La Corte Constitucional decidió que en adelante los precios de los combustibles serán fijados por el Congreso de la República y no por el Gobierno. El Ejecutivo dice que se les reducen los recursos para inversión social, mientras que la medida repercutirá en los bolsillos de los socios de Ecopetrol.
De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, al tratarse de un impuesto parafiscal debe ser el Congreso quien fije la manera de cobrarse. Hasta ahora el Gobierno lo hace teniendo como referencia una fórmula con base en los precios internacionales de los combustibles.
En la demanda de inconstitucionalidad presentada por Camilo Araque Blanco se afirma que la financiación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por esta vía vulneraba la competencia del Congreso para crear e imponer tributos, porque autorizó al Ministerio de Minas y Energía para crear e imponer un tributo, al fijar dicho precio de referencia por encima del precio internacional de los combustibles.
Aunque la medida parece ser muy buena pues busca reducir los costos para los usuarios de gasolina o diesel, tendrá una incidencia en los recaudos no solo del Gobierno central sino de las regiones. Con parte de estos impuestos es que las autoridades regionales financian sus programas y proyectos.
Con esta decisión hasta hoy el Gobierno tendrá la autoridad de determinar el impuesto que se cobra en el precio de la gasolina para alimentar el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Ese dinero que se ahorraba por el mayor precio ahora deberá ser trasladado de manera inmediata a los precios del mercado.
Esta fórmula ahora será aprobada en un Congreso donde existen diversos intereses y algunos analistas temen que se pierda su carácter técnico. La decisión sale justo cuando se avecina una época electoral.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que bajar el precio de la gasolina en mil pesos le costaría al Estado 2,7 billones de pesos y aclaró que actualmente el Gobierno recibe por galón 1.050 pesos que hacen parte del impuesto nacional.
Cárdenas insistió en que desmontar ese impuesto “es dejar al Gobierno sin ingresos para realizar sus políticas sociales” y que también va en contra de los accionistas de la empresa.
Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco, quien ha promovido el debate para la reducción de la gasolina en el país, saludó la decisión de la Corte Constitucional.
El congresista dijo que hasta que el Congreso no debata y defina el tema del precio de la gasolina, el Gobierno debería congelar su precio e insistió en que la actitud de los ministros de Hacienda y Minas ha sido arrogante.
Velazco sin embargo, ha insistido en que en el Congreso, el Gobierno tendrá que explicar por qué los colombianos pagan tan caro el petróleo. El parlamentario comparó el precio en Colombia con el de otros países y dijo que el que se paga aquí sigue siendo demasiado elevado.
