La reducción del número de efectivos, así como la asignación de nuevas funciones, sigue siendo una de las exigencias del grupo guerrillero en las negociaciones en Cuba.
LEY DEL MONTES
Con los procesos de paz pasa como con los mandatos presidenciales: si los gobernantes son buenos, sus primeros tres años pasan volando, pero si son malos entonces esos tres años parecen una eternidad. Y en ese sentido la negociación con las Farc en La Habana –que acaba de cumplir tres años– a los colombianos ya empieza a parecernos una eternidad, comenzando por el propio jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, quien afirmó recientemente que “tres años es mucho tiempo”.
Y aunque es indudable que se ha avanzado en la negociación, como bien lo destaca el presidente Juan Manuel Santos, lo cierto es que los ritmos de La Habana son muy distintos a los de la inmensa mayoría de los colombianos, que anhelan poder vivir cuanto antes en un país en paz.
Tanto es así que el propio Santos delegó en su hermano Enrique –cerebro de los diálogos– la responsabilidad de concretar con alias ‘Timochenko’ –jefe máximo de las Farc– la realización de un ‘cónclave’ que permita dinamizar la negociación con el fin de que el acuerdo final se firme en marzo del próximo año.
Pero mientras el Gobierno ofrece curules a los guerrilleros, anuncia generosos plebiscitos y propone cónclaves, para agilizar los diálogos, en una especie de afán contra el tiempo, desde La Habana las Farc siguen colgándoles luces y bombillas de colores a su árbol de Navidad. La última de ellas –o mejor, la más reciente– fue la solicitud para una “reducción y cambio de funciones de las Fuerzas Militares y de Policía”, según anunció alias Pablo Catatumbo en La Habana.
Es decir, tres años después de haber iniciado la negociación con el Gobierno, las Farc no se han movido un milímetro de su propuesta de modificar la función, estructura y composición de las Fuerzas Militares y de Policía. Ahora piden una “reconversión”, que les permita adecuarse a una “doctrina de seguridad humana integral”.
Todo ello sin que nadie del Gobierno diga eso qué significa, más allá del trillado discurso presidencial de que las “Fuerzas Militares y de Policía no se van a tocar en La Habana”. Pues la declaración de Catatumbo el viernes indica que sí las van a tocar. Veamos:
¿Qué significa –exactamente– la nueva doctrina de seguridad humana integral? ¿Por ella debemos votar los colombianos cuando digamos SÍ o NO en el plebiscito de la paz? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances? ¿Van a ser desmanteladas nuestras Fuerzas Militares y de Policía? ¿Qué piensan los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía?
Según las Farc, es necesario la “reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, incluye aspectos relacionados con su tamaño y estructura y con la propia asignación del gasto público”. Y también –dicen las Farc– “la suspensión de la doctrina de la Seguridad Nacional y de cualquier otra práctica de terrorismo de Estado”.
Llama la atención que semejante declaración no haya sido respondida de inmediato y con contundencia por parte de los negociadores del Gobierno en La Habana. ¿O es que están de acuerdo con las Farc?
Si hubo unas Fuerzas Militares y de Policía que no sucumbieron ante los abusos contemplados en la llamada doctrina de Seguridad Nacional, fijada desde los Estados Unidos en los 60 y 70, fueron las colombianas, como sí ocurrió –por ejemplo– con las de los países del cono sur, donde el Estado respondió con terror a los actos de terror de los grupos guerrilleros. Nuestras Fuerzas Militares y de Policía no son terroristas, como afirman las Farc, ante el desconcertante silencio del Gobierno Nacional.
Es necesario, obligatorio y urgente que alguien del Gobierno les diga a los jefes guerrilleros que el llamado “terrorismo de Estado” es castigado de forma ejemplar por el propio Estado colombiano y que los abusos de integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía son tipificados como delitos y son sancionados por las instituciones del Estado. Los únicos actos de terror que podrían quedar impunes en Colombia son aquellos cometidos por las Farc. Punto.
De manera que el hecho –lamentable y condenable– de que algunos miembros de las Fuerzas Militares y de Policía incurran en actos de terror no puede llevar a las Farc a afirmar de forma irresponsable y cínica que nuestras Fuerzas Militares y de Policía son “terroristas”, como si el terrorismo fuera una política del Estado colombiano.
