Confidencial Colombia reconstruye tres de los hechos nacionales más importantes ocurridos durante este 2012.
Colombia, cada vez más pequeña
El 19 de noviembre, Colombia perdió ante el tribunal de La Haya una parte de su territorio, que pasó a ser propiedad de Nicaragua. Tras años de litigio y comisiones establecidas por varios gobiernos, la Corte de Justicia Internacional agrandó el espacio marítimo nicaragüense y ratificó la soberanía colombiana de las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En un hecho sin precedentes, un litigio que duró casi 13 años, Colombia perdió parte de su territorio con Nicaragua. Fue el 19 de noviembre, el mismo día en el que comenzaron formalmente los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc.
Mientras en La Habana, ‘Iván Márquez’ prometía un cese unilateral de hostilidades y ataques a la infraestructura, en La Haya la Corte Internacional de Justicia otorgaba 75 mil kilómetros de territorio marítimo al país centroamericano. Una perdida histórica para Colombia y el inicio de varias repercusiones.
“La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente (…) Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar (…) No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”, dijo Juan Manuel Santos apenas se enteró de la decisión.
El mandatario asumió una responsabilidad de gobiernos anteriores, señaló que la Corte “cometió errores muy graves” e incluso dijo que renunciaría a su cargo si esto tranquilizaba a los sanandresanos. De inmediato, el gobierno debió soportar una oleada de críticas de diversos sectores del país, especialmente de los raizales, que vieron cómo el país se preocupaba por ellos solo cuando podía perderlos.
La presión y las circunstancias llevaron a que el 28 de noviembre, Colombia decidiera retirarse del pacto de Bogotá, que permite dar solución pacífica a conflictos entre naciones a través de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. “No nos volverá a pasar lo del 19 de noviembre” afirmó el presidente Santos. El retiro de Colombia de este tratado significó la no aceptación del fallo y generó críticas en la región.
No acatar el fallo implica, según el doctor en Ciencia Política por la Sorbona de París y profesor de la bogotana Universidad Javeriana Fernando Giraldo, no respetar la justicia internacional y con ello quedar sepultado bajo la mira de los demás países, especialmente los vecinos, algunos de los cuales también tienen litigios en la CIJ, como Chile y Perú.
La pérdida del territorio a manos de Nicaragua fue el factor fundamental para que el presidente Santos bajara ostensiblemente en las encuestas y se ubicara como un mandatario con aceptación media en la población. Muy diferente a meses anteriores, cuando el respaldo popular era casi absoluto.
El Presidente termina el 2012 con un nivel de favorabilidad del 53 por ciento, y está lejos de los tiempos de la unidad nacional y de la unidad popular. Su descenso tiene que ver, en gran medida, con el fallo de una Corte Internacional que deja a Colombia cada vez más pequeña.
La apuesta por la paz
El Gobierno de Colombia y las Farc emprendieron este año un histórico y difícil diálogo de paz para intentar acabar con un conflicto armado de casi 50 años, sin un alto el fuego bilateral y con plazo para lograr un acuerdo: noviembre de 2013.
El pasado 26 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio del proceso tras seis meses de conversaciones secretas en Cuba.
El siguiente paso fue constituir la mesa de negociaciones el 18 de octubre en Noruega para después trasladarla a Cuba, donde ya se ha celebrado la primera etapa del diálogo bajo el hermetismo de los negociadores del Gobierno y una gran exposición mediática de la guerrilla colombiana.
El presidente Santos, quien llegó al poder en agosto de 2010 con el aviso de que haría todo lo posible por la paz, preparó el terreno con una Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y un Marco Jurídico para la Paz, piezas clave para sentar las bases de futuros acuerdos con grupos insurgentes.
En este contexto se puso en marcha el tercer diálogo formal entre el Estado colombiano y las Farc en la historia del único conflicto armado activo en América, que acumula millones de muertos y de desplazados forzosos, así como de hectáreas de tierras usurpadas a campesinos, y varias decenas de miles de desaparecidos.
Una apuesta arriesgada que busca, según el propio Santos, no incurrir en los errores del pasado tras los intentos fracasados liderados por los expresidentes Belisario Betancur (1982-1986) y Andrés Pastrana (1998-2002).
La novedad de este diálogo es que las conversaciones se celebran en el exterior, en La Habana concretamente, con Noruega y Cuba como observadores y Venezuela y Chile como garantes del proceso.
Otra diferencia es que no se ha declarado un alto el fuego bilateral. La guerrilla anunció una tregua navideña hasta finales de enero, pero el Gobierno ha dejado claro que mantendrá la presión militar contra la guerrilla.
De hecho, el 1 de diciembre el Ejército bombardeó un campamento rebelde en el convulso departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, en el operativo más contundente desde que comenzó el proceso.
Esos hechos, sumados a la fuerte exposición mediática de la guerrilla en Cuba, que casi a diario ha ofrecido declaraciones a la prensa tras una década oculta en la selva, ha llevado a los colombianos a desconfiar del proceso.
Según una encuesta de Datexco de finales de noviembre, el 64 % de los colombianos está convencido de que no habrá acuerdo, al tiempo que la popularidad de Santos descendió del 60 al 45 % en sólo tres meses.
Pero algunos expertos creen que ésta es la verdadera oportunidad para la paz en Colombia porque la coyuntura es propicia: una mayor debilidad de la guerrilla y el convencimiento del Gobierno de que por la vía militar no concluirá el conflicto, sin obviar que las FARC cuentan aún con más de 8.000 hombres en armas.
