Gobierno español impone el Estado de Derecho ante el intento Golpe en Cataluña

Muy revuelto está el panorama político y social en España. El próximo 1 de octubre, el Gobierno catalán, compuesto por varios partidos regionalistas e independentistas, tiene previsto lanzar su pulso máximo al estado español, con la organización de un referéndum en el cual los catalanes están llamados a votar por si quieren permanecer dentro del estado español o por el contrario quieren ser independientes.

El gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, lleva meses intentando frenar la deriva secesionista sin éxito. Los últimos acontecimientos de las últimas semanas no han hecho sino agravar la situación política y social del país. La situación de rompimiento por parte de la minoría subversiva no tiene vuelta atrás y se han declarado en rebeldía ante las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional Español y los mismos pronunciamientos de la Unión Europea, que considera ilegal y que no tendrá ninguna validez el resultado del referéndum, al carecer de garantías democráticas.

En esta deriva de crispación, el presidente de la autonomía catalana, Carles Puigdemont, ha reafirmado su posición de continuar con el Referéndum a pesar de la detención este miércoles de 14 altos cargos de su gobierno.

Este jueves varios jueces rechazaron las peticiones de ‘habeas corpus’ que habían solicitado 10 de los 14 detenidos en la operación desplegada para impedir la organización del referéndum que está prevista para este 1 de octubre.

En el marco de estas operaciones, también fue arrestado el número 2 del vicepresidente Oriol Junqueras, su secretario General de Economía Josep María Jové, a quien se le inculpó del delito de Sedición, cuya pena es de 15 años de prisión.

Tras estos hechos Junqueras, reconoció que las intervenciones policiales en donde se han incautado 9 millones de papeletas y las notificaciones a los miembros de las mesas electorales “han alterado las condiciones del juego” de cara a la votación.

Después de estos sucesos, unas 20.000 personas, se manifestaron ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la plaza Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona.


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