Hoy el Consejo de Estado podrá conceder una suma cercana a los diez millones de dólares a la familia del abogado Guillermo Asprilla, ex secretario de gobierno del alcalde Gustavo Petro, a titulo de honorarios, por haber representado al grupo de damnificados del derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, grupo inicialmente, integrado por 1472 personas, que luego el Consejo de Estado convirtió en mas de 60 mil afectados, los que están por recibir indemnizaciones de no mas de cuatro millones de pesos por cabeza.

La historia se remonta al 27 de Septiembre de 1997, día en el que colapsó el relleno sanitario Doña Juana de Bogotá, y se produjo el derrumbe de cerca de 500 mil toneladas de basura, hacho que ocasionó un grave daño ambiental. El rio Tunjuelito se taponó, hubo emisiones descontroladas de gases, se presentaron olores nauseabundos y proliferación de vectores (moscas, roedores). La zona afectada comprendió barrios como Usme, Tunjuelito, y Ciudad Bolívar.

El hecho no solo originó un pleito entre el Distrito Capital y la firma Prosantana, operadora del relleno, sino una Acción de Grupo entablada contra la ciudad 1472 afectados, los que dieron poder a Guillermo Asprilla, abogado litigante en ese momento, reconocido líder actividad en su momento contra el relleno.

Después de pasar por la primera instancia, la acción de grupo llegó al despacho del magistrado Enrique Gil, de la sección tercera del Consejo de Estado. Y el 1 de Noviembre de 2012, a dos años ese tribunal concluyó no solo que el grupo de demandantes no era de 1472, sino que cobijaría a mas de 64 mil personas, y procedió a condenar al distrito a pagar en 10 días la suma de 227.440.400 pesos, suma que deberá repartirse entre los miles de afectados, pero también, con el abogado Asprilla, en este caso sus herederos, dentro los de los cuales está su hijo el Representante a la cámara, inti Asrpilla, a quien el tribunal le concedió el 10% del monto de la multa, es decir 22 mil millones de pesos, cerca de 10 millones de dólares.

La crisis fiscal generada por el fallo fue tan fuerte que el propio alcalde Gustavo Petro se vio obligado a pedir “cacao” frente al Consejo de Estado estrenando un recurso judicial llamada “incidente de impacto fiscal”, recurso que fue creado recientemente. El Alcalde Petro, por intermedio del Procurador General pidió que le autorizaran pagar en dos cuotas anuales, para poner a salvo las finanzas distritales.

Aun así el detalle del monto que le corresponde a los abogados, no fueron cuestionados. Sin embargo, en el seno del tribunal se han oído posturas contrarias al aceptar la interpretación de la ley que le otorgó a los abogados en las acciones de grupo, con el argumento de que la indemnización, no mejorara las condiciones de los afectados, pero si dejará al abogado con los 10 millones de dólares.

A pesar de que la Ley que regula las Acciones de Grupo permite que los apoderados reciban “hasta” un 10% del monto total de la indemnización, la condena de hace dos años del Consejo de Estado no sólo amplió el universo de víctimas, sino que otorgó al abogado el máximo posible del pago. Las voces que no comparten el fallo, consideran que se debe moderar el porcentaje de estos honorarios.

Por esto, para fuentes del Consejo de Estado consultadas por Confidencial Colombia, califican este caso como un verdadero “baloto” judicial que no ayudará de forma definitiva a las víctimas, pero que sí a los abogados que los representan y a su grupo político.