El punto 3 del acuerdo, diseñado por militares activos y comandantes del grupo guerrillero, contempla que las FARC estarán concentradas en 23 zonas veredales y ocho campamentos, las armas serán entregarán a la ONU y las partes definirán el protocolo de seguridad para los mandos y militantes reinsertados.
Según el profesor Carlos Medina Gallego, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, importantes innovaciones permitieron que antes de la firma de los acuerdos de paz fueran adelantadas acciones para avanzar en la finalización del conflicto armado entre Gobierno y FARC.
Por ejemplo, señala en un artículo escrito para UN Periódico, la decisión de las FARC de abandonar la guerra determinó un cese unilateral al fuego permanente, suspendió el reclutamiento de menores y la compra de armas e iniciaron el acompañamiento del proceso de desminado humanitario en la vereda El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), y en la vereda Santa Elena, del municipio de Mesetas (Meta).
“Estos contundentes hechos y acciones de paz evidencian la disposición de seguir los procedimientos necesarios para incorporarse a la vida social, económica y política del país”, afirma el docente.
Muestra de esa voluntad explícita la constituye el hecho de haber llegado, junto con el Gobierno, a un acuerdo de terminación del conflicto que define rutas, agendas, tiempos y responsabilidades precisas para los procesos de localización, dejación de armas, monitoreo y verificación. Todo ello, en el marco de un amplio plan de tránsito hacia la vida institucional y política.
El profesor explica, que el Acuerdo Final, dado a conocer el pasado 24 agosto, explicita en el punto 3 “Fin del conflicto” los componentes procedimentales del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y la dejación de armas. A la vez, establece los relacionamientos básicos con aspectos centrales para la seguridad del proceso y los integrantes de las FARC, una vez se produzca su concentración e incorporación en la vida civil en términos de sus intereses sociales, económicos y políticos.
“Como paso preliminar para poner en marcha aspectos esenciales, por ejemplo, el plebiscito, las partes anunciaron el cese bilateral al fuego a partir del pasado 29 agosto. Por tanto, ordenaron acabar de manera definitiva las acciones ofensivas, así como poner fin a las hostilidades y cualquier tipo de conducta que ponga en riesgo el proceso de paz”, señala.
Verificación de la ONU y Celac
En relación con el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, el docente destaca que el acuerdo parte del reconocimiento de los compromisos del Gobierno en tres aspectos que constituyen prerrequisito de este punto.
El primero de ellos corresponde a la implementación de medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de los nuevos movimientos y partidos resultantes de la terminación del conflicto armado.
Además, la creación de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que garantice prácticas democráticas, evite la criminalización, respete la dignidad humana y los derechos humanos. Y, por último, las partes deberán contribuir al surgimiento de una cultura democrática que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y favorezca la contrastación sana de las ideas.
Sobre la base de estos compromisos generales, menciona el profesor Gallego, inicia la fase de localización de las estructuras guerrilleras en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho campamentos. Desde allí serán divulgados los procesos requeridos para garantizar el paso de los combatientes a la vida civil, de manera que la dejación de armas ocurra en un tiempo no mayor a 180 días.
Este proceso, advierte, será adelantado por Naciones Unidas de forma escalonada. Con el armamento colectado se erigirán tres monumentos para la memoria de un conflicto que no debe volver a repetirse. Asimismo, contará con un Mecanismo de Monitoreo y Verificación a cargo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe (Celac), el Gobierno y las FARC. Este operará como un mecanismo técnico y eficaz que proporcione seguridad y legitimidad al proceso y resuelva en la instancia pertinente las dificultades presentadas.
Los integrantes de las FARC formarán parte de un censo socioeconómico durante su permanencia en las zonas veredales. En ese periodo también se desarrollarán medidas y actividades preparatorias para que el tránsito hacia la legalidad suceda con el menor número de traumatismos e inconvenientes.
Colectivo y articulado
Seguramente, afirma el docente, en el conjunto de la población existirán varias dudas, alimentadas por los delirios de los opositores al proceso. Por ejemplo, si efectivamente las FARC desaparecerán como organización armada, si van a fragmentarse o seguir secuestrando, extorsionado o controlando territorios.
Como en todo proceso de paz, es posible que haya algún sector pequeño e insubordinado. Esto ha sucedido con el Frente Primero, profundamente cuestionado porque el comportamiento de sus mandos evidenció infiltración y traición durante la Operación Jaque. Sin embargo, las FARC son una organización cohesionada y disciplinada que sigue las orientaciones del Secretariado y del Estado Mayor Central. Además, ya ha tomado la decisión de irse de la guerra y si todo trascurre según lo acordado, es un proceso irreversible.
La entrega de las armas es otra inquietud percibida en la sociedad. Existe una hoja de ruta para llevar a cabo esa tarea. El armamento, subraya, no se entregará al Gobierno, pues las FARC no se consideran una fuerza derrotada, por el contrario, es una decisión esencialmente política.
Tampoco, llegarán a las ciudades como otros desmovilizados, quienes se vincularon a otras prácticas ilegales y aumentaron los niveles de inseguridad; su normalización iniciará a través de la vinculación de sus integrantes a proyectos de desarrollo social y económico y a labores de construcción y desarrollo del nuevo movimiento político. Todo esto sucederá de manera colectiva y articulada.
Igualmente, menciona, sectores sociales y políticos tienen la incertidumbre heredada de otros procesos sobre si su dirigencia y militancia será criminalizada por otros actores armados y en particular por el fenómeno paramilitar.
“El Gobierno tiene el compromiso de combatir y desarticular las organizaciones criminales, que obliga a las partes a ajustar el sistema de seguridad sobre los mandos y militantes reincorporados al orden institucional”, asevera.
El punto 3 del acuerdo general, con sus respectivos anexos operativos, es el resultado del trabajo de la subcomisión para la terminación del conflicto conformada por militares activos y comandantes de las FARC, quienes construyeron una propuesta frente a la decisión de finalizar la guerra entre las partes de manera definitiva.
