El presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se había acordado con las FARC, esta tendrá la misión de proteger los acuerdos de paz alcanzados en la Habana – Cuba. Se encargará de proteger la seguridad de los acuerdos, combatiendo a las organizaciones criminales que atenten contra movimientos y líderes sociales.
Aunque en el marco de la primera reunión no fueron entregadas declaraciones al respecto, esta comisión se trata de una instancia encargada de combatir a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, o cualquier movimiento que atente contra movimientos sociales, defensores de derechos humanos o movimientos políticos. Asimismo, combatirá perseguirá “las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
Durante la ceremonia en la Casa de Nariño, se presentaron Camilo González Pozo y Jaime Caicedo del Partido Comunista Colombiano, que son considerados expertos que representarán a las Farc hasta que se concreten como movimiento político.
La Comisión estará presidida directamente por el jefe de Estado, Juan Manuel Santos y contará con los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Defensa, Luís Carlos Villegas; Justicia, Jorge Londoño; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez y el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Así mismo, harán parte del proceso los comandantes de las Fuerzas Militares y dos representantes del nuevo movimiento político que integren los desmovilizados de las Farc.
Las funciones que tendrá asignadas la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad son:
– La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo.
– Formulará y evaluará el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.
– Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.
– Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal.
– Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo.
– Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes.
– Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población Lgbti.
– Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.
– Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos.
– Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.
– Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz.
– Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.
– Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo.
– Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.
– Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.
