Cuba pone en vigor este lunes la ansiada flexibilización migratoria que elimina restricciones para los viajes de los cubanos al exterior y para las visitas de emigrados, en una de las reformas de mayor calado de las emprendidas por el presidente Raul Castro.

Tras décadas de restrictivos, draconianos y costosos trámites migratorios, a partir de este 14 de enero los cubanos podrán viajar al exterior sólo con su pasaporte en regla y, si es el caso, con el visado correspondiente que exija el país de destino.

Y es que el Gobierno de la isla ha eliminado el durante años criticado «permiso de salida» o «tarjeta blanca» que hasta ahora era necesario obtener de las autoridades cubanas para salir del país, junto a otros documentos como la llamada «carta de invitación», que también se suprime.

Otra de las novedades es la ampliación del tiempo que un cubano puede permanecer en el extranjero que pasa de 11 a 24 meses sin necesidad de prórrogas.

La nueva regulación quiere, además, «normalizar las relaciones de la emigración con su patria» y flexibiliza algunas condiciones para los cubanos que están en el exterior.

Así, los que abandonaron definitivamente el país podrán viajar a la isla y permanecer durante 90 días sin prórrogas, un plazo que se amplía a 180 días si se trata de ciudadanos cubanos que tienen permiso de residencia en el exterior, conocido como «PRE».

La reforma migratoria cubana da también algunos pasos para permitir incluso la «entrada temporal» de emigrados que el Gobierno cubano consideró «ilegales», incluidos médicos y deportistas que desertaron o abandonaron el país en los años noventa.

En concreto, permitirá visitas de quienes se fueron «ilegalmente» de la isla pero después de los acuerdos de La Habana y Estados Unidos de 1994 -cuando Washington se comprometió a conceder al menos 20.000 visas anuales a cubanos- y si hace más de ocho años de su abandono del país.

No obstante, la nueva reforma migratoria mantiene aún limitaciones sobre los movimientos de los cubanos ya que las autoridades pueden denegar la concesión de un pasaporte por razones de «interés público», o de «defensa y seguridad nacional», entre los requisitos que se mencionan para obtener el documento.

Por eso muchos temen, especialmente entre sectores de la disidencia, que ahora el «filtro» para poder salir del país sea la expedición o validación del pasaporte.

Con el objetivo de defenderse del «robo de cerebros» formados por la Revolución, continúan algunas limitaciones para los viajes al extranjero de cuadros directivos, profesionales de la salud o la educación y atletas que sean «vitales» para el país.

Y otro de los problemas que plantea para los cubanos la reforma migratoria es que dobla el precio del pasaporte: antes costaba 55 CUC (moneda fuerte, casi equivalente al dólar) y ahora habrá que pagar 100, en un país donde el salario medio mensual apenas llega a los 20 dólares.

La reforma migratoria cubana proyecta también retos hacia Estados Unidos ante un posible aumento de la emigración cubana hacia su vecino del norte, aunque no parece probable que se produzca un éxodo masivo desde la isla.

El tema migratorio ocupa un lugar destacado en el largo contencioso que mantienen Washington y La Habana desde el triunfo de la revolución castrista en 1959, especialmente por la llamada Ley de Ajuste Cubano, que permite a los cubanos que logran entrar a EEUU obtener allí residencia permanente un año y un día después.

En los últimos días, medios oficiales cubanos han resaltado que esa ley de ajuste «obstaculiza cualquier avance en el proceso de conversaciones para regular la migración de forma ordenada, regular y segura» y tachan esa disposición estadounidense de «paradoja legal y anacronismo».

Aproximadamente, 1,4 millones de cubanos viven en el exterior, la mayoría de ellos (el 85,7 por ciento) en Estados Unidos y la mayor parte radicados en Florida.