El gobierno de Obama envió un informe a Andorra detallando que altos ejecutivos bancarios habían estado ayudando a lavar dinero relacionado con intereses venezolanos y mafiosos rusos.
El Gobierno andorrano ha intervenido la Banca Privada de Andorra (BPA) en fulgurante respuesta a la dura notificación del Departamento del Tesoro estadounidense. Washington aseguró ayer que tres altos ejecutivos de la entidad habrían elaborado “servicios financieros a medida” para lavar dinero de “organizaciones criminales transnacionales” de China, Rusia y Venezuela.
Según la agencia contra el lavado de dinero del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés), uno de ellos cobró “comisiones exorbitantes” por ayudar a lavar 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los otros dos habrían canalizado fondos para presuntos grupos mafiosos relacionados con China (Operación Emperador) y Rusia (trama de Petrov)
El comunicado enviado por Washington parece un traje a medida del contexto geopolítico. El informe llegó a las autoridades andorranas este lunes, casi al mismo tiempo que el presidente Barack Obama declaraba a Venezuela“amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos e imponía sanciones a siete altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
Los castigos incluyen la congelación de activos financieros y la prohibición de entrar en el territorio estadounidense. Los siete responsables están acusados de corrupción y de violar los derechos humanos durante las protestas de los últimos meses. La Casa Blanca también exigió la libertad de “todos los presos políticos, incluidos docenas de estudiantes, el líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
Nada que no se haya visto antes. En realidad, Washington mantiene en vigor 30 emergencias por todo el mundo, 8 de ellas declaradas bajo la actual Administración. Antes de Venezuela, Ucrania fue nombrada amenaza nacional por el conflicto entre Kiev y los separatistas prorrusos. Y el estatus de Irán como amenaza fue renovado la semana pasada por quinta vez consecutiva.
Esta figura jurídica, firmada por orden ejectiva, permite al presidente congelar activos financieros y suele ser la antesala de un programa de sanciones más sofisticado. Los castigos contra Irán y Siria, por ejemplo, comenzaron de la misma forma.
Tres escenarios
La decisión abre, por tanto, tres posibles escenarios. Primero: nuevas sanciones que no afecten sólo a funcionarios, sino al sector energético o al propio Estado venezolano. Segundo: quizás endurezca también las tensiones con la OPEP, el cártel petrolero al que pertenece Venezuela y que libra una guerra de precios con Estados Unidos. Y tercero: impacto en el proceso de reconciliación entre EEUU y Cuba, aliado incondicional de Venezuela merced a los subsidios y el petróleo.
El segundo de los altos ejecutivos habría dado “asistencia sustancial” a Andrei Petrov, supuesto representante de una de las organizaciones criminales rusas más importantes. Petrov fue detenido hace dos años en Lloret de Mar acusado de liderar una trama de lavado de capitales.
El ruso, que empezó vendiendo churros en la costa levantina, es sospechoso de mantener contacto con una de las 10 personas más buscadas por el FBI: el gánster Semion Mogilevich. El “mafioso más peligroso del mundo”, según la agencia norteamericana; un hombre con fuertes intereses en el sector gasístico ruso, la industria de armas y el mundo de la política. El ex-espía del FSB Alexander Litvinenko, envenenado en Londres en 2006, aseguró que Mogilevich y el presidente Vladimir Putin son amigos desde los años noventa.
Al igual que en el caso de Venezuela, Estados Unidos vive actualmente la mayor escalada de tensión con Rusia desde la implosión de la Unión Soviética. El apoyo de Moscú a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania y su rápida anexión de Crimea generó un programa de sanciones coordinado entre Bruselas y Washington, que sin embargo no parecen haber enfriado los ánimos en el Kremlin.
A finales de 2012, el Congreso de EEUU aprobó sanciones contra 18 miembros del Gobierno ruso por la sospechosa muerte, en prisión, del abogado Sergei Magnitsky. Moscú ofreció una respuesta simétrica: vetó la entrada en Rusia a 18 miembros de la administración Obama, prohibió la adopción de niños rusos en EEUU y declaró culpable de manera póstuma al abogado Magnistky.
… y Gao Ping
El tercero de los altos ejecutivos acusados habría facilitado las gestiones de la red criminal presuntamente dirigida por el empresario chino Gao Ping,detenido en 2012 durante la Operación Emperador. El ejecutivo de BPA habría canalizado grandes cantidades de dinero en efectivo a compañías pantalla de China.
El Gobierno andorrano ha nombrado a dos interventores para tomar el control de BPA mientras dura las investigaciones.
El Departamento del Tesoro, que se queja de los “débiles controles contra el lavado de dinero”, ha propuesto ahora dos medidas preventivas: reforzar la vigilanza sobre la entidad y prohibir a los bancos estadounidenses operar transacciones que incluyan a la Banca Privada de Andorra.
