El exrepresentante a la Cámara por el Putumayo, Guillermo Rivera, entrará a formar parte de la reestructuración que el presidente Santos realizó para este segundo periodo. El papel que el líder liberal tendrá que asumir será ser la cabeza de una de las dependencias más importantes para el desarrollo del proceso de paz en La Habana y una ramificación clave en el nuevo Ministerio para el Posconclicto: La Consejería para los DD.HH.
Confidencial Colombia habló con Guillermo Rivera sobre esta nueva etapa en su vida política, donde continuará trabajando en temas que en su etapa en el Congreso lo caracterizaron. La Habana, los defensores de Derechos Humanos y la “pedagogía” para la paz serán objetivos claves para fortalecer una etapa clave en la historia del país.
Confidencial Colombia: ¿En qué consiste esta nueva etapa de la Consejería de DD.HH?
Guillermo Rivera: Hoy existe un programa presidencial de Derechos Humanos que estaba siendo coordinado por la Vicepresidencia. Lo que el presidente Santos quiere es elevarle la estatura institucional al programa y convertirlo en una consejería. Eso indica que el Gobierno tiene un interés mayúsculo en la promoción de los Derechos Humanos y sobre todo para hacerlo ahora en el contexto de construir una cultura para la paz.
C.C.: ¿Cuál va ser su rol en medio de una consejería que depende de otra entidad?
G.R.: Básicamente lo que se quiere en la Presidencia de la República es crear unos equipos de trabajo para los tres grandes propósitos que el Presidente anunció en su posesión. El de la educación: se mantienen las consejerías para la primera infancia. La doctora María Lorena Gutiérrez, como ministra consejera, va a jugar un rol muy importante en las relaciones con el sector privado.
También, dentro del eje de la equidad, se mantiene la Consejería de Equidad para la Mujer. Finalmente, en el propósito de la paz, se creó el Ministerio de Defensa para el Posconflicto. Esa cartera tiene tres grandes áreas de trabajo: el tema de la seguridad ciudadana, que es el gran reto luego de superar el conflicto armado; los asuntos relacionados con el propio posconflicto y el tercero; los Derechos Humanos. En este último equipo, la responsabilidad que a mí me atañe es la de continuar, y ojalá mejorar, los programas de Derechos Humanos que ya se están desarrollando en la Presidencia, sobre todo lograr que las políticas de este sector sean transversales, tanto en las entidades nacionales como en las territoriales.
Además tendré que velar porque el modelo de justicia transicional que finalmente se adopte, conserve los compromisos que ha suscrito el Estado colombiano con la comunidad internacional en esta materia; es decir, el modelo de justicia transicional tiene que considerar los estándares de respeto a los Derechos Humanos con los que Colombia se ha comprometido.
C.C.: En ese sentido, ¿Cómo va ser la relación con la mesa de diálogos en La Habana y a lo que se podría llegar con los futuros acuerdos?
G.R.: El reto más importante a desarrollarse en Colombia, como consecuencia de lo que finalmente ocurra en La Habana, es hacer los proyectos de ley que reglamenten el Marco Jurídico para la Paz. Este marco lo que hace finalmente es definir unos principios constitucionales para la justicia transicional. Eso hay que llevarlo a unas leyes. En ese diseño de herramientas (Leyes), hay que asegurase que ese modelo tenga en cuenta estándares que en materia de Derechos Humanos nuestro Estado ha adquirido a nivel mundial. Ahí seguramente voy a jugar un papel importante.
C.C.: ¿Hay algún organigrama establecido de cómo va ser la Consejería de DD.HH?
G.R.: La consejería hará parte del Ministerio para el Posconclicto. Dentro de esa cartera habrá tres grandes tareas: Seguridad ciudadana, creación de las condiciones para el posconflicto y los Derechos Humanos. En esa estructura va a funcionar la consejería.
C.C.: ¿Cómo va ser la relación de este nuevo periodo de Juan Manuel Santos, en relación a este nuevo papel de consejero, con los defensores de Derechos Humanos?
G.R.: El Estado colombiana ha venido haciendo esfuerzos muy importantes en ese materia. En el año 2010, por iniciativa del Gobierno, el Congreso le entregó facultades para una reestructuración. Fruto de esas competencias, el Gobierno Nacional expidió un decreto para definir el sistema nacional de Derechos Humanos, además de la creación de la Unidad Nacional de Protección, con lo que se pretendió centralizar la política de protección a personas que las requieren, entre ellas los defensores de los derechos humanos.
Lo primero que necesita este grupo de personas es protección para desarrollar su labor. También vamos a trabajar en la promoción de la figura de los Derechos Humanos. Antes era una imagen que básicamente lo que cumplía era un papel de denuncia, rol que es muy importante preservarlo, porque en un país que se violan estos derechos siempre es necesario tener una figura que presente las denuncias ante las autoridades. Pero en este contexto de terminación de conflicto armado, se necesita un nuevo perfil para estas personas que sería el de la construcción de una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Yo diría que además de su labor de denunciar, tenemos que promover un rol de pedagogos de su área de trabajo, de tal manera que esta sea una sociedad que viva de manera cotidiana los Derechos Humanos y que no se convierta solamente en un asunto objeto de denuncia en el marco del conflicto armado, sino imagino a unos defensores participando con las juntas de acción comunal, en aquellos espacios en donde haya convocatoria de la comunidad para hacer una verdadera pedagogía. Me parece que la cultura de la paz tiene que ser fundamentalmente una de respeto a los Derechos Humanos.
C.C.: ¿Cómo va ser el manejo que la Consejería de los DD.HH. le va a dar a la grave situación que viene presentando el movimiento político Marcha Patriótica?
G.R.: El Estado tiene la obligación de garantizarles a los actores de la política y de la sociedad civil su protección y la posibilidad de que puedan seguir ejerciendo su labor. Todos los movimiento políticos y sociales deben recibir esas garantías, de tal manera que en lo que a mí concierne estaré muy atento para que las diferentes medidas de protección con las que se cuenta, cubran a todo el espectro de organizaciones políticas y sociales, de tal manera que ninguna tenga que ser el blanco de las intimidaciones o de los atentados contra la vida de sus militantes.
