La rama judicial vive una crisis por cuenta de las particularidades de la elección de sus magistrados. El exconstituyente Pérez-González Rubio analiza esta situación.
No está comprometida por que se haya eliminado la inviolabilidad de los magistrados en razón de sus autos y sentencias, sino porque el Congreso en pleno elige tanto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como a la Comisión de Aforados (a.7° y 10° del texto aprobado en 6° debate en el Senado), en ambos casos de ternas que envían distintos organismos, previo concurso de méritos, respecto de la primera, y de una simple “convocatoria”, respecto de la segunda.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le debe su fracaso y desprestigio a este sistema de elección de sus magistrados por el Congreso.
La inconveniencia de estas normas, ya aprobadas en sexto debate en el Senado, se desprende claramente de lo dicho por el propio Presidente Santos el 24 de marzo pasado cuando prometió “romper, de una vez por todas el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho”. Y agregó: “Esa es tal vez la mayor falencia”.
Consecuente con lo anterior también prometió en esa misma ocasión “aprovechar la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes que está a consideración del Congreso para asegurarnos de que la política no participe en la selección de magistrados y jueces”.
¡Quién lo creyera! El resultado hasta ahora del debate constitucional es exactamente el opuesto al prometido por el Presidente, que controla las mayorías en el Congreso.
En este punto está comprometida su credibilidad, tanto más cuanto tiene razón en su planteamiento del 24 de marzo.
Y es que este sistema de selección de los magistrados implica que éstos deban el favor de su elección a los políticos, que les toque adelantar una campaña de seducción para conseguir su voto, que tengan que hacer antesalas y reuniones “sociales” que no sólo pueden lastimar su dignidad y su prestigio sino que crea una relación de proximidad entre los políticos que eligen y los magistrados elegidos que puede interferir la administración de justicia, corriéndose el riesgo de que los magistrados terminen haciendo malabarismos jurídicos para complacer a sus electores del Congreso. Y como las mayorías de éste son controladas por el Gobierno, también para, eventualmente, complacer a éste.
Muchos de los mejores y más honestos juristas del país preferirán no proponer sus nombres, a someterse a estos trajines que pueden resultar humillantes, lo que representa una pérdida neta para todos.
Cuando, con base en las palabras del Presidente nos hicimos la ilusión de que se modificaría la elección de la Corte Constitucional por los políticos del Senado, se aprueba en el Congreso con las mayorías presidenciales dos nuevas instituciones de justicia elegidas por los políticos con asiento en el Congreso. ¿Dónde queda la palabra del Presidente?
¿Por qué no aplicarle a la selección de los magistrados de la Corte Constitucional y de las Comisiones mencionadas el mismo sistema previsto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en la modificación propuesta al a.231 de la Carta?
Dios guarde a Colombia de la profundización del “régimen” clientelista que hoy impera, y que dicho sea de paso, es exactamente la antípoda del derecho a la igualdad de oportunidades.