“Ninguna de las partes tiene posibilidades de ganar sólo a través de las armas y por ello están fuertemente incentivadas a negociar”, dijo a Efe Silke Pfeiffer, directora en Colombia del centro de investigación de conflictos International Crisis Group.
El congresista Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, fue más allá al declarar a Efe que ésta es “la primera vez” que Colombia se encuentra “ante una posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz con las FARC.
Al término este mes de diciembre del primer ciclo de las negociaciones en La Habana, que se reanudarán el 8 de enero, los representantes del Gobierno y de las FARC anunciaron los primeros avances, al acordar mecanismos para que la sociedad civil participe en el proceso con aportaciones concretas a través de internet y con la convocatoria de un foro organizado por la ONU.
“Hemos avanzado dentro de lo previsto”, dijo el jefe de los negociadores del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, poco antes de que el propio Santos también hiciera un “balance positivo” y diera de plazo hasta noviembre de 2013 para lograr un acuerdo.
Las FARC también llegaron al final de este ciclo con “mucho optimismo y mucha esperanza”, según el número dos de la guerrilla y jefe negociador de los rebeldes, Luciano Marín Arango, alías “Iván Márquez”.
Las partes comenzaron el diálogo en Cuba por el tema crucial: el problema de la tierra, cuyo injusto reparto sitúa a Colombia como uno de los países con mayor desigualdad de América Latina, origen además del nacimiento de las Farc, en 1964.
“Sin resolver este problema no habrá paz”, advirtió el asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Absalón Machado, un experto en desarrollo agrario para quien el conflicto rural colombiano “está fundamentado en la lucha por la tierra de los campesinos contra los terratenientes”.
Los otros temas a discusión son la dejación de las armas por la guerrilla y las garantías para que puedan participar en la política tras un eventual acuerdo, así como garantizar los derechos a las víctimas.
La vergüenza del Congreso
A mitad del año, el legislativo se confabuló con las Cortes y con varios funcionarios del gobierno para tramitar una reforma a la justicia que fue considerada por los expertos como un “atentado contra la constitución”. El fin a las investigaciones de la parapolítica, la manguala entre congresistas, procurador y contralor; la eliminación de varios motivos para pérdida de investidura y una segunda instancia para el fenómeno de la silla vacía fueron los adefesios que casi se convierten en ley.
La apuesta legislativa del gobierno colombiano en el primer semestre del 2012 fue la reforma a la justicia. De hecho, Juan Manuel Santos incluyó en su gabinete a un funcionario encargado de jalonar esta propuesta: nombró como ministro a Juan Carlos Esguerra.
En sus primeros días, Esguerra señaló convencido que esta reforma facilitaba para todos los colombianos que la justicia se haga presente: “para esos colombianos de a pie, o de alpargata, está abriéndose la puerta al acceso a la justicia”. Hasta la plenaria en Cámara de Representantes el ambiente era bueno, pues para el legislativo el marco legal significaba un avance y el primer intento exitoso en 10 años de iniciativas para reformar el aparato judicial.
Durante los ochos debates por los que transcurrió la iniciativa en el Congreso, no sufrió mayores modificaciones, y un documento similar al que fue presentado inicialmente llegó a la conciliación entre Senado y Cámara, y estuvo a punto de convertirse en una ley de la República.
Sin embargo, voces ciudadanas expresadas a través de las redes sociales pusieron el ojo en el articulado y comenzaron a detectar los ‘micos’ que se escondían en el articulado y destapó una de las grandes vergüenzas del legislativo en muchos años. Acuerdos entre congresistas y funcionarios, ponentes que no leyeron los textos y ministros que no revisaron los cambios fueron el fondo de una negociación por lo menos inconveniente.
Cadenas de favores, fin a las investigaciones por parapolítica, reducción de motivos para inhabilidades a congresistas y una segunda instancia para juzgar a políticos por vínculos con grupos al margen de la ley se colaron en el articulado que fue entregado a la secretaría general del Senado para ser publicado.
“Leí ‘por encima’ conciliación de la reforma a la Justicia antes de firmarla”, admitió el representante a la Cámara por el partido liberal Simón Gaviria al pueblo colombiano a través de los medios de comunicación.
“El Gobierno le pidió a la Unidad Nacional votar la conciliación. Reconozco que no leí detalladamente la conciliación antes de firmarla. ¿En qué nos equivocamos? En el afán del día de no revisar artículo por artículo”, señaló Gaviria por esos días a la W Radio. Estas declaraciones fueron el inicio de un duro camino para el parlamentario.
Por orden del Presidente, y luego de pedir la renuncia del ministro Esguerra, el Congreso de la república tuvo que convocar a sesiones extra para tumbar la reforma y reversar el trabajo de más de 6 meses de periodo legislativo.
Con la reforma a la Justicia también se hundió la confianza de los congresistas en el ejecutivo, que muchas veces endilgó responsabilidades solo a los parlamentarios. Puso a tambalear la Unidad Nacional, pues los senadores y representantes entraron en discusión con el gobierno de Juan Manuel Santos.
También generó la primera gran crisis institucional de la administración, que le costó el puesto al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, deslegitimó la credibilidad de las Cortes y enterró esa vieja forma de hacer política, a punta de favores y de espaldas a la sociedad.
