Confidencial Colombia conoció una denuncia que advierte sobre irregularidades en la licitación que adelanta la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios -USPEC- para el suministro de alimentos para la población privada de la libertad recluida en los establecimientos de reclusión del orden nacional, en los centros de reclusión militar y/o en las estaciones de policía a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
La licitación de un contrato para el servicio de alimentos en las cárceles, un negocio de más de 400.000 millones de pesos, y que será adjudicada en los próximos días por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, genera dudas razonables en algunos sectores.
Confidencial Colombia conoció una denuncia relacionada con dicho proceso, la misma radica en el cambio que se hizo en el proceso de adjudicación, específicamente, en la reducción del índice de endeudamiento de 70% a 45%, cuando las licitaciones más grandes del país exigen un índice de endeudamiento de hasta el 70%.
Además, advierten sobre la reducción de proponentes que normalmente estaba alrededor de 28 a 30 y el actual proceso sólo cuenta con 19 grupos entre los cuales se distribuirán los 400.000 millones que vale el servicio de alimentación en los centros penitenciaros del país.
Actualmente el INPEC paga $9.700 por ración diaria de cada interno (desayuno, refrigerio líquido, almuerzo y cena). No obstante, advierten que de mantenerse el proceso de licitación tal cual está estructurado, los reclusos tendrían que conformarse con que les den desayuno, almuerzo y cena con menos de $9,000 diarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que para este nuevo proceso sólo le incrementaron al precio diario por ración el IPC, sin tener en cuenta las nuevas condiciones tributarias del país. Además, quien quiera ganar el proceso no podrá aspirar al precio máximo por ración, por el contrario, deberá bajar el precio hasta un 50% para lograr ganarse el contrato.
Actualmente el proceso de licitación se encuentra en desarrollo y desde ya varias entidades como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia le ponen la lupa a este multimillonario contrato.
