Finalmente se tomó la decisión en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con la que se niega el amparo de las tutelas presentadas por algunos ciudadanos que buscaban frenar la destitución del alcalde Gustavo Petro. Con esta decisión los recursos favorables al alcalde se limitan aún más.

Pedro Alonso Sanabria, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, presentó una ponencia que revocaba las 334 tutelas unificadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, que suspendían provisionalmente la sanción disciplinaria en contra del alcalde Gustavo Petro.

En una votación que se postergó dos días, los magistrados de la Sala Disciplinaria acogieron la ponencia de Sanabria que negaba la vulneración de derechos del mandatario. La decisión se basó en cuatro puntos. La votación tuvo un resultado de 6 a 1.

Según el primer punto se niega el carácter absoluto de los derechos a elegir y ser elegido ya que, según la ponencia de Sanabria, estos no pueden interferir en la facultad de disciplinar y sancionar servidores públicos o ciudadanos.

El segundo punto reafirma la facultad que tienen el procurador general para sancionar servidores públicos elegidos por voto popular.

El tercer punto asegura que la atribución del Presidente de la República es la de suspender al alcalde mayor de acuerdo a los casos señalados por la ley.

El cuarto y último punto de la ponencia habla sobre la imposibilidad de que un tercero pueda abogar por el perjuicio irremediable de otro. Esa facultad solo la tiene el directamente afectado.

Con esta decisión lo que se hace es que se anula el fallo tolmado en primera instancia, que acogía las tutelas y se ratifica la sanción de la Procuraduría.

Alrededor de esta decisión mucho se ha dicho y recordado, como las relaciones entre el magistrado Sanabria y David Murcia Guzmán, fundador de la pirámide DMG y preso en Estados Unidos por lavado de activos, a quien le habría recibido 400 millones de pesos cuando fue candidato a la Gobernación de Cundinamarca. Además, el mismo Sanabria expresó un impedimento para decidir en este caso debido a su amistad cercana con el procurador Alejandro Ordóñez, impedimento que no fue aceptado.

Así las cosas, lo único que falta para que Petro tenga que dejar el Palacio de Liévano es la decisión del Consejo de Estado sobre otras tantas tutelas que estaban para su estudio. Sin embargo, una decisión de la CIDH sobre medidas cautelares a favor de Petro es la única carta que el queda al alcalde.