Durante estos ocho meses de tregua las FARC han cumplido con el cese al fuego unilateral. En este lapso, según la Defensoría del Pueblo, no se registraron hostigamientos o ataques contra la infraestructura eléctrica ni petrolera.
Según la Entidad, en los últimos ocho meses, no hubo hostigamientos, ni ataques armados contra estaciones de Policía y guarniciones militares, como tampoco atentados contra la infraestructura petrolera, vial y eléctrica del país.
La Defensoría dice que esto ha contribuido al desescalamiento del conflicto armado interno, en una muy buena parte del país. Aunque, si advierte que, que durante el último mes de cese al fuego ha identificado varios hechos que afectan los derechos humanos de la población civil y que tienen como presunta responsable a esta guerrilla.
Por ejemplo, ha habido acciones orientadas al control territorial y social en las zonas de presencia histórica de las FARC, especialmente, en las áreas rurales alejadas de los cascos urbanos en donde está el grupo insurgente establece patrones de conducta a la población civil y –“configura relaciones de poder a partir de las amenazas, extorsiones e intervenciones arbitrarias en los procesos sociales y políticos”-.
La población más afectada por estos hechos son las comunidades indígenas, ya que reciben amenazas y son desplazadas de sus territorios.
En el informe, también se evidencia que durante la segunda semana del mes de marzo, las autoridades locales y los docentes de San Vicente del Caguán (Caquetá) denunciaron el recrudecimiento de las extorsiones en el municipio por presuntos guerrilleros de las FARC.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Defensoría “desde diciembre de 2015, las extorsiones empezaron con los profesores de la zona rural de San Vicente, pero se han extendido a la zona urbana donde difunden panfletos presionando a funcionarios públicos y docentes a pagarlas”.
Sin embrago, la Fuerza Pública sigue operando en el marco de la “misión constitucional”, es decir, en el último mes han neutralizado y destruido artefactos explosivos en campos minados, ubicación de escondites y depósitos de material de guerra de las FARC.
