Promesas incumplidas, desempleo en aumento, drama de familias expulsadas desde Venezuela, el comercio formal en vías de extinción, la permanencia del contrabando y la inseguridad disparada son algunos de los problemas que hoy enfrenta la ciudad de Cúcuta tras seis meses del cierre unilateral de la frontera por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Fue una medida sorpresiva, inconsulta y de graves consecuencias sociales y humanitarias para Colombia. “He dado instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72 horas” anunció en cadena nacional hace seis meses el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Lo que en un principio se creía iba a ser una nueva cortina de humo temporal por parte del gobierno del vecino país terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para cientos de colombianos que vivían desde tiempo atrás en territorio venezolano. Y antes que dar marcha atrás, luego de las fuertes críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos fundamentales de los expulsados, la medida fue extendida los departamentos de la Guajira y de Arauca; y ya no por unos días, sino indefinidamente causando un efecto devastador para los colombianos que viven del comercio en una frontera dinámica e históricamente interdependiente.
Enrique Leal, quien lleva viviendo más de 15 años en Aguas Calientes, Cúcuta, localidad que queda a 20 minutos del puente internacional Simón Bolívar cuenta que “desde que cerraron la frontera, Cúcuta se echó para atrás porque la gente vivía era de la gasolina y del contrabando de aquí para allá y de allá para acá y se beneficiaban los dos países. Pero en este momento el perjudicado ha sido Cúcuta, porque no hay trabajo, no hay empresa y las empresas que medio le daban trabajo a nosotros los colombianos estaban en Venezuela y de allá nos sacaron a todos. Aquí el trabajo está difícil, no hay; y los que tenemos nos toca cuidarlo porque está difícil”.
En su momento, el mandatario venezolano aseguró que el cierre se daba en respuesta al ataque que sufrieron tres militares venezolanos en San Antonio del Táchira. Esa misma semana dio la orden de desplegar un operativo militar para erradicar lo que llamó “paramilitarismo de la frontera”.
El resultado fue la deportación de más de mil colombianos, según cifras de Naciones Unidas, sin embargo por miedo a ser expulsados por la Guardia Venezolana, el informe revela que cerca de 18 mil colombianos regresaron voluntariamente al país. Las cifras no han variado desde el 21 de septiembre, día en el que se reunieron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.
En Cúcuta la percepción es diferente. Para Enrique Leal “la Guardia Venezolana es la que tiene dañada” al vecino país y asegura que “son ellos los que manejan el narcotráfico, y el presidente Maduro lo sabe”. Sin embargo, la medida adoptada por Venezuela causó daños colaterales que van más allá de la presencia de paramilitares, como lo afirma el mandatario.
El alza en los precios de la canasta familiar y el aumento en los precios de la gasolina agrietó la débil economía del departamento que dependía en su sector fronterizo del cambio de pesos a bolívares y el contrabando de insumos, como la gasolina. De acuerdo con las cifras reveladas por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, la ciudad no logra encontrar el punto de despegue para reactivar su economía tras la medida de Maduro.
Según el DANE, el desempleo en Cúcuta es de un 12,5 por ciento, mientras que la informalidad alcanza el 69,1 por ciento (la más alta del país). Los sectores productivos como el carbonero, uno de los más importantes de la región, se han visto en la obligación de reducir su personal. En enero de este año solo se renovó el contrato a mil 300 empleados dejando sin trabajo a cerca de 2 mil personas.
Las altas cifras de desempleo y de informalidad laboral, el cierre de empresas y la caída de exportaciones son algunos de los principales efectos que deja el cierre de la frontera. A pesar de las ayudas aportadas por el Gobierno, la situación es crítica para los gremios locales. En el caso de Asocambios (Asociación de Profesionales del Cambio de Norte de Santander) reportó que los seis meses de bloqueo conllevaron ya al cierre de 43 casas de cambio, de las 303 avaladas en Cúcuta y su área metropolitana por la Dian. Ese sector también reporta la disminución en un 90 por ciento de la operación cambiaria.
Líderes gremiales y gubernamentales insisten en que se opte por un régimen especial que promueva la creación de empresas con beneficios tributarios, aduaneros y fiscales que garanticen un verdadero cambio del modelo económico.
En una reciente reunión entre la Cámara de Comercio y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, se realizó seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional a los empresarios de la región, y se anunciaron nuevos apoyos a través de Bancoldex e Innpulsa y la banca de las oportunidades, como también soluciones concretas a 128 empresarios colombianos que tenían sus empresas en Ureña y San Antonio, y ante la crisis fronteriza desean instalarse en Cúcuta.
También informó la ministra que en el año 2015, se entregaron apoyos a empresarios de Cúcuta por dos mil millones de pesos a través de Innpulsa, y anunció que para éste año se entregarán 100 mil millones de pesos en créditos para empresarios a través de Bancoldex, mediante de una línea de crédito Con respecto a la reunión que la ministra Correa Alvarez y funcionarios del ministerio a su cargo con representantes de los pimpineros, se informó la aprobación de un aporte del Gobierno Nacional para la ejecución de un programa de reconversión que tendrá un gerente que administrará y coordinará el programa.
Igualmente, para los empresarios es importante que se asegure la inversión del Gobierno en proyectos de impacto, como la vía Cúcuta–Ocaña, para sacar los productos hacia los puertos colombianos en las costa Caribe.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, ha señalado que la medida de exoneración del IVA a ciertos productos, tomada en el marco de la emergencia económica declarada por 90 días, se quedó en “pañitos de agua tibia” frente a la realidad que se vive allí.
“Aquí vemos que cada cierto tiempo se declara la emergencia económica, se toman medidas que son coyunturales, pero continúan estructuralmente los problemas”, dijo Luna.
Al día de hoy en la zona de frontera no hay mayores expectativas frente al levantamiento del bloqueo. Y según los cucuteños “el gobierno se dejó manipular de Venezuela, ellos nos han restringido la entrada. Todo colombiano que entra es paramilitar”, afirma Enrique Leal.
Sin embargo, en días pasados, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma, anunció que le propondrá a Nicolás Maduro implementar medidas para la reapertura gradual en horario diurno.
Para los habitantes de Cúcuta, la situación está cada vez más difícil. La falta de empleo formal, de regulación en los precios de la canasta familiar y la gasolina por parte del gobierno cada vez empeora las condiciones de vida y aseguran que guardan la esperanza de que la situación retorne a la normalidad con la que llevaban décadas conviviendo los dos países.
Y ni que decir de las cerca de 90 familias expulsadas de Venezuela que aún viven en albergues esperando una solución definitiva a su problema.
