El Gobierno Nacional responde a las críticas hechas por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, frente al caso de la periodista Vicky Dávila y el escándalo de la llamada “Comunidad del Anillo”.
Hace una semana Vicky Dávila tuvo que renunciar a la dirección de la F.M, por petición de directivos del grupo Ardilla Lulle, luego de que la comunicadora tomara la decisión editorial de publicar un video en el que el exviceministro del Interior Carlos Ferro sostiene una conversación de alto contenido sexual con el uniformado Ányelo Palacio.
Las imágenes publicadas ocasionaron la salida del alto funcionario y la del general de la Policía, Rodolfo Palomino. Según Dávila, el video sería una prueba en la que da cuenta de una presunta red de prostitución masculina al interior de la Policía que también involucraría a varios congresistas y ex congresistas.
Frente a este hecho el presidente Santos dijo que la publicación del material audiovisual ‘se había salido de madre’ y que lo decía no como Jefe de Estado, sino como periodista.
Sobre esto, la FLIP por medio de un comunicado señaló, por una parte, que “más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando”.
Asimismo, cuestionó lo que dijo el presidente Santos. La fundación señaló que resulta paradójico que el Mandatario “asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia”.
A lo que el Gobierno respondió que, “los hechos denunciados por la entonces directora de La FM, (no se) pueden interpretar como presión o intimidación por parte del Gobierno nacional o el Presidente de la República, quien, apenas se presentaron las denuncias, invitó a la periodista a una reunión en la Casa de Nariño para que le relatara los hechos, ordenó de inmediato la investigación correspondiente y le pidió personalmente a la Fiscalía que obre con la máxima diligencia para llegar al fondo de este asunto”.
Por otra parte, la FLIP recordó que “más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística (…)”.
Ante esta observación el Gobierno manifestó que siempre ha ofrecido “las garantías necesarias para que los medios ejerzan libremente su labor periodística y da protección a quienes se ven amenazados en el ejercicio de ella. Actualmente 146 periodistas reciben protección del Estado colombiano”.