¿Comparte el Gobierno la propuesta de las Farc de crear una nueva doctrina para las Fuerzas Militares y de Policía, llamada de “seguridad humana integral”? ¿Qué va a pasar con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, después de las negociaciones de La Habana y el inicio del posconflicto? ¿Van a desaparecer algunas Fuerzas? ¿Cuáles?
¿Quiere el Gobierno reducir las Fuerzas Militares?
Contrario a lo que piensan las Farc, a las Fuerzas Militares no hay que debilitarlas, sino fortalecerlas. Al menos mientras se firma la paz con ese grupo guerrillero y se neutralizan las organizaciones criminales existentes. Hoy por hoy la propuesta de las Farc de reducir o reconvertir a las Fuerzas Militares y de Policía es inviable. Sería un grave error político y estratégico. Punto. La capacidad disuasiva del Estado contra las organizaciones criminales recae –entre otros– en las Fuerzas Militares y de Policía. Aun suponiendo que las Farc se desmovilicen y hacen dejación de armas, es mucho el territorio nacional que debe ser cubierto de inmediato para evitar que otras organizaciones criminales existentes copen esos espacios y creen nuevas estructuras de poder.
¿Quiénes les garantizan a los habitantes de esas regiones su seguridad y su integridad? ¿Quién hará frente a esas organizaciones criminales? ¿Los guerrilleros desmovilizados? Pero, además, ¿quién garantiza la integridad del territorio nacional, si –como vemos– el gobierno de Nicolás Maduro –gran amigo de las Farc– cada día de por medio –dependiendo de su estado de ánimo y su descrédito político interno– la emprende contra Colombia. Cuidar nuestras fronteras requiere de unas Fuerzas Militares preparadas y capacitadas. ¿O es que esa función la harán los desmovilizados de las Farc?
¿Quién enfrentará a organizaciones criminales?
Por cuenta de los retos impuestos por las organizaciones criminales, entre ellas las Farc, el Estado colombiano se vio precisado a fortalecer sus Fuerzas Militares y de Policía. De no haberlo hecho, hoy Colombia sería un “estado fallido”, como llegó a ser calificado en tiempos de Ernesto Samper, cuando la ofensiva guerrillera de las Farc en el sur del país puso en jaque la propia integridad nacional. El fortalecimiento militar del país no fue un capricho, como pretenden hacerlo ver desde La Habana. Obedeció a un reto impuesto por la guerrilla y al que nuestras Fuerzas Militares respondieron con eficacia.
La toma del poder por la vía armada –que fue el sueño de Marulanda y compañía– no se cumplió gracias a la respuesta contundente de nuestras Fuerzas Militares, que debieron –inclusive– aprender a fumigar y erradicar cultivos de coca, negocio que se convirtió en la principal fuente de ingresos de las Farc. Si se desmantelan nuestras Fuerzas Militares y de Policía, ¿quién combatirá a las organizaciones narcotraficantes, que volvieron a convertir a Colombia como el primer productor mundial de coca, por encima de Perú y Bolivia juntos? ¿Las Farc –que la cultivan– van a ser las mismas que la erradiquen?
Ejército y Policía: nuevos retos, nuevos roles
La complejidad de la guerra en Colombia llevó al Ejército a cumplir funciones de Policía y a la Policía a cumplir funciones del Ejército. Hubo –sin duda– una mezcla de roles que terminó comprometiendo su eficacia. La naturaleza y las funciones del Ejército son muy distintas a las de la Policía. Ni el Ejército está para cuidar calles, ni la Policía para combatir frentes guerrilleros. Pero de lo que se trata es de fortalecerlas a ambas, no de debilitar a una de ellas. Encauzar de nuevo las funciones de las distintas fuerzas –una vez se supere el conflicto con las Farc– requiere de mucha imaginación y de una buena dosis de voluntad política.
En esas condiciones es obvio que se necesita una reingeniería que asigne nueva funciones a cada una de las Fuerzas y a la propia Policía Nacional, sin que ello signifique dejar de luchar contra las organizaciones criminales o narcotraficantes que surjan en el posconflicto. Aunque es muy cierto que las Farc son el principal actor violento del país, ello no significa que sea el único. De hecho, para citar un solo caso: los cultivos de coca se dispararon en los últimos años mientras ellas negociaban con el Gobierno en La Habana. Una de dos: ¿O siguen en el negocio mientras dialogan o el negocio está en manos de otros grupos criminales a los que hay que combatir?
