El desalojo del campamento de ambientalistas asentado en el humedal La Conejera, al noroccidente de Bogotá ha vuelto a poner de presente el debate sobre la responsabilidad del Distrito en el proyecto urbanizador que se adelanta en ese punto. Opinión
Los días de olla comunitaria, siembra y defensa del humedal la Conejera al Norte de Bogotá, terminaron este 4 de mayo por orden de la Alcaldesa Local de Suba Marisol Perilla, quien instó a la fuerza pública y entes de espacio público a hacer efectivo el desalojo de un grupo de ambientalistas que desde hace más de 200 días, levantaron un campamento para impedir la entrada de maquinaria al proyecto “Reserva de Fontanar”, el cual pretende construir en áreas del ecosistema equipamientos sociales asociados a 94 Apartamentos.
Pese a que la Alcaldesa Local manifestó que se trató de un “desalojo voluntario”, la comunidad aledaña fue testigo de cómo una retroexcavadora levantó las carpas y “canbuches” de los activistas. “pasaron por encima de la huerta comunitaria y de nuestro dignidad” dice uno de los líderes.
Sin embargo la preocupación de la comunidad frente a la defensa de su humedal no es un asunto trivial. Mucho antes de que Bogotá fuera una gran costra de cemento, un complejo de humedales rebosante de vida tenía lugar a los pies de los cerros orientales. Debido a la acelerada urbanización sobre la Sabana de Bogotá, hoy sólo quedan 16 de estos ecosistemas, en los que aún es posible ver desde tinguas azules, patos canadienses y hasta pequeños mamíferos que son, en esencia, una verdadera muestra de fauna urbana para el Distrito.
Lo saben líderes como Mauricio, un hombre entrado en edad que ha sido protagonista de esta lucha y que según él, no es solo por el humedal, sino por la necesidad de que se respeten las normas ambientales y se prevengan futuros desastres, “Un humedal que se urbaniza, es un barrio que mañana se inunda” expresó en una de las tantas visitas que recibió en el campamento.
Con el desalojo de las personas del campamento quedó en duda el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender las obras en el humedal, decisión que respondía a la demanda de la Personería de Bogotá. Así, “la puerta queda abierta para el ingreso de maquinarias y materiales”, que hasta la fecha se encontraba suspendida por la presencia de “ambientalistas” en el lugar.
Por su lado, la Secretaría Distrital de Ambiente ha prometido hacer seguimiento a la licencia de construcción a través de un tercero: la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la constructora manifiesta que el proyecto ajustará para no tener mayores impactos ambientales.
Lo que no es claro es de quien es la responsabilidad ambiental y urbanística en casos como la Conejera. Con el nexo familiar del Alcaldé Gustavo Petro y un miembro de la empresa constructora, el Distrito ha dejado un gran vacío político que el actual Ministro de Ambiente llenó como Alcalde Ad hoc dando vía libre al proyecto.
Una de las irregularidades en el caso de la Conejera está relacionada con el uso de mapas disímiles. Según los ambientalistas, el 4 % de las obras a desarrollar en el proyecto, compromete áreas del humedal, tomando como base mapas catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Mientras tanto, la empresa constructora “Praga Servicios Inmobiliarios” usa un mapa urbanístico y afirma que las obras no comprometen el ecosistema. Lo cierto es que las medidas frente a los impactos ambientales de una obra de ésta envergadura no son claras en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, y la responsabilidad de las empresas constructoras, en casos como La Conejera, contrarían los ejes del Plan de Desarrollo que hablan de una “Ciudad que se ordena alrededor del agua”.
