¿A qué puede deberse la debacle del Consejo Superior de la Judicatura? Jesús Pérez González-Rubio responde esta y otras interrogantes sobre un alto tribunal que ha ido perdiendo prestigio de manera paulatina. Opinión.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no puede estar más desprestigiada. Su competencia es la de disciplinar a Jueces, Abogados y Magistrados salvo los de las Altas Cortes. Sus providencias, incluidas las de tutela, en muchos casos dan la impresión de estar cortadas sobre medidas para favorecer ciertos intereses y perjudicar a otros. Ha sido anatematizada con los peores epítetos por algunas notabilidades.
Ciertos integrantes de dicha Sala, sobre todo en los últimos tiempos, en casos que todavía resuenan en la conciencia colectiva, ha cubierto de vergüenza a la institución. Ha mostrado el Congreso una falta de rigor en la selección de los Magistrados, que no es título para pretender ampliar sus facultades en materia de elección de quienes administran justicia, como se pretende con la reforma para que éste acumule más poder en detrimento de la administración de justicia.
¿A qué puede deberse el desastre en que se ha convertido este Tribunal? Pues a que sus miembros son postulados por el Presidente de la República y elegidos por el Congreso. Es decir, a que son operadores de justicia elegidos por los políticos.
Los jueces, para que actúen apegados al Derecho y sin influencias políticas que interfieran sus decisiones, deben ser independientes y para serlo necesitan ser designados mediante algún sistema de mérito como sería un concurso público, abierto y honesto. De suerte que lleguen a esas dignidades los más honestos y los más capaces aunque estén huérfanos de respaldo político. Mejor aún si no lo tienen.
El Gobierno dice que quiere despolitizar la administración de justicia y para ello elimina el filtro que significa la postulación para ciertos cargos de las altas cortes. Pues con las medidas que ha propuesto obtendrá exactamente lo contrario. ¿Será que no se da cuenta, o será que, de lo que se trata realmente, es de incrementar su poder y el del Congreso, es decir, de los políticos, en la elección de los Jueces?
El Procurador será alguien que surja de una negociación política entre el Presidente y sus mayorías en el Congreso, como ha sucedido con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuya capacidad de impartir justicia nadie cree.
Si hoy hay serias sospechas respecto de la juridicidad de ciertas decisiones de la Procuraduría ¿qué será de ello cuando en la nominación del Procurador desaparezca el filtro moral e intelectual que simbolizan las altas cortes del país? ¿Quién va a creer en la imparcialidad disciplinaria de un Procurador que será ficha de la fuerza política dominante en la Presidencia y el Congreso? ¿Qué independencia puede tener para sancionar a los funcionarios del Gobierno o del Congreso, ellos mismos muy importantes políticamente o bien apadrinados por poderosos líderes?
Esa justicia estará condenada como la que ejerce la Sala Jurisdiccional Disciplinaria al desprestigio y al fracaso. Probablemente habrá condescendencia para los amigos del “régimen” y severa aplicación de la ley para los adversarios que logren colarse en alguna instancia de gobierno, en algún nivel de la administración pública nacional, departamental o municipal.
Y el Contralor administra justicia fiscal. Si es aprobada la Reforma, será elegido por el Congreso previa una convocatoria pública. ¿El Congreso escogiendo mediante un concurso de méritos? No, los políticos escogen con base en criterios políticos que favorezcan sus propios intereses. Nadie los puede criticar por hacer política veinticuatro horas al día incluso el día de elección de Magistrados, Contralor y Procurador.
Un proceso meritocrático adelantado por el Congreso debe ser lo más parecido al diablo haciendo hostias. Pues bien, ¿cómo puede haber control fiscal independiente de la actividad política si el Contralor es elegido por los políticos, por la fuerza política dominante en su momento? Ese Contralor estará necesariamente al servicio de los intereses políticos de quienes lo eligen. Adiós control fiscal sobre el Gobierno y sobre los que manejen recursos del Estado si pertenece a la coalición del Gobierno que ha elegido al Contralor.
Ha dicho el Gobierno que hay que despolitizar la administración de justicia. Pues con las medidas que ha propuesto alcanzará el objetivo diametralmente contrario. Como sucederá con las medidas contra las altas cortes dizque para despolitizar la administración de justicia. ¿Y qué decir del Tribunal de Aforados que tendría siete miembros elegidos por el Congreso en pleno? Pues que estará condenado al mismo desprestigio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
No se trata pues de una inocua reforma para que todo siga igual sino para que todo termine siendo peor.
Se cuenta que el presidente Getulio Vargas del Brasil dio alguna vez la siguiente consigna a sus funcionarios: A mis amigos todo, a mis enemigos, la ley. ¿Ese será el código con base en el cual se administrará justicia disciplinaria y fiscal en el futuro, después de que se aprueben estas medidas en mala hora propuestas a consideración del Congreso, que será uno de sus beneficiarios? Se ha abierto paso en el país la conducta éticamente reprobable de legislar en beneficio propio. Más aún de hacer reformas constitucionales en beneficio propio. No me imagino a las grandes democracias cometiendo semejante pecado contra la ética pública.
No es que lo actual sea lo ideal. Es que la Reforma debe ser para que los políticos no nombren a los jueces porque ello puede comprometer sus decisiones judiciales. Porque ello aproxima a los administradores de la justicia a la política y a los políticos, lo que no es una garantía de imparcialidad para nadie.
Septiembre 19 de 2.014.
*Constituyente de 1991
