuelva a revisar el fallo.
Este hallazgo fue entregado poco después al presidente Juan Manuel Santos y a la Canciller, María Ángela Holguín, el 28 de noviembre del mismo año en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros. La fecha fue la misma en la que se denunció al Pacto de Bogotá, ley que suscribe a Colombia bajo el criterio de la CIJ.
Tras exponer el caso ante el Presidente y la Canciller, el jefe de Estado señaló que “esto nos cae del cielo” y ordenó a la ministra Holguín que analizara el tema junto con los asesores y abogados que comprenden el grupo de estudio del fallo.
Posteriormente se instaló otra reunión entre el mandatario y los investigadores el 4 de diciembre de 2012, para ampliar la información consultada. Se entregó una copia del informe en inglés destinada al grupo de juristas encargados.
Luego, el 3 de enero de 2013, se le envió al Presidente un llamado de atención que alarmaba una pretensión expansionista de Nicaragua más allá de 200 millas náuticas, ratificada por Carlos Argüello Gómez, agente de Nicaragua ante La Haya, quien había comenzado a dar declaraciones para los medios de comunicación, anunciando que pronto se concretarían, como efectivamente sucedió, dichas pretensiones en una solicitud formal ante la Corte Internacional de Justicia.
Días después, en un desayuno con el profesor inglés Robert Volterra, consejero de representantes internacionales en los temas de derecho internacional y un hombre reconocido entre los tribunales de orden mundial, el equipo de investigadores presentó el informe ante el docente pero su respuesta dejó un sabor agridulce.
Volterra recomendó en un correo electrónico abandonar la investigación bajo el argumento de que para la Corte Internacional eran inaceptables tales proposiciones y que tampoco se continuara investigando a la juez china, Xue Hanqin, porque ella podría generar un malestar de La Haya hacia Colombia. La respuesta vino acompañada con el enunciado de que los hechos todavía no estaban probados.
“¿Cómo lo iban a estar?, si apenas nos asomábamos a unas sospechas, a unas casualidades que tristemente en contra de nuestro país. Obviamente, no aceptamos la sugerencia de Volterra”, consigna un fragmento del capítulo.
Entonces, bajo el referente de un caso tratado por el Comité de Aprobación de la Cámara de los Lores, Inglaterra, respecto a la inmunidad del exdictador Augusto Pinochet en 1998, el cual concluyó con la negativa a la solicitud del exmandatario y con la anulación de todo lo pactado por mal comportamiento de uno de los magistrados de la Corte, aludiendo a un conflicto de intereses, se demostró que este registro puede ser aplicado en la investigación a la juez Hanqin para una posible anulación del fallo por un conflicto de intereses de su país en la construcción del canal nicaragüense.
Con el pasar de los días la indagación fue cogiendo peso ante la luz de la opinión pública y el caso llegó hasta las puertas del Congreso en donde, según denuncian Sanín y Ceballos, el propio Gobierno impidió la presentación de los hechos aprobados por unanimidad para que fueran expuestos.
Así las cosas, tras conocer la posición del gobierno chino de defender a su juez en los estrados de la Corte y para “darle al gobierno colombiano más facilidad” frente a decisiones futuras, se ofreció al presidente Juan Manuel Santos la renuncia de Noemí Sanín. Carta añadida al archivo adjunto.
Pese a que el jefe de Estado anunció oficialmente la posición del gobierno colombiano frente a la “pretensión expansionista” del presidente nicaragüense Daniel Ortega en el Mar Caribe, la declaración no incluyó al informe presentado por Sanín ni tampoco el conocimiento del comportamiento de la juez china y el canal interoceánico.
Enuncia el texto que no tardará mucho la asamblea nicaragüense en aprobar una reforma y “sellar con estatus constitucional esta concesión, mediante el cual —lo seguiremos señalando sin descanso—termina por entregar nuestras aguas para la construcción de la vía interoceánica por parte de China”.
Adicionalmente el 18 de noviembre del presente año se le entregó al presidente Santos una comunicación preparada con base en los hallazgos de la investigación que vencen este 13 de diciembre, fecha límite para que Colombia presente la nueva información ante la Corte Internacional de Justicia.
“Esperamos de corazón que la historia no tenga que juzgar a este Gobierno por sus posibles omisiones; por el contrario, ojalá las futuras generaciones puedan decir que esta administración cumplió y consiguió defender la integridad del territorio continental y marítimo de la patria, al haber recurrido, dentro del marco del respeto al derecho internacional, a todos los recursos que tuvo a su alcance”, concluye el capítulo.
