En su afán de titular tierras, el gobierno está a punto de entregarle a 15 familias Embera un territorio que no les pertenece. Se trata de más de 900 hectáreas que han sido habitadas por generaciones de colonos en Chocó que hoy se encuentran desplazados por la violencia de mediados de los 90. Un posible estudio socioeconómico inconsistente y la aparente negligencia del Incoder pueden dejar sin restitución a víctimas que cuentan con certificados de propiedad.
Más de sesenta indígenas bloquearon la vía. Se plantaron en el kilómetro 18 de la carretera que conduce de Quibdó a Medellín para pedir comida, atención de salud y soluciones a su condición de minoría étnica. La cuarta vez, en este año, que los aborígenes impiden el paso de vehículos en la zona.
Esta comunidad Embera, compuesta por más de 15 familias, habita desde hace un poco más de 10 años un caserío llamado el Dieciocho, que hace parte del Carmen de Atrato. Llegaron desde una zona conocida como La Andágueda, una zona andina ubicada en el pie de monte chocoano, y se quedaron.
Su presencia en este lugar del departamento no es gratuita, y esconde una historia de violencia y despojo de la cual se pueden ver, paradójicamente, beneficiados. El gobierno está a punto de titular más de 900 hectáreas de tierra a esta comunidad desconociendo la presencia ancestral de más de 200 colonos que llegaron ahí para construir la vía, en los inicios del siglo XX.
Eterno conflicto
La presencia de la guerra en el Chocó no es nueva. Hace parte de una cadena de degradación que, como en tantas otras partes del país, se ha llevado por delante a los más débiles y les ha arrebatado tierra y seres queridos.
Desde los años ochenta, cuando se asentaron en su territorio los primeros guerrilleros del ELN, el departamento ha sufrido como varios el rigor de un país sumergido en la confrontación armada.
A finales de los años ochenta e inicios de los noventa, el grupo guerrillero dirigido por ‘Gabino’ y compañía controlaba gran parte de la zona, y tenía especial interés en dominar el corredor que conduce de Quibdó a Medellín. El tráfico de armas, drogas y personas, y el control político que significaba esta acción militar hicieron que el ELN pusiera sus ojos en ese territorio de casi 220 kilómetros.
Las Farc también llegaron al Alto Atrato, y “cogobernaron” con el ELN durante varios años. Pero la violencia se hizo presente en forma de masacre. El dieciocho vio como varios de sus campesinos cayeron a manos de la confrontación entre las guerrillas y los recién llegados paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
“No quedó nadie. La gente su tuvo que ir y varios pueblos cerca a la carretera salieron huyéndole a la violencia”, relató una víctima de estas acciones armadas que prefirió no dar su nombre. Varios campesinos señalan a las Farc como los autores del despojo y la masacre, mientras que otros dicen que fueron los paramilitares.
Luego fue la comunidad de El siete la que vivió la crudeza del conflicto. Guillermo Barrera Henao, Francisco Taborda Taborda y Álvaro Vásquez Giraldo fueron asesinados el 13 de junio de 1996, en una operación “conjunta entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá”, según reportes de prensa y en la que el Consejo de Estado condenó a la Nación.
“A partir de 1996 el municipio entró a ser disputado por autodefensas y guerrillas, y los homicidios subieron sustancialmente. A las actuaciones de los grupos de autodefensa contra la población civil se sumaron las de las guerrillas del Erg, el Eln y las Farc. En 1996 ocurrió una masacre en un sitio denominado El Siete y las incursiones de los grupos de autodefensa en diferentes sitios de la carretera implicaron muertes, destrucción de viviendas y desplazamientos de población”, señala un informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
El resultado, cientos de habitantes de esa tierra tuvieron que salir huyendo de la guerra. Los de El dieciocho se fueron para Pereira, Medellín, Montería, Tierralta y Quibdó. Los despojados, que pertenecían a la tercera o cuarta generación de ocupantes, tomaron sus pertenencias y abandonaron el lugar sin escrituras, pues en departamento reinó siempre un aire informal en la tenencia de tierra.
María Olivia Tapias Obregón narró el desplazamiento del que fue víctima y las consecuencias de su tragedia (ver testimonio PDF1)
Nuevos ocupantes
Las víctimas se fueron pero la guerra se quedó. Guerrilleros y paramilitares siguieron combatiendo por el territorio y apostándole a la confrontación para apoderarse del corredor más importante del Urabá colombiano.
En medio de las balas, una comunidad indígena Embera que se encontrada en el Andágueda, una región montañosa bañada por el río que lleva su mismo nombre, descendió de su hábitat y se estableció en El dieciocho. Algunos afirman que estos individuos hacían parte de las bases sociales de los grupos guerrilleros y que fueron a hacer frente al conflicto.
