Con las cartas puestas en la mesa de parte del Procurador y la confirmación de las medidas cautelares de la CIDH a favor del alcalde, el candidato-presidente Juan Manuel Santos está en una encrucijada y tiene, como el mismo Gustavo Petro a dicho en varias ocasiones, la decisión de su futuro político en sus manos.
Otro capítulo se le suma a la historia de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Quizás uno de los últimos se vivió en las últimas horas. Primero el Consejo de Estado decidió dejar en firme la destitución tras rechazar las tutelas presentadas para tratar de frenar la decisión proferida por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Si bien la decisión dejaba casi concluido el tema y confirmaba la sentencia emitida por el Ministerio Público, cerca de terminar el día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- anunció que le otorgaba las medias cautelares a Petro. Este fallo frenó su destitución hasta que no se desarrolle un estudio de fondo sobre la situación del actual alcalde de Bogotá.
Con este panorama, el nombre del candidato-presidente deja de pasar desapercibido para convertirse en directo factor de resolución: deberá decidir, en un lapso de 10 días, si acoge o no la decisión de CIDH.
Debido a este nuevo viraje, a las primeras horas de emitida las medidas cautelares, se confirmó que el procurador General le solicitó una cita para argumentarle el porqué no debería acatar la recomendación de la Comisión.
Con las cartas destapadas, las opiniones siguen aún más divididas. Juristas, constitucionalistas y analistas políticos de distinto corte no logran coincidir en una hoja de ruta a tomar: si desestimar las medias cautelares o poner un precedente en el país y exponer que las instituciones colombianas son las que deciden sobre este tipo de acontecimientos.
Además de esto, el ingrediente de estar en medio de una campaña presidencial jugaría un papel importante. Dentro del entorno de la campaña se podría crear un ‘termómetro’ para percibir qué acción es más favorable: si la de quienes quieren que Petro se vaya de la alcaldía, como su fórmula vicepresidencial lo ha manifestado, o quienes por el contrario consideran que el procurador Ordóñez se extralimitó en sus funciones.
Otra incertidumbre que se apila, es si procedería entonces llevar a cabo el proceso de revocatoria del mandato del alcalde, en el marco del tiempo que se tome Santos para anunciar la decisión. De parte de la Registraduría, están a la espera de la notificación por parte del Consejo de Estado para decidir sobre el proceso de elección de la revocatoria.
Aunque ya han pasado más de dos meses desde que Alejandro Ordóñez leyó el comunicado que informaba de la destitución e inhabilidad por 15 años de Gustavo Petro Urrego, aún no es claro si continuará o dejará el segundo cargo más importante del país.
