Dos meses después de su estreno en Francia y España, el filme “Operación E”, protagonizado por Luis Tosar y que relata la historia del campesino que cuidó el hijo de la que fuera rehén de las Farc Clara Rojas, inicia su cuenta atrás para que la Justicia colombiana respalde o prohíba su exhibición.
El Tribunal Superior de Bogotá tiene que tomar esa decisión antes del 30 de enero, por lo que los productores de la cinta franco-española han viajado a Colombia, mientras la demandante Clara Rojas se mantiene expectante.
En el equipo de “Operación E” hay optimismo, pues como señaló uno de los productores, Farruco Castromán, en una entrevista con Efe, han depositado toda su confianza en que la Justicia colombiana rechace imponer una “censura previa”, algo prohibido expresamente en la Constitución del país andino.
Están convencidos de que la película no vulnera los derechos del niño Emmanuel, como alegó Rojas cuando interpuso una tutela -o recurso de amparo- ante ese tribunal para impedir su exhibición en Colombia, pese a que previamente había negociado con los productores para recibir un porcentaje de los beneficios de taquilla sin llegar a acuerdo alguno.
“La película va sobre la historia de José Crisanto y la de su familia cuando la guerrilla le entrega al niño, y en eso posiblemente Emmanuel sea el causante, pero no es ni muchísimo menos el protagonista”, argumentó Castromán al puntualizar que el fin último de la cinta es rendir “homenaje a las víctimas de la lucha armada”.
Rojas siempre ha discrepado de este planteamiento, incluso después de ver la película, pues a su juicio puede afectar “el libre desarrollo de la personalidad” de su hijo y además no refleja la realidad de las víctimas, al menos en lo que a ella respecta.
No obstante, después de iniciar el proceso judicial, Rojas reconoció que tiene “un agente contratado” para hacer una película sobre su trágica experiencia.
Las Farc mantuvieron casi seis años secuestrada a Rojas, que fue capturada en 2002 cuando era la candidata a la vicepresidencia con Íngrid Betancourt. Durante su cautiverio concibió a Emmanuel, fruto de una relación consentida.
Tras el nacimiento, la guerrilla dejó al niño en manos del campesino, quien con seis hijos se ocupó de Emmanuel o “Peggy”, como llamaban los rebeldes al niño.
Por eso Castromán afirmó que “la señora Rojas no pudo conocer lo que vivieron José Crisanto y Emmanuel, porque desgraciadamente estaba todavía secuestrada”, y sólo se reencontró con su hijo cuando el Estado lo rescató y ella recuperó la libertad en 2008.
En ese tiempo, el niño enfermó gravemente, y cuando el campesino le llevó a un hospital, el Estado decidió quedarse con su tutela.
Entonces, las FARC persiguieron a José Crisanto porque perdió al niño que pretendían usar como moneda de cambio, mientras que el Estado le acusó de pertenecer a la guerrilla y de secuestro. Tras cinco años en la cárcel, fue absuelto en abril pasado.
Rojas afronta esta semana clave con un revés, pues según explicó en una carta enviada el lunes a la emisora W Radio, la abogada que la asesoró en el trámite de la tutela ha renunciado a seguir al frente del caso.
“Yo creo que se está equivocando de camino”, comentó Castromán sobre la tutela puesta por Rojas, ya que “después de una negociación” pudo haber acudido a un “juzgado de lo civil y pedir una indemnización”, pero no solicitar que la película no pueda verse en Colombia.
“Ella nunca estuvo satisfecha con el porcentaje de la explotación de los derechos de la película en Colombia por un 1 % porque realmente no es mucho dinero”, explicó el productor, quien calculó el porcentaje ofrecido en “unos 3.000 dólares”.
Los productores, preocupados por la “piratería”, están dispuestos a apelar cualquier decisión, incluso hasta llegar al Tribunal Constitucional, animados más por dar a conocer la verdad de José Crisanto que por hacer caja, según aseguran.
“Si quisiera hacer un gran negocio no habría hecho ‘Operación E’; hubiera hecho una comedia romántica o habría hecho ‘Spiderman'”, concluyó Castromán.
Reportajes EFE.
