Al finalizar una reunión con el jefe de ingenieros del Ejército Nacional, el general Guillermo Suárez Ferreira, la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio dio detalles del convenio interadministrativo a través del cual se construirán 10.000 nuevos cupos de reclusión para personas condenadas que estén en condiciones de mediana y mínima seguridad.
La ministra Ruth Stella Correa indicó la dinámica del convenio: “estamos conociendo la naturaleza de estas construcciones. Se trata de 10.000 nuevos cupos, especialmente en colonias agrícolas, que estarían ubicados en siete puntos del país. Tenemos identificado que algunos de estos cupos de emergencia quedarán en Acacías, Tierralta, Yopal, Medellín y Fusagasugá”.
La jefa de la cartera de Justicia explicó que se trata de terrenos del Inpec en donde hay espacio disponible no solo para la construcción de nuevos cupos si no para fortalecer los programas de resocialización. “Allí los internos cultivan, hay espacio disponible, es como si prolongáramos la construcción de lo existente a través de modelos muy livianos construidos por el Ejército Nacional”
Aunque el plazo fijado es antes de finalizar este año, los nuevos cupos se entregarán de manera progresiva al igual que los traslados antes que finalice 2013.
Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho dejó saber que buscará acelerar la contratación para la readecuación de 7.000 cupos que están inhabilitados en las cárceles existentes por falta de mantenimiento. También se cuenta con que a mediados de este año se entreguen 2.000 nuevos cupos en la cárcel de Guaduas.
Así mismo, la Ministra de Justicia dejó claro el proceso de transparencia y la selección objetiva que se le va a imprimir a estos procesos: “La contratación directa no significa corrupción. La Ley 80 del 93 consagra la contratación directa como un mecanismo más de contratación, donde hay que respetar todos los principios de transparencia y selección objetiva. Además hemos pedido el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.
La jefa de la cartera de justicia explicó también que antes de la emergencia carcelaria, el Congreso de la República, en la aprobación de la Ley de adición presupuestal, destinó 100.000 millones de pesos adicionales al presupuesto con el que hoy cuenta la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
