Algo muy grave está pasando en el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar. Uno de los límites que tiene Bogotá con Soacha, en donde hay un importante asentamiento de familias afro, muchas de ellas desplazadas por la violencia, siete muchachos afrocolombianos han sido asesinados en un fin de semana. Las autoridades aún no tienen información sobre los autores materiales o intelectuales de los hechos.
A una hora y media del centro de Bogotá, ese mismo centro en el que se encuentra la sede de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá existe uno de los sitios más olvidados de la capital; el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar.
En estas calles del extremo sur de Bogotá, el mismo día en que una multitudinaria manifestación clamaba por la paz del país, dos jóvenes afro de ese barrio eran acribillados con 11 disparos.
Samir y Andrés estaban saliendo para el centro de la ciudad a comprar una ropa cuando la palabra Niche hizo que voltearan a mirar al tiempo que nueve de esos once impactaban al primero y los otros dos tiros al segundo.
Samir murió en el acto en ese sitio, mientras que Andrés alcanzó a ser asistido en el Cami de Jerusalén y luego en el Hospital del Tunal, donde 14 horas después murió.
Hasta el momento nadie sabe las causas de ese asesinato, pero algo es cierto y es que no ha sido un hecho aislado. Desde ese jueves 9 de abril hasta el pasado domingo 12 de abril han sido asesinados otros 5 muchachos afro y heridos otros dos.
En los círculos de jóvenes de este barrio conformado en su mayoría por familias desplazadas por la violencia que se sufre en el Pacífico colombiano, se habla de una lista en la que habría 40 nombres considerados como futuros muertos.
El desconcierto y el miedo se han apoderado del territorio, los hijos de Antonio* fueron amenazados y el mayor de ellos, de 17 años, fue golpeado con botellas de cerveza y le dispararon en dos ocasiones sin que lograran herirlo. Como consecuencia su padre lo hizo regresar al departamento del Cauca, costeando el viaje y la manutención de este, algo que con su sueldo de vendedor callejero de fruta es un lujo que no se puede permitir. Es tanta la zozobra, que este hombre está pensando en abandonar Bogotá con lo que queda de su familia, aún a costa de pesar más necesidades.
Por su parte Manuel*, padre de uno de los jóvenes asesinados el jueves 9, considera que la situación es bastante grave pero no por eso abandonará el barrio. En ese territorio ha construido la casa que lo alberga junto a su familia y que ha sido el fruto de años de trabajo, primero como vendedor de esmeraldas y, ahora, como contratista del Distrito.
Él alcanzó a enterarse de que existe un rumor sobre la presunta autoría de los hechos; “se habla en el barrio de que podría ser una labor de un grupo de limpieza social que considera que todos los muchachos afro son delincuentes. La orden sería que Hay que darle piso a los negros”.
A pesar de lo que significa vivir en un territorio cercado por la violencia, Manuel es claro en señalar que de tener a los asesinos de su hijo frente a frente, lo primero que haría sería perdonarlos y luego desearles que ojalá nunca sufran, como padres, la pérdida de un hijo de esa manera.
Varias fuentes del barrio el Caracolí y de las organizaciones sociales que ejercen influencia sobre las comunidades allí asentadas coinciden en afirmar que estos muchachos no tenían nada que ver con delincuencia común o microtráfico. En el caso de Samir, él era un bailarín que estaba haciendo diligencias para viajar a Alemania como gestor cultural.
Del otro lado está la hipótesis que señala que este sería un caso de asesinatos selectivos basados en el componente racial. Esta situación no es nueva, es algo que han venido denunciando los diferentes grupos de trabajo de las comunidades afro diseminadas a lo largo y ancho de la capital. Para ello han exigido acciones más contundentes de las autoridades distritales y nacionales, para que no solo protejan sus vidas sino para que sean respetados por las autoridades. Son comunes las denuncias de requisas, malos tratos y solicitud de cédula en la vía pública mediando únicamente el color de piel como criterio en los policiales.
Juan de Dios Mosquera, cabeza visible de la ONG Cimarrón que se encarga de canalizar las exigencias de la comunidad afro, ha sido muy claro en exigirle a la administración distrital mayor claridad y visibilización de este tipo de crímenes ya que en la mayor parte de los casos están motivados por el racismo. Además, la sede de esta organización social es el sitio en el que se está planeando la estrategia a seguir para enfrentar esta situación. Se busca la creación de un Comité de Crisis integrado por instituciones del orden local y nacional para brindar seguridad y asistencia a las comunidades en riesgo. Además, se busca un enfoque diferenciado afrocolombiano en los programas sociales del Distrito. Estas y otras medidas servirían en el mediano plazo para mejorar las condiciones de los afro bogotanos. Sin embargo, detener la masacre que se está desarrollando de manera sorda en ese territorio depende de las autoridades y la fuerza pública.
Así las cosas, por el momento en el barrio Caracolí mientras el país se debate entre apoyar o no el proceso de paz de La Habana, estas familias afro desplazadas por la violencia deben callar, encerrarse en sus casas y optar por desplazar a sus hijos sobrevivientes hacia otras ciudades para salvar sus vidas. Es el inicio de un nuevo ciclo de violencia que los revictimiza y que hasta el momento está impune ya que no se han ofrecido recompensas o ha habido mayor interés de la opinión pública por el drama que se está desarrollando en el Caracolí.
De momento la acción inmediata de los afro bogotanos será un plantón en frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el que pedirán que esta tragedia en ciernes sea detenida y que el racismo deje de ser una de las justificaciones para asesinar al futuro de muchas de estas familias que han escapado de sus tierras debido a una guerra que no deja de perseguirlos.
*Nombres cambiados por seguridad de los entrevistados
