El Ministerio de Justicia y del Derecho continuará colaborando con municipios y departamentos para hallar soluciones a los problemas de hacinamiento. Así lo aseguró este martes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la Ministra Margarita Cabello Blanco, al término de un debate sobre la situación carcelaria en Colombia.
Acompañada por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios, la alta funcionaria intervino ante los parlamentarios que integran dicha célula legislativa, atendiendo una citación de Luis Alberto Albán, del Partido Farc, y respondió las inquietudes sobre las alternativas que plantea la cartera para enfrentar el déficit de cupos.
“Estamos pensando en soluciones para este problema. El hacinamiento es tan grande que debemos trabajar de manera colaborativa con los entes territoriales para la construcción de centros de reclusión. Solo así no se afectará el presupuesto nacional”, expresó.
La titular de la cartera de Justicia destacó que con los cupos existentes en los centros penitenciarios a cargo de la Nación se podría atender a la población de condenados, que asciende a 80.000 personas. Sin embargo, la situación obliga a apoyar a las entidades territoriales para resolver el déficit, ya que otros 58.000 privados de la libertad están en calidad de sindicados.
“Hay que tener claro que las sentencias de la Corte Constitucional instan a los alcaldes y gobernadores a que cumplan sus obligaciones. Pero independientemente de la problemática, el Ministerio debe estar atento y dispuesto a colaborar con municipios y departamentos en esta materia. Es un problema de concientización”, enfatizó.
Cabello Blanco indicó que a la par con los esfuerzos en materia de infraestructura, el MinJusticia trabaja en proyectos de resocialización como componentes de la Política Criminal orientados hacia el fin de la pena. De esa forma se espera reducir el porcentaje de reincidencia entre los condenados que recuperan su libertad.
La Ministra tampoco descartó la construcción de más cárceles mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), pero teniendo como objetivo una política pública encaminada hacia la justicia restaurativa, que consiga conciliar el reclamo de castigo de la comunidad para quienes cometen crímenes.
Finalmente, se mostró preocupada por la situación de las mujeres privadas de la libertad, la cual, admitió, es preocupante. “Es una problemática fundamental y es prioridad en el trabajo que desarrolla el Ministerio. Aunque también debemos trabajar con grupos minoritarios”, puntualizó.
