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Expiden medidas para frenar casos de violencia infantil


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Luego del asesinato de cuatro menores en la ciudad de Florencia (Caquetá), las autoridades competentes como el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, establecieron un conjunto de medidas con el objetivo de enfrentar la oleada de violencia infantil.

Son 13 medidas con las que las diferentes instituciones pretenden mitigar casos de maltrato infantil y violencia contra los niños; se creará una mesa técnica para que las entidades competentes trabajen en la protección de los derechos de los infantes y adolescentes.

Habrá convocatoria de una sala para atender con prioridad casos de violencia infantil; los alcaldes y gobernadores deberán rendir cuentas sobre políticas de infancia y adolescencia desde el mes de marzo.

Los medios de comunicación, también tendrán su papel, serán multiplicadores de los mensajes sobre prevención y corresponsabilidad en la defensa de los menores de edad.

Medidas:

Instalación de una mesa técnica permanente para identificar la oferta institucional de cada una de las entidades, y coordinar esfuerzos para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Análisis criminal conjunto para la identificación de las diferentes formas de violencia y organizaciones delincuenciales que están detrás del maltrato a niños, niñas y adolescentes, pasando por los delitos sexuales, el ataque a la vida e integridad de los menores, la trata de personas dentro y fuera del país, así como la instrumentalización para la comisión de hurtos y extorsiones, entre otras modalidades.

Disposición de líneas telefónicas gratuitas de alcance nacional a través de las diferentes instituciones concernidas para recibir, tramitar y resolver las denuncias de los ciudadanos frente al maltrato y la violencia infantil.

Defensoría del Pueblo: 018000914814.

Fiscalía General de la Nación: 018000916111

Policía Nacional: 123

ICBF: 018000918080

Fortalecimiento de los programas de promoción de derechos y deberes, a través de las escuelas de padres con el apoyo del sector educativo, para que la sociedad asuma un papel de corresponsabilidad en el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.

Convocatoria de una sala de crisis interinstitucional para atender con prioridad los casos más apremiantes en relación con este flagelo.

Destinación de dos mil policías adicionales para fortalecer el componente de Infancia y Adolescencia en las diferentes regiones del país con fines de prevención, vigilancia y control.

Fortalecimiento de la presencia policial en escuelas y colegios públicos y privados para enfatizar en la pedagogía preventiva, a fin de alejar a los estudiantes del delito y de ambientes ajenos al entorno escolar.

Coordinación entre las autoridades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como los alcaldes y gobernadores del país para impulsar programas encaminados a promover el buen uso del tiempo libre.

Vinculación de procuradores judiciales penales y procuradores de familia para priorizar las investigaciones en aquellos casos donde figuren como víctimas los niños, niñas y adolescentes.

Rendición de cuentas a alcaldes y gobernadores sobre las políticas de infancia y adolescencia a partir del próximo mes de marzo, ejercicio a partir del cual el Ministerio Público adoptará las determinaciones que correspondan, incluyendo los procesos disciplinarios a que haya lugar.

Celeridad en los procesos que se adelantan contra docentes por delitos sexuales contra los menores de edad para trasladar los expedientes al nivel central y proferir las medidas sancionatorias del caso, en la medida en que los profesores deben ser orientadores y no abusadores.

Énfasis en la prevención de los delitos, los mecanismos de denuncia para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y el acierto en las líneas de investigación, así como la capacidad de respuesta para intervenir con un enfoque interinstitucional en los lugares con mayor vulnerabilidad.

Vinculación de los medios de comunicación como multiplicadores de los mensajes de prevención y corresponsabilidad en la defensa de niños, niñas y adolescentes.

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