En cumplimiento de la ley 1820 de 2016 y del decreto 277 de 2017, que reglamentó la aplicación de la amnistía como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación este lunes comenzó a tramitar las primeras cuatro solicitudes de amnistía para exguerilleros de las Farc. Las solicitudes se hicieron en Paz de Ariporo (Casanare), y en Neiva (Huila). Hasta 23 de febrero la entidad ya había recibido 98 solicitudes de amnistía.
Además, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación (Dinac), en aplicación de lo dispuesto en la ley 1820, tramita por su parte 72 solicitudes de libertad condicionada presentadas por desmovilizados de las Farc, que se postularon a la ley 975 de 2005.
Estas solicitudes se están gestionando, pues la ley 1820 permite la libertad condicionada de las personas que llevan más de 5 años privadas de la libertad por delitos que no son objeto de amnistía de iure.
En ente investigador explicó que “la amnistía de iure es aquella a la que tienen derecho los miembros de las Farc en virtud de la ley 1820”.
Las solicitudes de libertad condicionada se radicarán hoy ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que dentro de los 5 días siguientes deberá en -audiencia pública- decidir sobre la libertad condicionada.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que los miembros de las Farc que queden en libertad condicionada, deberán suscribir un acta de compromiso, sometiéndose libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Por lo que tendrán que informar todo cambio de residencia, y no podrán salir del país sin previa autorización.