Desde entonces son los ocupantes del extenso territorio y, a pesar de no tener condiciones de arraigo con esa tierra, han llegado a amenazar a otras comunidades para que se salgan de “su terreno” y han prohibido el uso del agua del río Atrato, por considerarlo una propiedad sagrada que solo interesa a su tribu.
Las 15 familias se establecieron en las más de 900 hectáreas que hacían parte de El dieciocho, un territorio que hasta entonces era considerado como una tierra de ocupación campesina y que no hacía parte de ninguna medida legal de protección por parte del Estado colombiano.
Estudio deficiente
Para fines de noviembre de 2007, la situación era crítica. Los desplazados comenzaron a organizarse y presentaron varias pruebas que certificaban su condición de víctimas de la violencia en la época en la que sucedieron las masacres en El dieciocho y El siete.
Incluso informaron, dos años antes, de manera formal a las autoridades locales que habían comenzado el proceso “de Retorno Digno o Reubicación de todas las familias en situación de desplazamiento desde el año 1996 a la actualidad”.
Por eso, el dos de noviembre, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder suscribió un “Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica del 2 de noviembre de 2007 celebrado entre el INCODER y la Fundación Universitaria Claretiana, FUCLA a favor de la UNAT, cuyo objeto es realizar los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras”.
El estudio, realizado por la entonces funcionaria de Acnur Sandra Patricia Pacheco, arrojó resultados extraños. Tras la visita al terreno, realizada en diciembre de 2008, los investigadores concluyeron que la presencia de los indígenas en el territorio era ancestral, y que lo que había en ese lugar era un resguardo con arraigo al territorio.
El estudio desconoció, de tajo, tanto la situación como las pruebas y reclamaciones de los antiguos ocupantes del territorio de El dieciocho y le dio la derecha a la comunidad indígena para que continuara su proceso de asentamiento en el lugar.
Como los colonos que ocuparon esa tierra durante gran parte del siglo XX hicieron durante décadas uso de ese lugar de manera informal, y nunca escrituraron ni formalizaron la tenencia, los investigadores concluyeron que los predios eran baldíos –del Estado– por lo que el tiempo de asentamiento de los indígenas en el lugar les daba lugar a una posible titulación.
A pesar de las irregularidades, “la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del INCODER mediante auto del 01 de marzo de 2010 avocó conocimiento del expediente de constitución del Resguardo a la comunidad indígena de EL DIECIOCHO”, tal y como dice en el documento borrador de la titulación a los indígenas.
Luego, “mediante oficio OFI10-32983-DAI-0220 del 15 de septiembre de 2010, el director de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior y Justicia, rindió el concepto previo favorable para la constitución del resguardo indígena EL DIECIOCHO de la etnia Emberá Katío”.
Las instituciones también desconocieron un fallo de la Corte Constitucional del 2009, cuando decidieron “NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas representadas por los accionantes”, ante una tutela interpuesta por las 15 familias de los Emberá. (Ver sentencia de la Corte)
Titulación inminente
A pesar de las inconsistencias en el estudio, de la negligencia a la hora de reconocer y revisar la presencia de antiguos ocupantes en la región, el Estado está a punto de entregar formalmente 925 hectáreas, 7205 metros cuadrados al resguardo indígena El Dieciocho ubicado en la vía que conduce de Medellín a Quibdó.
Incluso, ya existe un documento borrador de la resolución que avala la entrega del título a las quince familias. Aunque varios funcionarios han resaltado la inconveniencia de la entrega, y de una comunicación que el procurador Ambiental y Agrario de Quibdó le hizo a la gerente del Incoder (ver documento), parece que la acción no tiene reversa.
El afán de mostrar resultados en materia de titulación de tierras y los aparentes intereses de funcionarios del Incoder porque los Emberá se queden con este territorio, podrían cercenar los derechos de más de 80 familias que huyeron de la violencia y hoy quieren ser reparadas.
De hecho, este viernes se realizará una reunión interinstitucional en la ciudad de Quibdó y allí pueden quedar sentadas las bases definitivas para la titulación de la tierra a las familias Emberá.
Vea la resolución que tiene preparada el gobierno para titular el terreno.
Cartografía del despojo
Como un ejercicio de memoria y una necesidad de reparación, los colonos que ocuparon las más de 900 hectáreas de El dieciocho generaron este mapa. Una radiografía de su resistencia y otra evidencia de lo que podría ser un ‘falso positivo’ agrario.
