El anuncio del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el sentido de revisar los indultos y amnistías para la cúpula del M-19, ha causado polémica en el país y rechazo por parte de los ex integrantes de esa desmovilizada guerrilla que ven esta iniciativa como un grave precedente para el proceso de paz con las Farc en Cuba.
Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán de la policía Héctor Talero quien murió durante la toma al Palacio de Justicia, puso en jaque los beneficios jurídicos obtenidos por los guerrilleros del M-19 en 1.990.
Tras varios años de intentar en los tribunales que la justicia determinara que los delitos cometidos durante los cruentos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1.985 no fueran objeto de amnistías ni indultos y que tampoco pudieran prescribir, Talero persistió ante la Fiscalía para que investigara los hechos tal y como lo dispuso en 2.011 el Tribunal Superior de Bogotá.
El Fiscal Montealegre ha tenido que soportar una avalancha de críticas por el anuncio, sin embargo el jefe del organismo de investigación ha dicho que se trata de blindar el proceso de paz con el M-19 ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional asuma directamente el caso en el futuro.
Y que en caso de que el despacho del vice fiscal Jorge Perdomo, quien asumió la indagación determine que existen razones suficientes de acuerdo a los tratados internacionales para abrir una investigación formal será la Corte Suprema de Justicia la que determine si hay lugar a permitir la anulación de cosa juzgada y procesar a la cúpula del M-19 por presuntos delitos de lesa humanidad y delitos atroces.
Aunque algunos ex dirigentes del M-19 como Everth Bustamante, Otti Patiño y Antonio Navarro se han mostrado tranquilos ante esta medida y la han calificado como un “show mediático”, no han ocultado su preocupación por lo que esto podría significar para el actual proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
Y es que la situación pone en entredicho la seguridad de las reglas de juego jurídicas hacia el futuro con los posibles acuerdos a los que lleguen el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y los negociadores de las Farc en Cuba el próximo año.
Los indultados y amnistiados del M-19 se han mostrado dispuestos a acudir ante la Fiscalía si son requeridos pero en calidad de testigos, no como acusados. Y aunque algunos de ellos han estado en el pasado en la cárcel por procesos de rebelión y otros relacionados con su paso por la guerrilla, dicen no temer a la posible nueva acción de la justicia, como en el caso del hoy senador Antonio Navarro.
Lo que si han aclarado es que no entienden como el Fiscal puede argumentar esta nueva “versión” de la investigación basado en anteriores sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares.
Por la retoma del Palacio de Justicia están condenados el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión y el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión.
