Una de las decisiones más trascendentales en materia de justicia relacionada con el proceso de paz adelantado con las FARC se dio en los pasados días. El Gobierno Nacional negó la extradición de un miembro de las FARC a Estados Unidos.
Juan Vicente Carvajal, alias Misael, quien fuera jefe de finanzas del bloque 10 de las FARC fue requerido por una corte de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico.
El 22 de octubre del año en curso el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos firmó la orden de extradición para Carvajal con la condición de que pagara las penas vigentes en Colombia. La condena que tiene en Colombia es por el delito de rebelión debido a su pertenencia a la guerrilla de las FARC.
Para la defensa del guerrillero esta decisión del gobierno abre la puerta para que puedan ser extraditados miembros de este grupo guerrillero, algo que se había dejado como irrealizable, de acuerdo a lo negociado en La Habana, entre el gobierno y el grupo insurgente.
Sin embargo, para reforzar ese compromiso adquirido en la mesa de conversaciones, la resolución ejecutiva 259 de 2015, echa para atrás esa decisión. Esto hace que un ciudadano colombiano condenado por delitos políticos como militante de las FARC, en el marco de las negociaciones de paz, pueda tener un replanteamiento de su situación jurídica en relación a su extradición.
El mandato constitucional que obliga al Gobierno Nacional a buscar la paz hace que pueda evaluar, desde su autonomía en el manejo de las relaciones exteriores, la conveniencia de adelantar o revisar procesos de extradición a miembros de esta guerrilla.
Con esta decisión el Gobierno Nacional se juega una importante carta de cara a reforzar la confianza de su compromiso con lo que se ha acordado hasta ahora en la mesa de diálogos de La Habana.
